El
proyecto perderá estado parlamentario si no se trata este año.
Grupos de entidades ambientalistas remarcaron su importancia para, entre otras cosas, evitar nuevas
inundaciones.
Más
de 100 organizaciones de todo el país reclamaron a los diputados que aprueben
la Ley de Presupuestos Mínimos de Conservación, Gestión y Uso Sustentable y
Racional de los Humedales que cuenta con media sanción unánime del Senado y se
encuentra demorada hace más de un año en la Comisión de Recursos Naturales y
Ambiente Humano de la Cámara baja.
El
proyecto de ley, que establece a protección a nivel nacional de estos
ecosistemas vitales, perderá estado parlamentario de no tratarse antes de fin
de año.
Mediante
una misiva enviada al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal
Fernández -de quien depende la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación-, y a la jefa del bloque del Frente para la Victoria en Diputados,
Juliana Di Tullio, organizaciones sociales, ambientales, de investigación,
comunitarias y productivas solicitaron que el oficialismo destrabe el
tratamiento del proyecto en la comisión presidida por la diputada por La Rioja
Griselda Herrera.
“Considerando
las recientes inundaciones en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, se puso
en evidencia nuevamente la necesidad urgente de una ley que proteja a los
humedales, promoviendo un inventariado y un ordenamiento ambientales para todas
las regiones del país”, sostuvieron las organizaciones.
Y
agregaron: “Si bien las inundaciones han dejado de ser mencionadas en los
medios masivos de comunicación, lo cierto es que las causas de la trágica
situación vivida –tanto como las consecuencias - no han desaparecido, dado que
los humedales de nuestro país siguen sin protección específica”.
En
un comunicado, el nutrido grupo de entidades explicó que “contando con la Ley
de Humedales, será posible que tanto la autoridad nacional ambiental (la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación de la Jefatura de
Gabinete de la Nación) como las autoridades ambientales de cada jurisdicción,
lleven adelante acciones de manejo y uso sustentable de los humedales en el
marco de sus competencias”.
“De
este modo, se podrán evitar situaciones extremas de inundaciones a futuro
-protegiendo el interés común de los argentinos, por ejemplo al promover un uso
del suelo ordenado para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que
actualmente se encuentran sin control- y, a su vez, se resguardará la fuente
inigualable de agua dulce que representan estos ecosistemas -los cuales en
nuestro país alcanzan más del 20% del territorio nacional- tanto para fines de
conservación como de producción sustentable en todo el país”, sostienen las
organizaciones en su solicitud.
El
proyecto de ley ha sido apoyado por el CoFEMA (Consejo Federal de Medio
Ambiente) investigadores de las Universidades Nacionales de Buenos Aires (UBA)
y San Martín (UNSAM), y cuanta con el respaldo de los bloques de diferentes
fuerzas políticas dentro del Parlamento.
La
Argentina cuenta con una importante parte de su territorio ocupada por
humedales, incluyendo ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas,
pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras
estuariales y marinas, entre otros. En la actualidad, se evidencia un aumento
en la degradación y la pérdida de estos ecosistemas.
Los
humedales proveen a la sociedad diversos bienes y servicios fundamentales como,
entre otros, la retención de excedentes de agua que causarían inundaciones y la
provisión de agua para el consumo y para la producción y, por lo tanto, resulta
de interés común su protección tanto como la planificación en el uso del
territorio que incluya este tipo de ecosistemas.
Entre
las organizaciones que plantean este reclamo figuarn Greenpeace Argentina, la
Fundación Vida Silvestre, la Fundación Humedales, la Asociación por los
Derechos Civiles, la Fundación Directorio Legislativo y el Servicio de Paz y
Justicia (SERPAJ).
También
la CTA Autónoma, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación
Biodiversidad, la Fundación Proteger, la Fundación Hábitat y Desarrollo y
distintas asambleas.