Denunciaron violencia institucional por parte de la policía, en el marco de una manifestación por corte de energía eléctrica.
En el encuentro de este lunes 25 de octubre, estuvieron
presentes en la Comisión de Derechos Humanos del Concejo, la vicepresidenta,
Jesica Pellegrini y María Luz Ferradas de Ciudad Futura-FSP; Norma López, del
Frente de Todos-PJ y Daniela León, de Unión Cívica Radical/Juntos por el
Cambio.
Al comienzo, Pellegrini presentó a Lucía Ruíz y Jaqueline
Enríquez, vecinas del barrio “La Cariñosa” ubicado en la zona sudoeste de la
ciudad, quienes expusieron sobre recientes hechos de violencia institucional
ocurridos en medio de un reclamo por falta de servicio de luz y agua.
Según trascendió hace algunos días en los medios de
comunicación, “la policía de Santa Fe llegó al lugar e hirió con balas de gomas
a dos personas y detuvo a otras dos por alrededor de cinco horas”.
Sin
luz
Lucía describió que “Todo comenzó el lunes pasado con un
corte energético en avenida Uriburu y Avellaneda que afectó a cerca de 400
familias. La Empresa Provincial de la Energía EPE, nos hizo un puenteo de la
columna nueva a la vieja para que tengamos luz, pero fue sólo para la gente que
vive sobre Avellaneda, nosotros seguimos sin tensión”, explicó la vecina.
Los habitantes del lugar que asistieron a la reunión de
comisión declararon que “en el marco de esa manifestación, vinieron los
periodistas de canal 5 para cubrir lo que estaba ocurriendo, pero cuando se
fueron se provocó la agresión policial”.
Sin
agua
Además, afirmaron que existe en el barrio otra demanda de
igual gravedad y que es la de no contar con suministro de agua potable, por lo
cual reclamaron se provea de inmediato de una cuba para el uso de los vecinos.
Pellegrini, agradeció la participación y comprometió a la
comisión para acompañar el reclamo de los vecinos.
Fue así que luego de la audiencia, las concejalas
integrantes de Derechos Humanos acordaron realizar en un mismo cuerpo
normativo, por un lado, presentar una declaración del Concejo respecto a
condenar toda violencia institucional, y por otra parte, dos decretos con
pedidos ante la EPE y AGUAS para obtener información sobre la situación.