Fiscales Generales de todo el país piden que los delitos de drogas sean juzgados por la Justicia de las provincias
Fiscales y procuradores de todo el país
realizaron un “pedido urgente” para que los delitos de microtráfico de drogas
(o “narcomenudeo”) pasen al ámbito de la Justicia de las provincias de forma
desfederalizada y destacaron el modelo de Salta, donde se obtuvieron resultados
exitosos.
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| Senador Provincial Lisandro Enrico |
Esto traza similitud con la iniciativa del senador Lisandro
Enrico que volvió a presentar este año un proyecto en la Legislatura para
atacar los “kioscos de drogas” en Santa Fe, donde jueces y fiscales
santafesinos intervengan ante estos casos asumiendo causas que hoy son
exclusivas del fuero federal.
Las conclusiones se realizaron durante el
“Primer Congreso de Narcocriminalidad” el pasado 22 de abril en Buenos Aires,
donde los Consejos Federales que agrupan a todos los Fiscales Generales y
Procuradores Generales de las provincias, consideraron que es indispensable
pronunciarse sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto
de los delitos relacionados con las drogas.
El presidente del Consejo de
Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República
Argentina, doctor Mario Bongianino; y el presidente del Consejo Federal de Política
Criminal de Argentina, Pablo López Viñals, elaboraron un escrito donde
entienden que la solución de este problema demanda una reacción urgente, con
una férrea y estable política de Estado.
Los presentes manifestaron la necesidad
urgente de que las justicias provinciales apliquen la desfederalización de
drogas en sus jurisdicciones, debido que se trata de una herramienta de gran
valor en el combate de la venta de drogas a baja escala, tal como se hace en
Salta desde enero de 2014 y que sólo imitaron Buenos Aires, Córdoba, Chaco y
Formosa. Además coincidieron en que la intervención de los organismos
judiciales de las provincias, permitirá una eficaz política de persecución
penal, que se traducirá en una similar presión en todo el territorio nacional
contra este fenómeno criminal.
“La actual
gestión judicial de los delitos de tráfico de drogas en el ámbito federal
conduce a la impunidad del llamado narcomenudeo o microtráfico”, señalaron y
llamaron a apoyarse en la “fortaleza” de los Ministerios Públicos de las
provincias, que están mejor equipados científicamente al contar con
laboratorios regionales de alta complejidad.
Los fiscales y procuradores
instaron a aplicar en todo el país ese modelo y destacaron que “las provincias que desfederalizaron exhiben
importantes logros en condenas de los vendedores de drogas sin concentrarse en
la persecución de consumidores, que son convocados al proceso como testigos y
no imputados”.
En este sentido afirmaron que “consideramos que es posible que la justicia
provincial y la justicia federal ejecuten actividades coordinadas y efectivas,
como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos, donde se
adoptaron modelos de intervención conjunta más flexibles que el vigente en
nuestro ámbito, que pueden ser considerados para revisar el modelo de
desfederalización argentino.”, apuntaron.
En ese sentido, llamaron a “las autoridades competentes que provean el
aporte económico que la ley establece de manera expresa” a fin de
garantizar el desarrollo de este sistema, y por ende los resultados que del
mismo se esperan.
La iniciativa de Enrico
La propuesta presentada por el senador
radical Lisandro Enrico el mes pasado, busca entre otras cosas, dotar de
mayores fiscales al sistema judicial santafesino para intervenir ante casos de
venta de drogas.
El legislador detalló que Santa Fe, una provincia con una
población aproximada de 3 millones 300 mil habitantes en sus 361 localidades,
cuenta con tan solo 7 jueces y 6 fiscales federales que investigan todas las
causas de droga en la provincia, mientras que el sistema provincial tiene 112
fiscales y 42 jueces que podrían asumir competencias de venta de drogas que se
dan en sus propias jurisdicciones.
“A la venta de
droga como delito hay que enfrentarla con todas las herramientas posibles.
Santa Fe no puede despreciar cerca de 200 jueces y fiscales que pueden ayudar a
desbaratar la venta de droga multiplicada en todo el territorio tan solo por no
asumir una competencia legal que hoy resulta imprescindible.
Por eso la ley que
presenté postula la posibilidad que desde Rufino hasta Las Toscas haya fiscales
y jueces que puedan investigar todos los kioscos de venta de droga que hoy
crecen sin límite. La distancia y el tiempo en estos casos juegan a favor de
los autores de estos delitos y en contra de la sociedad santafesina”, resumió el senador
provincial Lisandro Enrico.