Este miércoles la agrupación Hijos Rosario
presentó una denuncia contra el ex juez federal Guillermo Ernesto Tschopp,
quien se desempeñara durante la última dictadura cívico militar como titular
del Juzgado Federal de la 2da. Nominación de Rosario, por su “participación en
graves crímenes de lesa humanidad”. El escrito, radicado ante el Ministerio
Público Fiscal de la Nación (MPF), está basado en los testimonios de decenas de
víctimas del terrorismo de Estado.
La denuncia, ingresada este miércoles ante la sede local
de la Unidad Especial de Lesa Humanidad del MPF, releva los casos de al menos
16 víctimas de la dictadura que fueron privadas ilegalmente de la libertad y
torturadas en centros clandestinos de detención que funcionaron en Rosario,
algunas de las cuales fueron además asesinadas y desaparecidas.
En el escrito de Hijos se da cuenta de multiplicidad de
casos en los que Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en centros
clandestinos de detención o cárceles de la dictadura –incluso algunas
embarazadas–, que le manifestaban las torturas a las que eran sometidas para
hacerles firmar declaraciones en su contra, que luego juez no sólo no
investigaba sino que utilizaba para condenarlas.
La denuncia para que se investigue a Tschopp lleva la
firma de Franco Porporato, Nadia Schujman, Natalia Lorena Moyano, Santiago
Bereciartua, Sofía Luján Barro Fosin y Matías Gómez, integrantes del equipo
jurídico de la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia,
contra el Olvido y el Silencio (Hijos) regional Rosario.
En su informe enviado a la prensa –en el cual la
organización de derechos humanos decidió preservar los nombres de las
víctimas–, se destacaron algunos de los casos de los 16 relevados en esta primera
denuncia contra Tschopp. Allí se menciona el de un detenido-desaparecido que
luego de haber sido salvajemente torturado en el SI, “a fines de 1976 es
trasladado y alojado en la cárcel de Coronda”, donde es visitado por el doctor
Tschopp.
“Ante la presencia de este magistrado (el detenido)
denuncia las torturas y los apremios ilegales sufridos en el Servicio de
Informaciones, las condiciones de vida en la cárcel, la ilegalidad del consejo
de guerra al que fue sometido por haberle hecho suscribir declaraciones bajo
apremios, por no haber contado con una defensa, por haber firmado todas las
actuaciones estando tabicado (vendado). Luego del arsenal de denuncias
realizadas por la víctima, el magistrado le contesta: «¿usted cree que lo que
escribieron los militares con la mano yo voy a borrarlo con el codo?»”
“Asimismo (Tschopp) le hizo saber (a la víctima) que las
actas de estas declaraciones serían la base con la que él lo juzgaría. La
condena dictada por el consejo de guerra (realizado por los militares), de 8
años y 7 meses de prisión, fue aumentada por la justicia federal en 10 años de
prisión”, completa el relato la denuncia de Hijos.
Otro de los casos mencionados por Hijos es el de una
embarazada de 8 meses, que estando privada de su libertad en el año 1977
interpuso recurso de amparo, que obra en el Archivo de los Tribunales
Federales, y en cuya primera foja contiene una carta en manuscrita de la mujer
denunciando “las condiciones de detención inhumanas que sufría”. “Dicho recurso
tramitó ante el Juzgado Federal N° 2 de Rosario, a cargo por aquel entonces de
Tschopp, quien a pesar de lo narrado por la detenida no tomó medida alguna para
hacer cesar dichas condiciones ilegales de detención”.
Esa madre, que había estado privada ilegalmente de la
libertad en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario, y que fue
sometida a un parto en la Maternidad Martin en la peor de las condiciones, pudo
relatar “en forma verbal al magistrado el secuestro, las torturas, la detención
de ella y de su marido”, según precisa el escrito de Hijos, en el que se añade:
“A pesar de ello Tschopp nunca inició una investigación en este sentido, ni
dejó, cuánto mínimo, asentadas esas declaraciones”. “No estaba ante la
justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron”, relató la mujer
ante la Justicia, tiempo después.
Tras repasar los 16 casos relevados, Hijos señala que si
bien la omisión de los deberes de funcionario es un “aporte penalmente
reprochable en la medida en que además de su carácter sistemático el magistrado
tenía el deber jurídico de actuar”, Tschopp terminó erigiendo en “una suerte de
garantía de impunidad para los delitos cometidos por los miembros de las
fuerzas de seguridad”.
“Asimismo –destaca la presentación de Hijos–, no puede
soslayarse el silencio acerca de estos hechos que guardó Tschopp aún luego de
retornarse al régimen democrático de gobierno, cuando comenzó a echarse luz
sobre las atrocidades cometidas por la dictadura militar en aquellos años”.