Considerando: Que, como expresaron en una declaración las distintas organizaciones representativas de los pequeños productores, agricultura familiar, campesina e indígena de todo el país, al congelar el Monotributo Social Agropecuario y eliminarlo definitivamente, el Ministerio de Agroindustria canceló la posibilidad de que el pequeño productor sea reconocido como un sujeto que invierte, produce y comercializa, y se le quita el derecho a gozar de la Obra Social y la Jubilación.
Que este Monotributo era la única herramienta de regularización del trabajo que el Estado tenía para el sector.
Que paralelamente, la reforma tributaria, el “pacto fiscal” y la flexibilización de la ley contra la extranjerización, favorecieron a los actores más grandes, sociedades que invierten en agricultura y se expanden en los territorios, desplazando definitivamente a los pequeños productores.
Que las medidas económicas y financieras adoptadas el gobierno nacional, vinculadas a la toma de deuda externa, a la devaluación del peso, al pago de exorbitantes tasas de interés que superaron el 50%, al incremento de tarifas y combustibles y a la apertura indiscriminada de importaciones de productos agrícolas y alimentos, impactaron drásticamente en la actividad.
Que en esta crítica situación, que se agrava con el paso de los meses, no existe reacción ni medida alguna del gobierno y las “mesas de competitividad” –que parecían ser la única iniciativa y a las cuales tampoco han sido convocados los productores- , han demostrado no ser eficientes para cambiar la coyuntura ni para adoptar políticas a mediano y largo plazo.
Que mientras el gobierno nacional siguen sin ni dar respuestas, -y muchas familias abandonan la actividad o las tierras que arriendan y trabajan-, los pequeños productores y la sociedad toda continúa asumiendo los costos de que el estado le esté asegurando ganancias extraordinarias al sistema financiero, a los grandes productores y compañías que invierten en el sector.
Que por el contrario, la única respuesta que recibieron fue el recorte y el desmantelamiento de las áreas del Estado dedicadas a llevar adelante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena. La falta de presupuesto para el sector, el desmantelamiento de los equipos territoriales de la Secretaría de Agricultura Familiar y de las barreras sanitarias del SENASA que se cristalizan a través de los despidos masivos en el Ministerio de Agroindustria, también reflejan el desinterés del Gobierno actual en las políticas para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de la población.
La comisión ha creído conveniente producir favorable y en consecuencia propone para su aprobación el siguiente proyecto de: