“Nos preocupa la ambigüedad de las declaraciones de funcionarios del gobierno de Santa Fe sobre la adhesión al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”
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| Imagen: Jorge Díaz - Asociación Cronistas Parlamentarios |
Los
concejales Norma López(FpV), Eduardo Toniolli (PJ), Fernanda Gigliani (IP),
Marina Magnani (UyO), Lorena Giménez (PPS), Carlos Cossia (Peronismo
Solidario), Caren Tepp, Pedro Salinas, Juan Monteverde (Ciudad Futura) y
Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) le exigen al gobernador de Santa Fe,
Miguel Lifschitz que“se abstenga de realizar o instrumentar cualquier tipo de
normativa, protocolo u orden que implique la criminalización de la protesta
social a través de la restricción de los derechos de reunión, protesta,
manifestación, de petición ante las autoridades, así como de cualquier otro
derecho consagrado en la Constitución Nacional y en Pactos Internacionales de
Derechos Humanos”.
“Nos
preocupa la ambigüedad de las declaraciones de funcionarios del gobierno de
Santa Fe sobre la adhesión al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de
Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” por parte del Ministerio de
Seguridad de la Nación, presentado en el Consejo de Seguridad Interior del día
17 de febrero en San Carlos de Bariloche, herramienta que promueve la represión
desde un marco legal, a trabajadores y ciudadanos que legítimamente ejercen sus
derechos a la protesta, la libertad de expresión y de pensamiento. Esta es una
de las cartas más duras y antidemocráticas de la gestión del presidente Maurcio
Macri, que deja a las claras la falta de capacidad de diálogo, convivencia y el
modus operandi autoritario sobre los argentinos”.
El
ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, adhirió en representación de la
provincia de Santa Fe, y como paso imprescindible para hacer efectiva este
acuerdo con la provincia, el gobernador Lifschitz tendría que elaborar un
protocolo que respete el nacional. “Exigimos que no lo haga en nombre de los
vecinos de la ciudad de Rosario”.
Los
ediles también agregaron: “Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de
asociación son la piedra angular de toda democracia y es un deber del Estado su
defensa y protección. El derecho a la protesta social es una conjugación que se
desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a reunión, ambos
reconocidos en una serie de tratados internacionales de derechos humanos, tanto
del sistema universal como interamericano de protección de los derechos
humanos”.
En
tanto, sostuvieron: “La nueva normativa representa un cambio regresivo del paradigma
en materia de regulación de la protesta social e implica un grave retroceso
institucional y político en materia de Derechos Humanos y garantías
constitucionales que afectan gravemente el principio de no regresividad de los
DD.HH., vulnerando derechos consagrados constitucionalmente y en Pactos
Internacionales”. Pero además, explicaron: “Este protocolo configura un
retroceso en políticas democráticas y en la plena vigencia del Estado de
Derecho, restringe gravemente los derechos a la vida, a la integridad física,
el derecho de protesta, de libre expresión, de peticionar a las autoridades, la
libertad de prensa y la labor periodística”.
El
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se expresó: “Uno de los aspectos
más graves de la resolución es que no prohíbe de manera explícita que los
policías que intervienen en las manifestaciones utilicen armas de fuego, ni
tampoco que usen balas de goma para dispersar. Estas omisiones deshacen una
medida fundamental que se había tomado luego de los peores episodios de
represión en democracia, en los que las fuerzas de seguridad causaron decenas
de muertos”.
También
diversas instituciones gremiales y sindicales se han manifestado en contra del
nuevo Protocolo en tanto criminalizar el reclamo social constituye un adoctrinamiento
y un cercenamiento de derechos constitucionalmente protegidos. El reclamo
social y el movimiento sindical y gremial fueron motores en la historia
argentina para la consecución de beneficios laborales y el impedimento de
retrocesos en cuanto a lo conseguido.
Por
último, los legisladores locales señalaron que el “Acuerdo para una Política de
Seguridad Democrática” fue firmado en el mes de diciembre de 2009 por una vasta
alianza multisectorial y multipartidaria que objeta las respuestas autoritarias
a los temas de seguridad ofrecidas por distintos gobiernos a lo largo de los
últimos quince años y propone algunos criterios básicos para la acción
democrática del Estado frente a los problemas del delito y la inseguridad.
La
suscripción del nuevo Protocolo de actuación significa un retroceso y
contraposición frente al Acuerdo para la Seguridad Democrática al que el
gobierno de Santa Fe se ha mostrado orgulloso de pertenecer y respetar.
Norma
López – Frente para la Victoria-PJ
Eduardo
Toniolli – Partido Justicialista
Fernanda
Gigliani – Iniciativa Popular
Marina
Magnani – Unidos y Organizados -FpV
Lorena
Giménez Belegni -Partido del Progreso Social
Carlos
Cossia – Peronismo Solidario
Caren
Tepp – Pedro Salinas - Juan Monteverde - Ciudad Futura
Celeste
Lepratti – Frente Social y Popular