Los ediles acordaron presentar una manifestación por una
denuncia de integrantes de organizaciones que asisten a personas en situación
de calle.
La Comisión de Derechos Humanos del Concejo, presidida
por Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular, la reunión del martes 2 de
octubre estuvo integrada por Enrique Estévez, del bloque Socialista; Agapito
Blanco y Agustina Bouza, de Cambiemos; Pedro Salinas, de Ciudad Futura; Norma
López, del Frente para la Victoria-PJ; Lisandro Zeno, del Partido Demócrata
Progresista y María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular.
A la reunión que se llevó a cabo en el Anexo II “Alfredo
Palacios”, asistieron integrantes del Colectivo de Organizaciones Sociales que
Asisten a Personas en Situación de Calle, quienes denunciaron irregularidades
en un procedimiento realizado por la Dirección de Control Urbano.
Según afirmó Luciano Viso, miembro de la organización, el
jueves de la semana pasada “personal de Control Urbano confiscó frazadas y
elementos personales de Rubén”, un hombre quien pernocta y vive en la zona de
Santa Fe y Moreno. “Además, cuando fuimos a reclamar sus cosas, el jefe de
turno nos mandó a buscarlas entre los residuos”, planteó. También denunció
“palabras intimidatorias” de parte de la misma persona a la que no identificó.
El planteo derivó en un intercambio de opiniones entre
los concejales. Estévez propuso una reunión con las autoridades de la
Secretaría de Control y Convivencia, iniciativa a la que otros ampliaron la
incorporación de la Secretaría de Desarrollo Social. “Estamos ante un caso
puntual al que hay que identificar a quien tuvo ese comportamiento y actuar en
consecuencia, no se trata de una cuestión sistemática”, defendió el edil
oficialista.
López señaló que se debe rever el Código Municipal de
Faltas y también considerar las normativas cuando existen situaciones de
emergencia social como la actual.
Zeno planteó especialmente la problemática de los
cuidacoches quienes a veces también sufren situaciones similares y propuso que
“se debe reglamentar la actividad porque hay que intervenir, sino seguirán los
problemas”. Y en el mismo sentido consideró “cuando aparecen alguna denuncia
puntual contra un trapito, la gente se la agarra con todos, lo que es injusto,
por eso hay que reglamentar”.
Por su parte, Lepratti consideró que se debía “presentar
sobre tablas una manifestación de preocupación” por el hecho puntual, propuesta
que a pedido de Gigliani se incorporará una resolución sobre la reunión
ampliada con concejales, funcionarios y organizaciones sociales.