El autor de la iniciativa que regula el mercado
inmobiliario en la provincia, el socialista Rubén Galassi, afirmó que distintos
actores se han pronunciado a favor. El diputado estima que en los próximos dos
meses podría tener media sanción.
El diputado socialista Rubén Galassi, autor del proyecto de ley de
alquileres, reveló que hay consenso para que la iniciativa obtenga despacho
favorable en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la provincia
y luego media sanción en el recinto, en el término de 60 días. “Es una ley que
regula y transparenta el mercado inmobiliario, que está a favor de los
inquilinos y no va en contra de las inmobiliarias y los propietarios”, sostuvo
el legislador.
La iniciativa presentada en abril por Galassi, jefe del bloque de diputados
provinciales del Partido Socialista, se encuentra actualmente en la comisión
presidida por la legisladora Patricia Chialvo (PJ). “Ya fueron consultados
distintos actores vinculados con la temática y hay consenso. El proyecto de ley
es diferente en algunas cuestiones importantes al de Buenos Aires, porque
establece por ejemplo un tope a las comisiones del 4 por ciento del valor del
contrato, que para una intermediación creemos es más que suficiente”, reveló
Galassi.
“Las comisiones deben tener un tope razonable y ser abonadas en partes
iguales por el inquilino y el propietario ya que hoy todos los costos recaen
sobre el eslabón más débil, que es el inquilino”, continuó el legislador.
“Cuando el contrato se renueve entre las mismas partes y lo único que se
modifique sea el costo, generalmente por una cuestión inflacionaria, es decir
que se da una renovación automática que no implica ningún trabajo extra del
intermediador, proponemos que la comisión sea del 50 por ciento y también se
pague en partes iguales”, amplió.
Galassi enumeró otros puntos de la propuesta. “Planteamos que el Estado
resigne recursos para abaratar los costos de los alquileres: que no paguen
impuesto de sellos los locatarios de un inmueble con destino a vivienda que
perciban tres jubilaciones o pensiones mínimas y aquellos cuyos ingresos
familiares no superen tres sueldos básicos de empleados de comercio. En un
contrato tipo el impuesto de sellos suele estar entre 1.500 y dos mil pesos,
que siempre se paga cuando se firma el contrato y también lo hace el
inquilino”, apuntó el diputado del PS, y subrayó: “El Estado resigna recursos y
le permite ahorrar al inquilino”.
Se prevé también la creación de un registro de alquileres que funcione en
la órbita de la Secretaría de Estado de Hábitat de la provincia, lo que
permitirá tener un seguimiento de quiénes son inquilinos estructurales, no
personas o familias que alquilan circunstancialmente porque se mudan de ciudad
por ejemplo sino locadores durante años con necesidad de acceder a un techo
propio. “Se podrá así determinar políticas que vayan a la cuestión de fondo,
que es la falta de vivienda”, destacó Galassi. Otra novedad es que se creará
dentro de la Defensoría del Pueblo un organismo específico para la defensa del
inquilino y del hábitat.
Además la ley habilita al Poder Ejecutivo a instrumentar mecanismos para
ofrecer garantías que sean accesibles al inquilino y a su vez al propietario le
garanticen un cuidado de su casa. Por ejemplo, los inmuebles que se presenten
como garantía podrán estar ubicados en cualquier localidad de la provincia, no
necesariamente donde está emplazada la propiedad a alquilar.
“Se trata de una ley razonable, que favorece al eslabón más débil -el
inquilino- pero no va contra las inmobiliarias ni contra los propietarios; que
va a aportar transparencia al mercado y ayudará a abaratar costos de los
alquileres, sobre todo para quienes más lo necesitan”, insistió Galassi.
“Esperamos que obtenga pronto despacho de la Comisión de Vivienda y luego pueda
ser tratada en otras comisiones de la Cámara y en el recinto, para recibir
media sanción en el término de 60 días dado que hay consenso”, concluyó.-