La Cámara Baja avaló la herramienta de Acciones de Incidencia
Colectiva propuesta por el diputado Jorge Henn que busca proteger a los
consumidores en particular y ciudadanos en general de prácticas abusivas por
parte de Empresas o del mismo Estado. El texto pasó a Senadores.
Las acciones colectivas protegen los derechos de grupos de
individuos que comparten igual situación abusiva, aunque sea uno sólo el que la
presenta. Esta herramienta se caracteriza entonces porque la sentencia será
para todo el grupo perjudicado en su conjunto.
“Un claro ejemplo de estos microdaños lo constituye el cobro
extra que hacen algunos bancos por fuera de lo pactado. Obviamente litigar por
$10, $20 o $500 no pactados desincentiva la presentación judicial” explicó el
diputado y agregó: “la idea es que haya un litigante que pueda representar a
todas las personas afectadas para que ya no sea un juicio por $10 o $20 sino
que se multiplique por la cantidad de afectados”.
El ejemplo citado nos ayuda a comprender que las acciones
colectivas “resultan una herramienta jurídica muy útil en casos donde entablar
una demanda judicial de manera individual tendría poco interés o posibilidad de
tramitarse. Las acciones colectivas sirven para defenderse de empresas
abusivas, para proteger bienes colectivos, así como para poner límites al
propio estado”, enfatizó el diputado provincial.
“Sin una regulación como la que se propone no hubieran sido
posibles decisiones judiciales históricas como el derecho a acceder a
tratamientos y medicamentos para personas con VIH, o la obligación de la
limpieza del Riachuelo donde los afectados por la contaminación era una
población dispersa y la posibilidad de influir de manera individual parecía
imposible”, explicó Henn, autor del proyecto.
Cuando hablamos de bienes colectivos, estamos refiriéndonos,
por ejemplo, a los microbasurales, que
afectan al ambiente y la vida social de los barrios más vulnerables. “En este
caso el interés del proyecto es impedir que el bien se dañe y no el de obtener
una indemnización económica o patrimonial del recurso afectado”, señaló el
legislador.
Es importante recordar que las sentencias de acciones
colectivas van a tener efecto contra todos los que integran el colectivo, hayan
o no interpuesto la acción legal y la notificación de la sentencia deberá ser
pública para que todos los afectados, puedan sumarse a la causa, si lo desean.
Entre los beneficios que cita el proyecto, el factor
económico adquiere una especial relevancia, ya que una Ley de Incidencia
Colectiva significa la reducción de costos en el trámite procesal, al iniciarse
un solo juicio en representación de los afectados en lugar de promover juicios
individuales.
También se pone en valor al mecanismo de cooperación e
integración que la herramienta presupone, como ejercicio fundamental para tener
una ciudadanía madura, capaz de mirar más allá de sus propios intereses.
Para Henn “esta ley puede ayudar a poner un freno a los
poderosos, en favor de los más desprotegidos”.
Al momento de defender la importancia de los alcances del
proyecto, el ex vicegobernador manifestó: “Seguimos sin tener una normativa
provincial que permita a cualquier ciudadano accionar judicialmente frente a
hechos que conciernen a los intereses de todo un colectivo y sin dudas esta Ley
es una herramienta que nos está faltando”.
La iniciativa se presentó por primera vez a principios del
2016 y se representó con modificaciones superadoras este año, con el
acompañamiento de los diputados Tejeda, Gutierrez, Ausburguer, Bertero,
Yacuzzi, Busato, Martino, Galdeano, Palo Oliver y Vucasovich.