El Estado actuó como querellante
"Hacían una gestoría
vip para que los solicitantes no tuvieran que acercarse a los más de 100
centros de atención que tiene el registro en todo el país para iniciar el
trámite”, explicó Julián Massolo, director del registro de Reincidencia. Los
condenaron a penas entre 2 y 3 años de prisión en suspenso e inhabilitaciones
por el doble de tiempo.
Tres ex empleados del
Registro Nacional de Reincidencia fueron condenados por insertar datos
falsos en certificados de antecedentes penales con el fin de burlar los
mecanismos de seguridad que tiene el organismo. En la causa quedó demostrado
que uno de los involucrados inició 687 trámites con sus huellas dactilares, en
lugar de las de los solicitantes. Los otros dos involucrados, eran técnicos del
área de Dactiloscopia que las hacían figurar como válidas. Los imputados fueron
condenados por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, en
concurso ideal con “falsedad ideológica de documento público”.
“De esos casi setecientos
trámites solo dos tendrían que haber salido con antecedentes, simplemente lo
que hacían estos empleados era una gestoría vip para que los solicitantes no
tuvieran que acercarse a los más de 100 centros de atención que tiene el
registro en todo el país para iniciar el trámite”, explicó a Infojus
Noticias Julián Massolo, director del organismo.
La investigación comenzó
cuando uno de los supervisores advirtió que un agente del área de Atención,
A.M. “estaba poniendo sus dedos en el escáner en el que se inician los trámites
y, cuando lo consultó al respecto, le respondió con evasivas”. Las autoridades
del organismo advirtieron que ese empleado contaba con la colaboración de otros
dos del área de dactiloscopia, que “hicieron pasar” los casi setecientos
trámites que A.M. inició con sus huellas, ya que el proceso previo a la emisión
del certificado cuenta con la intervención de diversos departamentos y prevé un
protocolo específico de actuación.
“En la totalidad de estas
solicitudes las huellas insertas pertenecían a A.M.”, apuntaron los jueces
Adriana Palliotti, Oscar Hergott y Daniel Obligado en el fallo, y advirtieron
que los otros dos imputados “conocían esta circunstancia” y “no solo omitieron
comunicarla, sino que, además, continuaron tramitando las solicitudes”.
“Lo que hicieron fue que los
jefes de firma estuvieran emitiendo certificados de antecedentes penales
ideológicamente falsos, por no haber sido emitidos con las huellas dactilares
que correspondían y, en dos casos, por haber sacado certificados sin
antecedentes penales cuando correspondía que las tuvieran”, dijo Massolo.
La operatoria fue reconocida
por los propios imputados. Ante la consistencia de las pruebas aportadas por el
organismo que actuó como querellante, los tres implicados reconocieron el
delito. “Esta confesión lisa y llana de los sucesos”, apuntaron en la sentencia
los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, permitió a las
partes llegar a un acuerdo para fijar las condenas en un juicio abreviado,
según los términos fijados en el Código Procesal Penal.
El empleado de atención al
público fue condenado a tres años de prisión en suspenso, e inhabilitación
absoluta por el doble tiempo de la codena y a pagar una multa de 1.500 pesos.
Mientras que los técnicos de dactiloscopia –involucrados en menos hechos–
recibieron condenas de dos años y ocho meses y de dos años, inhabilitaciones
por el doble tiempo que las penas y, multas de 1000 y 750 pesos,
respectivamente.
“No se violentó la seguridad
del registro, lo que se violentó es la confianza”, dijo Massolo y explicó que
justamente fueron los protocolos de actuación los que permitieron a los
operadores judiciales reconstruir la maniobra y desarmarla. “Se trata de una
causa compleja, que implica cuestiones y procesos registrales que es necesario
analizar con conocimiento de causa, y para ello fue relevante la participación
del Estado como querellante, para aportar a la investigación”. Es así que
cuando se inició esta investigación, el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Julio Alak, instruyo por resolución que el ministerio se
constituya como querellante y tuvo un rol activo en la investigación, donde
declararon los jefes de las áreas involucradas, se incorporaron tres informes
sobre los protocoles de actuación, y el total de casos trabajados por los
involucrados en el lapso de tiempo investigado.