Asamblea por los Derechos de la niñez y la juventud.
A más de tres años de la Desaparición Forzada seguida de Muerte de Franco Ezequiel Casco, nos encontramos a las puertas de ir a juicio oral, si la Cámara Federal de Apelaciones conformada por los jueces Aníbal Pineda, Jorge Gallino y Fernando Barbará confirma finalmente los procesamientos dictados oportunamente por el juez federal de primera instancia, Carlos Vera Barros.
A más de tres años de la Desaparición Forzada seguida de Muerte de Franco Ezequiel Casco, nos encontramos a las puertas de ir a juicio oral, si la Cámara Federal de Apelaciones conformada por los jueces Aníbal Pineda, Jorge Gallino y Fernando Barbará confirma finalmente los procesamientos dictados oportunamente por el juez federal de primera instancia, Carlos Vera Barros.
Luego de cuatro semanas en las que se celebraron las audiencias
de apelación contra la resolución del Juez Federal Carlos Vera Barros, mediante
la cual procesó a 30 policías (25 pertenecientes a la Seccional 7ª y 5 a la
Unidad Especial de Asuntos Internos) por los delitos de Desaparición Forzada de
Persona seguida de Muerte de Franco Casco, Torturas y Encubrimiento Agravado,
podemos hacer las siguientes consideraciones.
Creemos que más allá del titánico esfuerzo de las defensas de
los/as procesados/as, no han podido revertir las conclusiones a las que llegara
el juez de grado, coincidentes con la hipótesis que hemos sostenido desde un
principio la familia, las organizaciones, las querellas y la fiscalía, esto es,
que Franco fue detenido ilegal y arbitrariamente el día 6 de octubre por la
noche en cercanías a la estación de trenes Rosario Norte, cuando pretendía
regresar a su casa en Florencio Varela. De allí fue trasladado a la seccional
7ª, donde fue sometido durante la madrugada a torturas, vejaciones y maltratos
hasta perder la vida, siendo posteriormente arrojado al río a los fines de
ocultar su muerte.
Como consecuencia de estos hechos, siendo que la mayoría de las
personas privadas de libertad en la comisaría había tomado contacto con Franco,
debieron fraguar un procedimiento para “blanquear” la detención, siendo
notorias y evidentes las “irregularidades” que demuestran que se trató de un
armado para ocultar lo sucedido: las contradicciones del vecino que realizó la
denuncia al mismísimo celular del comisario, la discordancia entre los gps de
los móviles y el supuesto lugar de detención de Franco, las actas sin firma y
con fechas sobrescritas, las constancias de atención de una médica que nunca
pasó por la comisaría, las modificaciones en los datos personales de Franco (en
cuanto fue registrado bajo su apellido materno y con cambios en su número de
DNI), la negativa a brindarle información a la familia cuando se acercó a la
dependencia, son algunas de las más salientes maniobras que intentó el personal
de la seccional 7ª para tapar la muerte de Franco y que fueron confirmadas en
la resolución que procesó a los/as agentes.
A estos primeros ardides se sumaron aquellos tendientes a
desviar la investigación o a encubrir lo sucedido, como la plantación de pistas
falsas que ubicaban a Franco deambulando por distintos lugares de la ciudad de
Rosario o la primera autopsia realizada por el Dr. Félix Rodríguez. Asimismo,
la familia debió enfrentar una tenaz negativa para reconocer la responsabilidad
del personal de la 7ª en la desaparición de Franco por parte del Ministerio
Público de la Acusación, en cabeza del fiscal Guillermo Apanowicz, quien ordenó
las primeras medidas investigativas recién el 24 de octubre, es decir, 16 días
después de que fuera denunciada su desaparición. Paradójicamente, hemos
coincidido querellas y defensas en que el gran ausente de esta investigación es
el Dr. Guillermo Apanowicz, quien sólo se limitó a responder por escrito un
interrogatorio en el que intenta velar su responsabilidad por no haber hecho
absolutamente nada productivo para averiguar lo sucedido con Franco,
contribuyendo denodadamente a evitar que el caso pase a la Justicia Federal.
Durante estas cuatro semanas hemos escuchado cómo las defensas
atacaban a Franco y a su familia, hablaban de teorías conspirativas, denigraban
a las personas privadas de libertad, en definitiva, buscaban infructuosamente
refutar la elocuente y sólida evidencia en contra del personal de la 7ª. Hemos
recorrido absolutamente toda la prueba que compromete seriamente a los/as
agentes de la seccional por haber detenido ilegalmente a Franco, haberlo
sometido a torturas y matado, así como por no haber brindado información sobre
su suerte o paradero, siendo que a nadie en la comisaría podía serle extraño lo
sucedido. Ha quedado evidenciado el pacto de silencio existente entre el
personal de la comisaría.
Desde la querella constituida por el equipo
jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, en
representación de Thiago Casco y Malvina Godoy (hijo y hermana de Franco,
respectivamente) hemos sostenido y solicitado al tribunal que confirme todos
los procesamientos y que revoque las excarcelaciones concedidas por el Juez
Vera Barros, y así esperamos que resuelva para que avancemos pronto hacia el
juicio oral y sea Justicia.