El diputado provincial Fabián Palo Oliver (UCR-FPCyS)
ingresó un proyecto de declaración por el cual solicita el repudio del cuerpo
legislativo a “las prácticas extorsivas que están llevando a cabo las empresas
Coto, Carrefour, Jumbo y Libertad en la Ciudad de Rosario suspendiendo y
despidiendo a trabajadores”.
En la iniciativa, Palo Oliver solicita “al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia arbitrar los mecanismos legales
pertinentes a los fines de dar solución al conflicto y en caso de no acatar la
conciliación obligatoria dictada, aplicar las sanciones correspondientes”.
Entre los fundamentos y a modo de antecendente, el
legislador comienza remitiéndose al año 1918 cuando Hipólito Yrigoyen en un
proyecto de Ley sobre el descanso dominical decía “respecto de la ley de
descanso, la experiencia está definitivamente hecha. Intachable en sus
propósitos justos de procurar un descanso necesario a obreros y empleados” y
que “a “fines del año 2014 la Legislatura de la Provincia de Santa Fe sancionó
la ley 13.441 de descanso dominical, siendo aplicables a los gobiernos locales
que la ratifiquen a través de sus órganos deliberativos”.
Vale la pena recordar que a esta norma adhirieron
ciudades como Esperanza, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez,
Santo Tomé, Rafaela, Santa Fe, Rosario, entre otros, generando una fuerte
resistencia por parte de algunas de las patronales del rubro supermercadista, a
pesar de que las Cámaras y las Asociaciones Empresariales que nuclean a los
Supermercadistas han manifestado su posición a favor de la Ley.
Palo Oliver también mencionó que “esta normativa
recibió el apoyo de diversos sectores como la Iglesia, la Universidad Nacional
de Rosario, gremios que agrupan a trabajadores de la Industria de la Carne, de
Dragado y Balizamiento, de Empleados de la Legislatura Santafesina, Municipales
y Bancarios entre otros, demostrando el amplio consenso.
Esta situación es la que generó actitudes de tipo
extorsivas con amenazas públicas de suspender y/o despedir trabajadores, como
también dio lugar a planteos judiciales de inconstitucionalidad con el
fin de 'boicotear' la ley o por lo menos hacerla inaplicable”.
Por último Palo Oliver expresó su deseo de que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia arbitre los mecanismos
correspondientes para que se dé final al conflicto y que, en caso de
corresponder, aplique las sanciones respectivas ante un eventual no acatamiento
de la conciliación obligatoria.