La
Concejal del bloque del Partido Progreso Social, Lorena Giménez Belegni,
manifestó su rechazo rotundo al traslado del costo del servicio público de
pasajeros al precio del boleto. Sostuvo que un aumento de la magnitud
evidenciada por el estudio de costos ingresado al Concejo por la Secretaría de
Trasporte y Movilidad significaría en la economía diaria del trabajador un perjuicio económico muy difícil de afrontar;
y, que debido al contexto de incertidumbre con respecto a las políticas
económicas que se están implementando, el transporte se ha constituído en un derecho y
el Estado debe dejar de recargarle los costos al usuario.
La
edila considera que en el contexto social y económico actual los ciudadanos no
tienen garantizados sus derechos básicos y que ninguno de los tres niveles del
Estado, Nacional, Provincial y Municipal pueden estar ausentes de la inequidad
que genera la presencia de estas políticas. Por esta razón, es que en contextos
como este, servicios tan fundamentales como el transporte público se
constituyen en derechos, como en el caso de
los barrios y sectores vulnerables donde el acceso a la salud pública y
a las demás cuestiones que hacen a su calidad de vida están, cada vez más,
fuera del alcance de sus habitantes. Es imprescindible la presencia del Estado
en una política que repiense el aumento del boleto, porque este no puede ser
trasladado siempre al usuario.
Giménez
Belegni se opuso el año pasado a una ordenanza, finalmente aprobada, que
dispuso la actualización, dos veces al año,
del precio del boleto. Ayer el Ejecutivo ingreso un nuevo estudio de
costos que estaría arrojando el precio de un boleto que no se corresponde a la
calidad del servicio que se está prestando, ya que el mismo presenta numerosas
falencias relacionadas al incumplimiento de la frecuencia en los horarios de
los servicios, al estado de deterioro de los coches, a la falta de aire
acondicionado en todas las unidades y a la ausencia casi absoluta de líneas de
colectivo en horarios nocturnos en toda la ciudad. Antes de obligar al usuario
a pagar un boleto más caro, el Ejecutivo debería, al menos, asegurar un
transporte público eficaz.