Norma López y Roberto
Sukerman recordaron que existe una ordenanza de su autoria para controlar y
hacer público un registro de vigiladores privados en los boliches. El municipio
no lo cumple.
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| Archivo: Jorge Díaz |
A raíz de una nueva denuncia de un joven de 21 años víctima de una brutal golpiza por parte de patovicas de un boliche de la zona de La Fluvial, la concejala del FpV Norma López y el abogado Roberto Sukerman remarcaron: “Aún el Ejecutivo no publicó en la web oficial del municipio el Registro de Patovicas. Es una ordenanza de octubre de 2015, el año pasado pedimos su cumplimiento y aún la Municipalidad no hace nada. El Estado y los ciudadanos y ciudadanas deben poder identificar a este personal de seguridad”.
La presidenta del bloque FPV y el Dr. Sukerman
explicaron: "con esta modificación que introdujimos hace ya dos años de la
Ordenanza 8552 establecemos los datos a consignar en el Padrón Único del Personal
que realiza estas tareas, los requisitos, entre los que se encuentran, los
antecedentes penales, educación mínima obligatoria, obtener certificado de
aptitud psicológica estableciendo las obligaciones establecidas en el artículo
9° de la Ley Nacional N° 26.370, en el marco del respeto a los Derechos Humanos
y garantías constitucionales. Proponemos que ese Padrón sea publicado en la
página web de la Municipalidad, para acceso y control ciudadano".
En el mismo sentido, agregaron: "Establecimos que
se debe haber cumplido la capacitación teórico- práctica. El certificado
habilitante se deberá obtener mediante la realización y aprobación de los
cursos establecidos en los artículos 17 a 19 de la Ley Nacional N° 26.370,
según corresponda, y los establecimientos públicos y privados autorizados a
dictar la capacitación profesional deberán contar con la homologación del
Consejo Federal de Educación".
Asimismo, López y Sukerman aseguraron que se establece
que no podrán realizar esta actividad aquellos que hayan sido condenado por
delitos dolosos cometidos en el desempeño de la actividad regulada por la
Ordenanza o condenados con penas privativas de la libertad que superen los tres
años, en el país o en el extranjero.