Se nos ha presentado la versión algo atenuada del salvaje proyecto de “reforma” del gobierno destinado a recortar los derechos de los trabajadores, supuestamente fruto del “consenso” entre un gobierno que se jacta de que “aunque se han hecho concesiones, se preserva el espíritu original de la reforma” y una dirigencia sindical que reconoce que las modificaciones son en perjuicio de los trabajadores, aunque se consuela diciendo que el plan inicial era peor.
Es más de lo mismo. Con la excusa de combatir el empleo “en negro” se perdonan aportes a las empresas que decidan registrar a sus empleados, algo que ya fracasó en el pasado. Tener empleados en blanco obliga a tener las cuentas en blanco, y significa compromisos a futuro: respetar el horario y el sueldo de convenio, pagar vacaciones, enfermedad y despidos. Es mejor entonces seguir así, además teniendo en cuenta que se busca eliminar las indemnizaciones que el sistema actual consagra para reparar el daño que se le causa al trabajador que está en negro, y las que apuntan a recargar el despido de los trabajadores que se encuentran en esa situación de precariedad.
Una curiosa manera de combatir el empleo en negro, hacerlo más barato y sin consecuencias. Es como perdonar las multas por exceso de velocidad para fomentar la seguridad en el tránsito.
Esa misma impunidad para con los abusadores se nota en el favor que se le quiere hacer a las grandes empresas que tercerizar sus servicios en contratistas, al eximirlas de toda responsabilidad por servicios de servicios de seguridad, limpieza, montaje, comedor, servicios médicos, informática y transporte de personas, es decir, los casos mas alevosos de abuso, en muchos casos a trabajadores muy humildes.
No terminan ahí las ventajas para estas grandes empresas, porque en los demás casos de tercerización se les garantiza que tampoco tendrán que afrontar ninguna responsabilidad si el contratista cumple con las obligaciones de tener al personal anotado y hacer los aportes, la empresa principal no tiene ninguna obligación. Como estas empresas contratistas no tienen casi nunca solvencia para afrontar despidos (menos si la empresa que las utiliza les rescinde el contrato), en ese caso de perder el empleo, los trabajadores no podrán cobrar sus indemnizaciones.
Se insiste en dejar fuera de la Ley de contrato de trabajo a los trabajadores profesionales o técnicos que son cada vez más numerosos y suelen ser los mas desprotegidos, porque normalmente no tienen ni sindicato que los defienda ni cuentan con convenio colectivo de trabajo.
Ya se anuncia la segunda parte de la zaga, Reforma Laboral II en la que se busca que por convenio colectivo de trabajo se pueda eliminar la indemnización por despido, reemplazándola por un sistema denominado de capitalización. En el mismo la empresa hace un depósito mes a mes para acumular un dinero a cobrar por el trabajador en caso de despido. El sistema permitirá despedir sin costo alguno, con amplia libertad para los patrones para sacarse de encima a cualquier trabajador que no le gusta, sea por su edad, por estar enfermo, o simplemente porque reclamó que le paguen en término. Desaparece la función sancionatoria para el patrón que despide, y el efecto preventivo que tiene el pago de esta indemnización.
En esta nueva versión, el protagonista es rico y tiene ojos claros y repite el mismo discurso que el villano de la versión anterior: así estaremos mejor, primero unos pocos, y alguna vez, si hacen todos los sacrificios que se merecen, los demás.
Lástima que ya sabemos como termina la película, muchos porque ya la vieron, y los que no, porque les contaron el final.
Jorge Elías