“Es un mamarracho
jurídico que quiebra la universalidad de los trabajadores”, dijo Rosúa
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| Concejal Martín Rosúa |
El
Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario fue escenario de un debate entre
autoridades de la institución, letrados y legisladores respecto a la ordenanza
de cierre dominical, aprobada en 2015 por la Legislatura Provincial y
homologada por el Concejo Municipal en el mes de marzo con la introducción de
modificaciones.
“El
cierre dominical quiebra la universalidad de los trabajadores. Genera un doble
estándar respecto a aquellos que tienen derecho al descanso y a quienes no”,
remarcó el edil Martín Rosúa, titular de la Comisión de Producción y Empleo,
quien formó parte del debate junto al presidente del Colegio de Abogados, Dr.
Iván Racciati y los ediles Horacio Ghirardi y Alejandro Rosselló.
Asimismo,
el concejal del Bloque UCR 1983 se explayó sobre la necesidad de la creación de
una Ley Nacional que regule el descanso dominical de manera optativa para los
trabajadores. “El empleo durante los días domingos debe ser doblemente
remunerado y el Estado tiene la obligación de ejercer un fuerte control”, se
explayó sobre los alcances de las actuales normativas.
En
cuanto al quiebre de la universalidad de la Ley, explicó: “"Se sancionó
una ordenanza que indica que el cajero de un supermercado tiene derecho a
descansar los domingos, mientras que el empleado de un local de ropa deberá
trabajar. Está claro que lo que se regula no es el derecho al descanso, que
lógicamente apoyamos, sino el cierre de algunos rubros, en el que, más que
velar por los trabajadores, se pretende que seamos árbitros de una disputa
entre sectores empresariales”, apuntó.
“Es
un auténtico mamarracho jurídico que una ley provincial prohíba el trabajo
dominical, algo que está expresamente admitido y regulado en la legislación
nacional. No debemos perder de vista que los supermercados hoy en día abren los
domingos pero, de acuerdo a la ley laboral vigente, tienen la obligación de
abonar una remuneración extra, que representa en promedio el 32% de los
ingresos del empleado”, sostuvo.
Vale
remarcar que tanto Rosúa como Rosselló votaron en contra de la sanción de la
ordenanza, siendo los Bloques que representan (UCR 1983 y Unión Pro Federal
respectivamente) los únicos en rechazar la normativa, que regirá en la ciudad a
partir del mes de julio.