Se aprobó una declaración que enuncia: “Solicitamos se reviertan estas medidas para permitir un pleno acceso al derecho a la salud de los jubilados y pensionados beneficiarios de las prestaciones del PAMI”.
El Concejo Municipal de Rosario expresa su preocupación por los recortes de las prestaciones brindadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). “Este ajuste se viene registrando desde el año pasado en cuanto a la cobertura de los medicamentos, como a las autorizaciones de los mismos en casos de enfermedades crónicas como VIH, cáncer, hemofilia y trasplantes que no pueden soportar demoras de este tipo en su tratamiento”, expresaron los y las concejales a través de un proyecto impulsado por Norma López, presidenta del bloque FpV.
En el mismo sentido, agregaron: “Se ha retaceado los insumos para los afiliados diabéticos, debido al recorte en el programa Remediar y los aumentos de precios registrados en las farmacias como consecuencia de la menor intervención estatal”.
El texto de la declaración aprobada este jueves, afirma: “Este cuerpo sostiene que estas medidas del Estado Nacional implican una violación del Principio de Progresividad regulado en el Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual establece que los derechos económicos y sociales, tendrán un desarrollo progresivo y los Estados partes se comprometen a tomar medidas para lograr, progresivamente, la plena efectividad de los derechos”.
Entre las razones por las que se manifestaron preocupados desde el Concejo, entienden que a través de la Disposición Conjunta 0005-17, el PAMI estableció que sólo se les otorgará el subsidio social a aquellos que cobren menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales (8491,7 pesos mensuales), posean un auto menor a los 10 años de antigüedad o sean dueños de más de un inmueble no recibirán más los medicamentos gratuitos.
Pero a partir de 2016, el PAMI restringió el alcance de la cobertura del 100 por ciento en medicamentos, redujo la cobertura máxima gratuita de 10 a 4 remedios y eliminó del listado más de 160 principios activos que estaban entre los más requeridos como los antiartrósicos y aquellos destinados a la prevención del deterioro cognitivo. Asimismo, la cantidad de cajas entregadas que no tenía restricciones fue limitada a dos unidades.
Finalmente explicaron: “Si bien el Instituto contempla la posibilidad de tramitar excepciones, la Fundación Soberanía Sanitaria advierte que “esto representa una barrera para el acceso a la salud que puede llevar a que muchos jubilados y jubiladas tengan que abonar las cajas ‘extras’ al verse en la necesidad de evitar el engorroso trámite por la demora que conlleva”.