Denuncia de Familiares por torturas y violaciones de derechos en la comunidad terapéutica San Camilo.

Familiares presentan denuncia penal contra la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia por torturas y violaciones de derechos en la comunidad terapéutica San Camilo.

Este miércoles a las 11 Hs. familiares, organizaciones sociales y políticas se concentraran en la puerta de Dirección de Niñez, de cortada Ricardone 1345.

Débora y Claudia son las madres de dos chicos que fueron enviados por la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia a la comunidad Terapéutica San Camilo, de la provincia de Buenos Aires, en el marco de medidas excepcionales. Este lunes 3 de julio, con el acompañamiento de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, ATE Rosario, y la concejala Celeste Lepratti, presentaron una denuncia penal por las aberraciones a las que fueron sometidos sus chicos y los demás jóvenes que están alojados en San Camilo.

“Quiero denunciar a la Dirección Provincial de Niñez de Rosario y a la Fundación San Camilo de la localidad de Pilar ya que mi hijo fue trasladado a la Comunidad Terapéutica nombrada, producto de la intervención de la Dirección. Quiero denunciar a los funcionarios de la Dirección Provincial de Niñez por incumplimiento de los deberes de funcionario Público por el sometimiento a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la Comunidad, en la que mi hijo es sistemáticamente víctima de diversos castigos crueles y degradantes, sobre medicación aislamiento, sujeción física y mecánica, y encierros prolongados”. Así lo detalla la denuncia firmada por ellas mismas.

Claudia fue a visitar a su hijo el pasado 30 de junio. Ahí vio lo que realmente es San Camilo. Por eso decidió retirar a su hijo. En la denuncia presentada habla de las prácticas carcelarias y manicomiales a las que son sometidos los jóvenes en San Camilo. Piden permiso para ir al baño, no tienen agua caliente, con suerte tienen una frazada para pasar la noche y el frío que se vuelve intolerable al no haber calefacción. Cuando hacen algo que molesta a las autoridades, desde algún intento de fuga hasta la más mínima actitud, se aplica castigo. Los atan, golpean y medican.

Etumina, Clonazepam, Haloperidol, Akinetón, Risperidona: antipsicóticos, ansiolíticos que no son suministrados con responsabilidad. Claudia, además, constató que su hijo, así como otros chicos, están sufriendo un brote de sarna que no había sido medicado por las autoridades de San Camilo. Débora, madre de otro chico, que todavía permanece en la institución, contó que a su hijo, como forma de castigo, lo ataron con cordones a una cama, de pies y manos, y lo dejaron en calzoncillos.

Luego lo inmovilizaron entre varias personas y le inyectaron medicamentos. Así estuvo cinco días.

“También quiero denunciar que no me han notificado ninguna medida excepcional por parte de la Dirección de Niñez, y no sé en qué marco legal fue trasladado mi hijo, tampoco sé qué juez intervino”, dice la denuncia en otro aspecto que pone en falta a la Dirección Provincial de Niñez, evidenciando una violación al protocolo inscripto en la ley 12.967 Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Denunciamos que el Estado provincial es responsable de estás violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y la adolescencia. Desde el poder ejecutivo a cargo del gobernador Miguel Lifschitz, hasta la Subsecretaría de Niñez a cargo de Andrea Travaini y la Dirección Provincial de Niñez en Rosario a cargo de Claudia Aguilera. 

Estas autoridades son los responsables de que los pibes hayan llegado a San Camilo, también son responsables de que no se realicen controles de las prácticas a las que son sometidos los chicos una vez internados, y además son responsables de callar, de intentar ocultar y desmentir con débiles excusas lo que venimos denunciando hace tiempo.

Las autoridades dirán que los chicos llegaron a San Camilo con su consentimiento. Nosotros diremos, con conocimiento, que a los chicos les mintieron. 

Le prometieron un lugar donde iban a ser contenidos, donde iban a estar bien. Les prometieron un lugar que en Rosario o en la provincia de Santa Fe, no existe. Quienes dijeron que sí, dijeron que sí bajo la ilusión de algún día sentir que sus derechos son respetados, que son sujetos de derechos y no objeto de represión como lo venían siendo en Rosario con castigos por parte de la policía en la puerta de la Dirección de Niñez, ni tampoco objetos del abandono en hoteles, pensiones y otros lugares que no son más que depósitos de pibes que el Estado no puede, pero tampoco quiere contener.

“Yo pasé tres días y tres noches en IRAR, ahí estaba mejor que en San Camilo”. Eso dice uno de los pibes que salió de San Camilo.

No permitiremos que se naturalice semejante descripción. Los chicos que la Dirección de Niñez envió a San Camilo fueron sistemáticamente torturados y sus derechos fueron continuamente vulnerados. El principal vínculo que mantiene Niñez con San Camilo es económico. Por lo cual estamos en condiciones de decir, mal que pese, que el Estado le paga a San Camilo para que torture y viole los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Pero el Estado paga para que se vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes no solo en San Camilo, sino en toda institución privada. 

Por eso nos oponemos rotundamente a que la respuesta a esta denuncia sea el traslado de los jóvenes a otra institución de similares características. Sabemos que en la Dirección de Niñez les dijeron a estas dos madres que sus hijos serán enviados a otra comunidad fuera de la provincia.

Exigimos que los organismos competentes se hagan cargo con responsabilidad de las distintas problemáticas que sufren nuestros chicos y chicas. Que si se trata de consumo problemático se les ofrezca tratamiento acorde a las leyes actuales, que si no pueden estar en su entorno familiar o sus barrios porque sus vidas corren riesgo, que, tal como lo establece la ley 12.967, articulen los distintos ministerios para garantizar la seguridad e integridad de los jóvenes. Que no sean expulsados de sus barrios, que no sean depositados en instituciones por el hecho de que no existan recursos para garantizar sus derechos. Basta de deshacerse de los pibes y las pibas.

Entendiendo que a esta situación se llega por decisión política, exigimos la renuncia de la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Andrea Travaini, y de la titular de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia en Rosario, Claudia Aguilera. Como así también exigimos una inmediata audiencia con el gobernador Miguel Lifschitz, responsable principal del funcionamiento de estas entidades.

Además invitamos a acompañar y participar de la jornada de movilización que se realizará el próximo miércoles a las 11, en la puerta de la Dirección de Niñez, Cortada Ricardone 1345, junto a otras organizaciones sociales y políticas para seguir denunciando la situación de nuestros pibes y exigir el cese de la desidia, el abandono y las políticas de castigo y encierro a niñas, niños y adolescentes.