La secretaría de derechos humanos de la provincia destacó la sentencia en la denominada causa Guerrieri III.
Este viernes se conoció el fallo
del tribunal oral Federal N° 1 de Rosario que condenó a los diez imputados a la
pena de prisión perpetua por secuestro, tortura y asesinato de 47 personas.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Marcelo
Trucco, destacó la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario que
condenó a diez personas, entre militares retirados y expersonal civil de
Inteligencia, por secuestro, tortura y muerte de 47 personas durante la última
dictadura, en el marco de la causa Guerrieri III.
Durante la lectura de la sentencia, que tuvo lugar este viernes en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de Rosario, el secretario de Derechos Humanos acompañó a los familiares de las víctimas y subrayó la importancia de que “el Tribunal haya entendido que los delitos juzgados hayan sido configurados como crímenes de lesa humanidad”.
“Desde la secretaría acompañamos e insistimos en continuar por el camino de la verdad y la justicia. Este resultado es la construcción colectiva de muchos que hicieron su aporte a lo largo de los años para lograr que se juzgue a estas personas por las atrocidades cometidas”, detalló Trucco.
El funcionario calificó como “una satisfacción haber llegado a un nuevo juicio dentro de un marco constitucional”, como así también el reconocimiento de que “los delitos se cometieron en el marco de un plan sistemático durante la última dictadura”.
“Más allá de las sentencias en esta causa, hay que tener una mirada amplia y compleja de lo que cada uno de estos juicios significa, porque sentar a los responsables del terrorismo de Estado en el banquillo de los acusados sigue y va a seguir siendo un hecho histórico en todo el país”, completó.
LA CAUSA
Comenzó en octubre del año pasado y fueron acusados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio el exagente de Inteligencia Eduardo Costanzo, los ex PCI Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
El resto de los sentenciados son los militares Pascual Guerrieri, Marino Héctor González, Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Juan Amelong, integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario durante los primeros años de la última dictadura.
Los acusados estaban imputados por delitos de lesa humanidad contra 47 víctimas -de las cuales 24 aún permanecen desaparecidas- que pasaron por los centros clandestinos Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Calamita y La Intermedia.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de Rosario estuvo integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría.
ACOMPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA
En la provincia de Santa Fe, en 2009, se pusieron en marcha causas emblemáticas con los juicios a los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En paralelo, el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el Programa de protección y acompañamiento de testigos y querellantes, el Área de investigación, apoyatura y seguimiento de las causas judiciales y la creación de un Registro de expresos políticos.
Con estas acciones, se asume un firme compromiso en la implementación de políticas públicas dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad más democrática, sin exclusiones y con lugar para todos.
Durante la lectura de la sentencia, que tuvo lugar este viernes en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de Rosario, el secretario de Derechos Humanos acompañó a los familiares de las víctimas y subrayó la importancia de que “el Tribunal haya entendido que los delitos juzgados hayan sido configurados como crímenes de lesa humanidad”.
“Desde la secretaría acompañamos e insistimos en continuar por el camino de la verdad y la justicia. Este resultado es la construcción colectiva de muchos que hicieron su aporte a lo largo de los años para lograr que se juzgue a estas personas por las atrocidades cometidas”, detalló Trucco.
El funcionario calificó como “una satisfacción haber llegado a un nuevo juicio dentro de un marco constitucional”, como así también el reconocimiento de que “los delitos se cometieron en el marco de un plan sistemático durante la última dictadura”.
“Más allá de las sentencias en esta causa, hay que tener una mirada amplia y compleja de lo que cada uno de estos juicios significa, porque sentar a los responsables del terrorismo de Estado en el banquillo de los acusados sigue y va a seguir siendo un hecho histórico en todo el país”, completó.
LA CAUSA
Comenzó en octubre del año pasado y fueron acusados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio el exagente de Inteligencia Eduardo Costanzo, los ex PCI Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
El resto de los sentenciados son los militares Pascual Guerrieri, Marino Héctor González, Alberto Pelliza, Jorge Fariña y Juan Amelong, integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario durante los primeros años de la última dictadura.
Los acusados estaban imputados por delitos de lesa humanidad contra 47 víctimas -de las cuales 24 aún permanecen desaparecidas- que pasaron por los centros clandestinos Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Calamita y La Intermedia.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de Rosario estuvo integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría.
ACOMPAÑAMIENTO A LA JUSTICIA
En la provincia de Santa Fe, en 2009, se pusieron en marcha causas emblemáticas con los juicios a los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En paralelo, el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el Programa de protección y acompañamiento de testigos y querellantes, el Área de investigación, apoyatura y seguimiento de las causas judiciales y la creación de un Registro de expresos políticos.
Con estas acciones, se asume un firme compromiso en la implementación de políticas públicas dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad más democrática, sin exclusiones y con lugar para todos.