Buscan regular el tratamiento de residuos provenientes del uso de aceites vegetales y grasas de frituras
Iniciativa del Diputado Palo Oliver
La norma refiere a aquellos aceites o grasas de origen vegetal o animal que son utilizados para la preparación de alimentos mediante la fritura total o parcial del mismo, los cuales –una vez utilizados- presentan cambios en su composición físico química tornándolos no aptos para el consumo humano.
En este sentido, el proyecto impulsa medidas que buscan mitigar los efectos adversos en el medio ambiente y en la salud humana, evitando la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como la afectación del suelo y el aire.
Con relación al proceso de producción de residuos, se distingue a los grandes generadores de los generadores domésticos, previéndose un régimen particular para cada caso.
Los primeros son aquellas personas humanas o jurídicas (públicas o privadas) que utilizan estos productos para elaboración de comida a escala comercial (restaurants, bares, confiterías, hoteles, comedores industriales y similares). Por su parte, los domésticos son los particulares responsables de este proceso para la preparación de alimentos destinados al consumo particular o familiar.
El proyecto de Ley prohíbe a los generadores de residuos de aceite vegetal usado, verterlo con destino directo o indirecto a colectoras cloacales, conductos pluviales, cursos de agua, el suelo o el aire.
En cuanto al período de tratamiento de dichos residuos, se dispone que éstos serán recolectados y tratados por los denominados operadores de recolección, considerándose tales a las personas humanas o jurídicas, públicas o privada, que utilicen métodos, técnicas, mecanismos, tecnologías, sistemas o procesos que cumplan con lo exigido por el Ministerio de Medio Ambiente para el tratamiento de estos residuos.
En una última etapa, ingresan en el circuito los operadores de residuos para reciclaje, tratamiento y disposición final, quienes son los encargados del tratamiento y la disposición final en condiciones que tornen a los residuos inocuos o disminuyan ostensiblemente el impacto negativo en el medio ambiente.
Al respecto el autor del proyecto recordó que “según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el consumo anual promedio de aceites y grasas por habitante en argentina asciende a 18,8 kg, de los cuales un alto porcentaje es utilizado en frituras. Esto debe ponernos en alerta si tenemos en cuenta que tal como indicara el INTI, los aceites vegetales usados son residuos que representan un grave peligro para la comunidad”.
Su disposición final en conductos no sólo genera una fuerte contaminación, sino que los bloquea e inutiliza para sus fines, convirtiéndose en un inconveniente que pone en riesgo a los ciudadanos.
Finalmente Palo Oliver afirmó: “Debemos hacer un seguimiento, además de las condiciones de disposición final, de aquellas relativas a la utilización residual que se hace de este producto ya que su utilización como combustible sin un tratamiento o como alimento de engorde de animales, representan un serio riesgo para la salud de la población”.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver es autor de un proyecto de Ley que propone la regulación, el control y la gestión de aceites vegetales y grasas de frituras usados (AVUs). Los mencionados objetivos abarcan la generación, manipulación, recolección, tratamiento, transporte y disposición final de dicho producto en el ámbito territorial de la Provincia de Santa Fe.
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| Diputado Provincial Palo Oliver |
La norma refiere a aquellos aceites o grasas de origen vegetal o animal que son utilizados para la preparación de alimentos mediante la fritura total o parcial del mismo, los cuales –una vez utilizados- presentan cambios en su composición físico química tornándolos no aptos para el consumo humano.
En este sentido, el proyecto impulsa medidas que buscan mitigar los efectos adversos en el medio ambiente y en la salud humana, evitando la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como la afectación del suelo y el aire.
Con relación al proceso de producción de residuos, se distingue a los grandes generadores de los generadores domésticos, previéndose un régimen particular para cada caso.
Los primeros son aquellas personas humanas o jurídicas (públicas o privadas) que utilizan estos productos para elaboración de comida a escala comercial (restaurants, bares, confiterías, hoteles, comedores industriales y similares). Por su parte, los domésticos son los particulares responsables de este proceso para la preparación de alimentos destinados al consumo particular o familiar.
El proyecto de Ley prohíbe a los generadores de residuos de aceite vegetal usado, verterlo con destino directo o indirecto a colectoras cloacales, conductos pluviales, cursos de agua, el suelo o el aire.
En cuanto al período de tratamiento de dichos residuos, se dispone que éstos serán recolectados y tratados por los denominados operadores de recolección, considerándose tales a las personas humanas o jurídicas, públicas o privada, que utilicen métodos, técnicas, mecanismos, tecnologías, sistemas o procesos que cumplan con lo exigido por el Ministerio de Medio Ambiente para el tratamiento de estos residuos.
En una última etapa, ingresan en el circuito los operadores de residuos para reciclaje, tratamiento y disposición final, quienes son los encargados del tratamiento y la disposición final en condiciones que tornen a los residuos inocuos o disminuyan ostensiblemente el impacto negativo en el medio ambiente.
Al respecto el autor del proyecto recordó que “según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el consumo anual promedio de aceites y grasas por habitante en argentina asciende a 18,8 kg, de los cuales un alto porcentaje es utilizado en frituras. Esto debe ponernos en alerta si tenemos en cuenta que tal como indicara el INTI, los aceites vegetales usados son residuos que representan un grave peligro para la comunidad”.
Su disposición final en conductos no sólo genera una fuerte contaminación, sino que los bloquea e inutiliza para sus fines, convirtiéndose en un inconveniente que pone en riesgo a los ciudadanos.
Finalmente Palo Oliver afirmó: “Debemos hacer un seguimiento, además de las condiciones de disposición final, de aquellas relativas a la utilización residual que se hace de este producto ya que su utilización como combustible sin un tratamiento o como alimento de engorde de animales, representan un serio riesgo para la salud de la población”.