Se
aprobó este miércoles 22 de agosto el dictamen del bloque PJ-Argentina Federal sobre extinción de dominio. Con
el voto afirmativo de 40 senadores y el negativo de 26, el senado aprobó la
iniciativa del bloque PJ-Argentina Federal que introduce la figura del decomiso
en el proceso penal y contempla la "extinción de dominio anticipada",
solo en cuatro ocasiones.
El
Senado llegó a debatir la extinción de dominio con tres dictámenes diferentes.
El impulsado por el Bloque PJ que preside el rionegrino Miguel Pichetto; el del
Frente para la Victoria y el del bloque oficialista de Cambiemos. Tanto en
comisión, como en el recinto, los senadores cuestionaron la media sanción que
llegó de la Cámara de Diputados. Finalmente fueron puestos a consideración dos
iniciativas: la del PJ-Argentina Federal y la de Cambiemos.
En
la defensa del dictamen de mayoría, el senador por Río Negro, Miguel Angel
Pichetto (Bloque PJ) afirmó que
"hoy los jueces federales embargan los bienes preventivamente antes de la
indagatoria, y si no hay bienes inhiben de manera general. Cuando se desarrolla
el proceso de la investigación, incluso antes de la elevación a juicio, se
designan administradores judiciales que tutelan el control de los bienes. Esto
está ocurriendo". Fue crítico con el dictamen que provino de Diputados y
dirigiéndose al oficialismo sostuvo que "mañana van a tener que responder
ustedes, porque todo vuelve, todo circula. Lo que hagas hoy, mañana también lo
vas a pagar. Las normas que regules ahora te las van a aplicar también en el
futuro, en un país destructivo, donde siempre lo que viene es peor".
Destacó
que "en el sistema penal argentino el principio general es que las normas
no son retroactivas. Ninguna relación normativa puede regular cosas del
pasado". Aseguró que es necesario tener una ley justa y "no puede
invertirse la carga de la prueba. Yo estoy de acuerdo con que se devuelvan los
bienes mal habidos". En este punto precisó que el dictamen mayoritario
contempla cuatro situaciones de "extinción anticipada". En casos de
flagrancia; en caso de fuga; en caso de rebeldía y en caso de muerte del
imputado y que no se pueda determinar su culpabilidad. Concluyó afirmando que
"cuando se dicta la condena, se
resuelve la extinción, siempre que los bienes tengan que ver con el
delito".
El
kirchnerismo, en palabras del senador por Neuquén, Marcelo Fuentes, terminó
apoyando el proyecto del PJ al considerarlo "el menos malo". Este
dictamen reivindica la figura del "decomiso anticipado" para que los
imputados en una causa no puedan disponer de los bienes mientras continúa el
proceso. La figura no se aplicaría en el fuero civil sino en el proceso penal.
El
oficialismo, en cambio, se manifestó a favor de que el fuero civil tuviera la
potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal antes de
que haya una condena judicial.
El
senador por Entre Ríos, Pedro Guastavino (Bloque PJ) fue uno de los miembros
informantes, de uno de los tres dictámenes sobre extinción de dominio, que debatió
el Senado. Sostuvo que "nuestros juristas más destacados calificaron al
proyecto que algunos medios siguen pidiendo que aprobemos, como un adefesio y
mamarracho de dudosa constitucionalidad. El senador por Salta, Rodolfo Urtubey
compartió su tiempo de exposición con Guastavino. Manifestó que "esto es
una acción civil. Son los jueces los que tienen que determinar la
interpretación de la naturaleza de la acción civil: si puede o no aplicarse en
un proceso en trámite".
Urtubey
destacó que "los hombres de la política también sabemos que tenemos que
hacer buenas normas y que satisfagan la inquietud de la sociedad".
Reconoció que "hoy estamos abordando este proyecto en un momento donde se
reproduce esta situación de emergencia y quizás no tenemos el tiempo para
darnos cuenta de que no tenemos que caer en la tentación del derecho penal de
emergencia. Estoy convencido de que el proyecto que estamos defendiendo en este
caso permite enfrentar este fenómeno de la delincuencia organizada, en
cualquiera de sus variantes, de una manera eficiente, aplicable, práctica,
clara y que yo creo que también satisface las necesidades de la sociedad".
El
senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federico Pinedo (PRO) marcó sus
diferencias con el dictamen de mayoría impulsado por la bancada del PJ y
concluyó que "el proyecto de mayoría es igual al decomiso" y "no
podemos esperar hasta el fin de la condena hasta la extinción de dominio ya que
el promedio de los procesos de corrupción o de narcotráfico en la Argentina
duran unos 14 años".
Puntualizó
que "lamentablemente, en lugar de estar tratando un proyecto de consenso,
estamos tratando proyectos contradictorios, que se enfrentan. Nosotros no
podemos acompañar el dictamen de la mayoría porque a nuestro criterio establece
un sistema que no funciona para los objetivos que creemos que tiene que tener
este procedimiento"
En
ese punto destacó que "creemos que el proceso tiene que ser rápido, tiene
que ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso, y tiene que
aplicarse a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan
en el futuro". Puesto en el dilema de apoyar el dictamen de la mayoría del
Senado o el que llegó en revisión de la Cámara de Diputados, dijo que "aún
con sus críticas, elegiríamos el que viene de Diputados".
La
senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (FPV), a pesar de impulsar
un proyecto propio, anunció que su bancada votaría en conjunto con el bloque
del PJ presidido por el rionegrino Miguel Angel Pichetto. "Este Senado de
la Nación ha dado muestras de estar a la altura de las circunstancias y
entendemos que es posible que podamos unificar y votar en conjunto con el
proyecto en general propuesto por el bloque PJ-Argentina Federal y en ese
sentido es como vamos a votar en el día de hoy".
Sacnun
criticó la iniciativa remitida por la cámara baja y sostuvo que "avanzar
en el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados es, sin lugar a dudas,
conculcar los principios constitucionales del debido proceso, de las garantías
constitucionales y del principio de inocencia". En ese punto afirmó que
"mediante este proyecto proponemos reformar el artículo 23 del Código
Penal a fin de armonizar las prescripciones normativas relativas al decomiso de
bienes".