La iniciativa apunta
a que el municipio coordine junto a privados contribuciones en las
instituciones barriales. Podrán obtener este beneficio más de 300 clubes.
“Queremos estimular la inversión para que los niños y familias puedan disfrutar
de sus instalaciones”, dijo Martínez.
La concejala por Unión PRO
Federal, Anita Martínez, presentó un proyecto de ordenanza con el que busca
facilitar la coordinación entre el sector privado y los clubes de barrio para
que, a través de padrinazgos, las empresas financien las obras y mejoras que
los clubes necesitan, previa presentación ante y aprobación en la Secretaría de
Promoción Social de la ciudad.
El proyecto también lleva la
firma del edil PRO, Alejandro Rossello.
“No es novedad la acción
social que llevan a cabo las instituciones barriales que funcionan no solamente
como lugar de reunión y de esparcimiento sino también como ámbito de contención
para los jóvenes, colaborando a evitar que permanezcan en la calle”, apuntó
Martínez.
“Todas estas
instituciones cobran sus respectivas cuotas, se manejan a pulmón y con gran
sacrificio por parte de sus autoridades. No resulta sencillo mantenerlas a
flote y mucho menos realizar las obras que el natural desgaste de los
materiales o el crecimiento de la cantidad de asociados exigen constantemente”,
continuó.
Para Martínez, la estructura
del padrinazgo incluye una donación de la persona física o jurídica interesada
(sin reciprocidad de ningún tipo por parte del club) y el título de “Padrino”
de la institución.
El depósito se hará en una
cuenta que el Banco Municipal habilitará especialmente, que será gratuita y que
no tendrá cargo al momento de las extracciones.
En consonancia con esto,
Martínez opinó sobre el rol que debe tener el Estado en situaciones como
ésta.
“El trabajo correcto del
Estado en este caso es el de funcionar como conector y como garantía de
confianza. Conector porque junta a las partes, al club que necesita financiarse
y a la institución privada que tiene la voluntad de apoyar a alguna institución
de la sociedad civil y no tiene orientación de hacia dónde dirigirse; y cómo
garantía de confianza porque al recibir los proyectos de las obras y
fiscalizarlos, la empresa que quiere apadrinar tiene la certeza de que su
aporte va a quién lo necesita y se va a destinar al trabajo para el cual estuvo
pensado”, señaló la edila.
En los detalles del proyecto
se puntualiza que la Secretaría de Promoción Social, como autoridad de
aplicación no sólo deberá recibir y analizar los proyectos sino controlar su
correcto cumplimiento. “Eso, para nosotros, es un Estado eficiente. Un Estado
que usa su información y su capacidad para conectar a los privados entre sí y
producir una mejora en el bienestar de la población”, detalló.
Las instituciones barriales
que podrán beneficiarse de este Régimen de Promoción son todas aquellas que
tengan su domicilio legal y su sede dentro de la ciudad. Son más de 300, no
pueden contar entre sus actividades el desempeño de deporte profesional y deben
tener personería jurídica vigente aprobada dos años antes de la presentación
del trámite.