Senadora preocupada por
denuncia de trabajadores en la Televisión Pública
Trabajadores de la
Televisión Pública denunciaron censura, persecución política, hostigamiento y
acoso laboral a periodistas. Para Norma Morandini, “las instituciones del
Estado deben reaccionar frente a estas prácticas que restringen la libertad de
expresión, el insumo de la prensa en las sociedad democráticas”.
La senadora Norma Morandini
presentó un proyecto de declaración de fin de manifestar profunda preocupación
por las denuncias que efectuaron trabajadores de la Televisión Pública por
“persecución política, hostigamiento y acoso laboral a periodistas; censura y
restricción a la libertad de expresión mediante el silenciamiento sistemático
de voces de la política, del ámbito sindical o de los movimientos sociales a
los que se considera opositores; y manipulación de contenidos de parte de la
Gerencia de Noticias del canal”.
En el mismo sentido, solicitó a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual que convoque con urgencia tanto a los trabajadores como a las autoridades del canal a fin de esclarecer el alcance de las prácticas y las medidas atentatorias contra la libertad de expresión denunciadas.
Frente a la gravedad de la denuncia y en virtud del mandato que la ley les confiere, también debieran intervenir la AFSCA y el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
Sostuvo Morandini que la propia señal de televisión del Estado Nacional estaría violando la Ley de Servicios de la Comunicación Audiovisual, que claramente dicta entre sus objetivos “la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional".
A través de un comunicado, Morandini señaló que “alarma que los medios públicos, donde cada vez se debate menos y se descalifica más, sean utilizados para hacer la propaganda del oficialismo de turno, sin advertir que cuando se habla de libertad de expresión se habla de Derechos Humanos, los que no admiten interpretación. A no ser que, en realidad, no se crea en la democracia y se utilicen sus instrumentos para atentar contra ella”.
El día miércoles los trabajadores de prensa de la TV Pública emitieron un comunicado donde anunciaban el inicio de un plan de lucha denunciando persecución sindical y censura en el canal estatal. Medios de comunicación opositores se hicieron eco de esto con el objetivo de atacar al gobierno nacional, a su vez, desde los medios estatales y oficialistas se buscó desmentir esta información.
Los trabajadores y su reclamo poca importancia tuvieron en ambas coberturas. El comunicado emitido el miércoles sostiene que dan inicio a un plan de lucha para “repudiar y denunciar una serie de graves situaciones que se están viviendo tanto dentro del Noticiero como en otros ámbitos del canal estatal”.
La denuncia principal apunta a los gerentes del canal Carlos Figueroa y Víctor Taricco a quienes acusan de perseguir a los trabajadores y sus dirigentes gremiales así como también distorsionar contenidos para “ponerlos al servicio de fines político-partidarios, en un abierto desconocimiento y violación del marco establecido por la Ley de Medios a la que deberían subordinarse y respetar”.
Particularmente a Taricco los trabajadores lo acusan de hostigar y acosar laboralmente de “varias compañeras”. Además se lo señala como el responsable de difundir información personal de sus empleados con el objetivo de “desprestigiar públicamente a los trabajadores y a sus representantes”.
Esto fue repudiado como una actitud “deleznable e inadmisible, de la que”, aseguran “hay sobradas pruebas documentales”. Para que no queden dudas lo comparan con “un buchón policial o un oscuro agente de inteligencia” antes que con “un funcionario público que debe responder por sus acciones y mantener una línea ética en la relación con el personal a su cargo”.
El comunicado denuncia que por su accionar colectivo y sindical a ciertos trabajadores se los relega de algunas coberturas, se los deja sin tareas o les impiden cambios de horarios laborales previamente acordados.
Todo esto fue poco difundido tanto por medios oficialistas como opositores. Lo que si cobró relevancia fue la parte de la denuncia que plantea que desde el arribo de esta gerencia se ha dado un “silenciamiento sistemático de voces de la política, del ámbito sindical o de los movimientos sociales a los que consideran ‘opositores’ simplemente por no coincidir con los lineamientos del gobierno”.
Allí se afirma que incluso se han excluido figuras afines al gobierno pero con posiciones críticas respecto a algunos temas como los legisladores porteños Pablo Ferreyra y Gabriela Cerrutti. O que se han dado órdenes de “no cubrir, o de cubrir y editar de manera sesgada y parcial, notas de gran repercusión e interés público, en base al supuesto de que estas ‘perjudican’ al gobierno nacional”. Los trabajadores mencionan las protestas sindicales en Lear, Gestamp y Donnelley, notas vinculadas a la comunidad Qom, o una protesta reclamando mejoras en planes sociales en Chaco que terminó en represión.
Pero no sólo se restringen las denuncias al canal estatal sino que agregan que “el directorio de Radio y Televisión encabezado por Tristán Bauer despidió a 50 músicos que integran la Orquesta de la RTA. Músicos a los que durante 9 años se mantuvo ‘oficialmente’ en negro”.
Por estos motivos anunciaron el inicio de un plan de lucha para “hacer públicas estas situaciones, reclamar el cese del hostigamiento contra los trabajadores de la Televisión Pública así como el fin de la manipulación política de los contenidos del Noticiero que en su condición de servicio público tiene la obligación de ser manifiestamente pluralista y democrático”.
En el mismo sentido, solicitó a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual que convoque con urgencia tanto a los trabajadores como a las autoridades del canal a fin de esclarecer el alcance de las prácticas y las medidas atentatorias contra la libertad de expresión denunciadas.
Frente a la gravedad de la denuncia y en virtud del mandato que la ley les confiere, también debieran intervenir la AFSCA y el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
Sostuvo Morandini que la propia señal de televisión del Estado Nacional estaría violando la Ley de Servicios de la Comunicación Audiovisual, que claramente dicta entre sus objetivos “la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obligaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional".
A través de un comunicado, Morandini señaló que “alarma que los medios públicos, donde cada vez se debate menos y se descalifica más, sean utilizados para hacer la propaganda del oficialismo de turno, sin advertir que cuando se habla de libertad de expresión se habla de Derechos Humanos, los que no admiten interpretación. A no ser que, en realidad, no se crea en la democracia y se utilicen sus instrumentos para atentar contra ella”.
Reclamo de los trabajadores de la TV Pública
Esta semana varios medios denunciaron censura en el noticiero de la TV Pública y desde los medios afines al gobierno se respondió desmintiendolo. Sin embargo, en ambos casos tuvo poco o nulo lugar la voz de los trabajadores del canal quienes difundieron las denuncias.El día miércoles los trabajadores de prensa de la TV Pública emitieron un comunicado donde anunciaban el inicio de un plan de lucha denunciando persecución sindical y censura en el canal estatal. Medios de comunicación opositores se hicieron eco de esto con el objetivo de atacar al gobierno nacional, a su vez, desde los medios estatales y oficialistas se buscó desmentir esta información.
Los trabajadores y su reclamo poca importancia tuvieron en ambas coberturas. El comunicado emitido el miércoles sostiene que dan inicio a un plan de lucha para “repudiar y denunciar una serie de graves situaciones que se están viviendo tanto dentro del Noticiero como en otros ámbitos del canal estatal”.
La denuncia principal apunta a los gerentes del canal Carlos Figueroa y Víctor Taricco a quienes acusan de perseguir a los trabajadores y sus dirigentes gremiales así como también distorsionar contenidos para “ponerlos al servicio de fines político-partidarios, en un abierto desconocimiento y violación del marco establecido por la Ley de Medios a la que deberían subordinarse y respetar”.
Particularmente a Taricco los trabajadores lo acusan de hostigar y acosar laboralmente de “varias compañeras”. Además se lo señala como el responsable de difundir información personal de sus empleados con el objetivo de “desprestigiar públicamente a los trabajadores y a sus representantes”.
Esto fue repudiado como una actitud “deleznable e inadmisible, de la que”, aseguran “hay sobradas pruebas documentales”. Para que no queden dudas lo comparan con “un buchón policial o un oscuro agente de inteligencia” antes que con “un funcionario público que debe responder por sus acciones y mantener una línea ética en la relación con el personal a su cargo”.
El comunicado denuncia que por su accionar colectivo y sindical a ciertos trabajadores se los relega de algunas coberturas, se los deja sin tareas o les impiden cambios de horarios laborales previamente acordados.
Todo esto fue poco difundido tanto por medios oficialistas como opositores. Lo que si cobró relevancia fue la parte de la denuncia que plantea que desde el arribo de esta gerencia se ha dado un “silenciamiento sistemático de voces de la política, del ámbito sindical o de los movimientos sociales a los que consideran ‘opositores’ simplemente por no coincidir con los lineamientos del gobierno”.
Allí se afirma que incluso se han excluido figuras afines al gobierno pero con posiciones críticas respecto a algunos temas como los legisladores porteños Pablo Ferreyra y Gabriela Cerrutti. O que se han dado órdenes de “no cubrir, o de cubrir y editar de manera sesgada y parcial, notas de gran repercusión e interés público, en base al supuesto de que estas ‘perjudican’ al gobierno nacional”. Los trabajadores mencionan las protestas sindicales en Lear, Gestamp y Donnelley, notas vinculadas a la comunidad Qom, o una protesta reclamando mejoras en planes sociales en Chaco que terminó en represión.
Pero no sólo se restringen las denuncias al canal estatal sino que agregan que “el directorio de Radio y Televisión encabezado por Tristán Bauer despidió a 50 músicos que integran la Orquesta de la RTA. Músicos a los que durante 9 años se mantuvo ‘oficialmente’ en negro”.
Por estos motivos anunciaron el inicio de un plan de lucha para “hacer públicas estas situaciones, reclamar el cese del hostigamiento contra los trabajadores de la Televisión Pública así como el fin de la manipulación política de los contenidos del Noticiero que en su condición de servicio público tiene la obligación de ser manifiestamente pluralista y democrático”.