Molina: “El consumo adictivo es un problema que se debe abordar desde la salud y no como una cuestión penal”
La mayoría de las causas que se abren en los juzgados son por tenencia para consumo
"Una ley para que vaya preso el que vende, no el que consume"
"Una ley para que vaya preso el que vende, no el que consume"
El titular de la Sedronar, Juan
Carlos Molina, dijo que trabaja en un proyecto para modificar la Ley de
Drogas, en relación a la tenencia y al tráfico de sustancias ilícitas.
Se basa en los fallos de la Corte Suprema que despenalizan el consumo en
el ámbito personal. "Tienen que ir los dealers presos" dijo. Hay que
reedireccionar los recursos explicó el funcionario.
"No queremos plantear la despenalización, sino que el que consume en el
ámbito personal no vaya preso", dijo Juan Carlos Molina, titular de la
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Y contó que desde el Organismo
se trabaja para presentar que modifique los artículos referidos a la
tenencia y al tráfico en la Ley de Droga. "Se trata de poner en la
legalidad lo que ya es un hecho", señaló Molina. Y explicó que "a partir
de un fallo de la Corte Suprema el consumo en el ámbito personal no es
punible, por eso es poner en la legalidad eso y no criminalizar a los
consumidores".
El funcionario detalló que el proyecto plantea "la modificación del artículo 5", ya que considera que "hay que penalizar la comercialización, y que los dealers tienen que ir presos".
Las detenciones por parte de la Policía y la posterior liberación generan un costo de 1200 millones de pesos al año, según datos de la Sedronar. “Los mecanismos institucionales -policía, fiscalía, juzgado- funcionan sin coordinación ni objetivos comunes. Ese dinero podría dedicarse a investigar al narcotráfico”, dijo Molina.
Molina explicó que una política inclusiva significaría redireccionar los recursos hacia un enfoque de salud, es decir que aquellos que tengan un consumo problemático de drogas, puedan tener asistencia. “El consumo adictivo es un problema que se debe abordar desde la salud y no como una cuestión penal”, dijo en declaraciones a Radio Del Plata.
En el mismo sentido se pronunció el diputado del Frente para la Victoria, Horacio Pietragalla, quien confirmó a Infojus Noticias que trabaja en los proyectos a los que se refirió Molina.
La publicidad del alcohol y los medicamentos
Molina anunció también que este proyecto de modificación de la ley será "acompañado por otros dos proyectos: uno para la regulación de la publicidad de alcohol y otro para la regulación de publicidad de medicamentos". En este sentido apuntó que "el mayor consumo es el del alcohol. Según las estadísticas de los centros toxicológicos, el 70 por ciento de los que ingresan lo hacen por problemas con el alcohol" Y agregó que "es importante la regulación de la publicidad tanto del alcohol como de los medicamentos, que es un mundo mágico donde todo se soluciona de una pastilla a la otra en un minuto". También destacó que el alcohol no puede ser sponsor de ningún club de fútbol, “que tengo a todos los presidente de los clubes atrás mío –comentó- ni tampoco pueden ser sponsor de eventos culturales”.
Prevenir con inclusión
Como parte de las políticas inclusivas para asistir a las personas con problemas relacionadas con las drogas, en la ciudad de Granadero Baigorria, desde la semana pasada funciona la primera Casa Educativa Terapéutica (CET), destinada para el tratamiento de distintas adicciones. La Sedronar inauguró este espacio que ofrece deporte, cultura, recreación y un equipo terapéutico para todos aquellos que sufran las problemáticas de las adicciones. El CET forma parte del programa nacional Recuperar Inclusión, a través del cual habrá dispositivos similares en todo el país. Hay 48 convenios firmados, por un monto de 800 millones de pesos.
Respecto al consumo, desde la fiscalía federal penal de Federico Delgado explicaron a esta agencia que el consumo siempre se extingue por inconstitucionalidad o por otros diversos motivos. “Perseguir un consumidor es un círculo absurdo, desde lo fáctico. En general, la mayoría de los consumidores, son enfermos y necesitan asistencia médica”, aseguraron.
Según un informe de la fiscalía a cargo de Delgado, durante el mes de junio, los barrios de Barracas, San Cristóbal y Parque Patricios son las zonas de la Ciudad de Buenos Aires con mayor cantidad de detenidos por tenencia de drogas para consumo personal.
Según un informe de 2012 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en todas las jurisdicciones judiciales del país –exceptuando la provincia de Buenos Aires- hubo 9414 causas por tenencia de consumo personal. Lo que equivaldría a un 38 por ciento del total de las causas relacionadas con las drogas. La provincia que efectuó mayor cantidad de detenciones fue Mendoza, con el 60% de las causas, seguido por Córdoba con el 52%.
“Un año después del fallo Arriola, los juzgados, en mayor o menor medida incorporaron el fallo Arriola. Lo que no cambió fueron las prácticas policiales, aunque después los juzgados cerraban las causas”, le dijo a esta agencia Alejandro Corda de la Fundación Intercambios. Un informe de la ONG, que cruzó datos entre 2008 y 2010, señaló que el presupuesto en perseguir usuarios de drogas equivaldría a duplicar los fondos en prevención y asistencia.
El funcionario detalló que el proyecto plantea "la modificación del artículo 5", ya que considera que "hay que penalizar la comercialización, y que los dealers tienen que ir presos".
Las detenciones por parte de la Policía y la posterior liberación generan un costo de 1200 millones de pesos al año, según datos de la Sedronar. “Los mecanismos institucionales -policía, fiscalía, juzgado- funcionan sin coordinación ni objetivos comunes. Ese dinero podría dedicarse a investigar al narcotráfico”, dijo Molina.
Molina explicó que una política inclusiva significaría redireccionar los recursos hacia un enfoque de salud, es decir que aquellos que tengan un consumo problemático de drogas, puedan tener asistencia. “El consumo adictivo es un problema que se debe abordar desde la salud y no como una cuestión penal”, dijo en declaraciones a Radio Del Plata.
En el mismo sentido se pronunció el diputado del Frente para la Victoria, Horacio Pietragalla, quien confirmó a Infojus Noticias que trabaja en los proyectos a los que se refirió Molina.
La publicidad del alcohol y los medicamentos
Molina anunció también que este proyecto de modificación de la ley será "acompañado por otros dos proyectos: uno para la regulación de la publicidad de alcohol y otro para la regulación de publicidad de medicamentos". En este sentido apuntó que "el mayor consumo es el del alcohol. Según las estadísticas de los centros toxicológicos, el 70 por ciento de los que ingresan lo hacen por problemas con el alcohol" Y agregó que "es importante la regulación de la publicidad tanto del alcohol como de los medicamentos, que es un mundo mágico donde todo se soluciona de una pastilla a la otra en un minuto". También destacó que el alcohol no puede ser sponsor de ningún club de fútbol, “que tengo a todos los presidente de los clubes atrás mío –comentó- ni tampoco pueden ser sponsor de eventos culturales”.
Prevenir con inclusión
Como parte de las políticas inclusivas para asistir a las personas con problemas relacionadas con las drogas, en la ciudad de Granadero Baigorria, desde la semana pasada funciona la primera Casa Educativa Terapéutica (CET), destinada para el tratamiento de distintas adicciones. La Sedronar inauguró este espacio que ofrece deporte, cultura, recreación y un equipo terapéutico para todos aquellos que sufran las problemáticas de las adicciones. El CET forma parte del programa nacional Recuperar Inclusión, a través del cual habrá dispositivos similares en todo el país. Hay 48 convenios firmados, por un monto de 800 millones de pesos.
El consumo personal después del fallo Arriola
En agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia dictó en el fallo Arriola la despenalización parcial al consumo de estupefacientes al reconocer la inconstitucionalidad en el castigo, a una persona adulta por la tenencia personal. “La persecución del consumidor es absolutamente inútil y, además, es estigmatizante porque avanza sobre la marginalidad y agrava la condición de la persona. Es una cadena, porque a la persona le cuesta conseguir empleo y cómo hace para financiarse el consumo”, se preguntó el fiscal federal Jorge Di Lello. “En los últimos años, el consumo subió y no se logró nada persiguiendo al consumidor. En los tribunales de Capital prácticamente no se persigue al consumidor. Es un esfuerzo inútil”, agregó el fiscal, que hace 22 años que trabaja en Comodoro Py.Respecto al consumo, desde la fiscalía federal penal de Federico Delgado explicaron a esta agencia que el consumo siempre se extingue por inconstitucionalidad o por otros diversos motivos. “Perseguir un consumidor es un círculo absurdo, desde lo fáctico. En general, la mayoría de los consumidores, son enfermos y necesitan asistencia médica”, aseguraron.
Según un informe de la fiscalía a cargo de Delgado, durante el mes de junio, los barrios de Barracas, San Cristóbal y Parque Patricios son las zonas de la Ciudad de Buenos Aires con mayor cantidad de detenidos por tenencia de drogas para consumo personal.
Las causas son por tenencia para consumo
Durante los primeros días del mes de junio, una fiscalía porteña que estuvo de turno con fuerzas de seguridad, recibió un 73 por ciento de causas por infracción a la ley de droga, de las cuales el 71 por ciento fueron por tenencia de estupefacientes para consumo personal. Todas terminaron archivadas a raíz de jurisprudencia de la Corte que despenalizó esa conducta.Según un informe de 2012 de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en todas las jurisdicciones judiciales del país –exceptuando la provincia de Buenos Aires- hubo 9414 causas por tenencia de consumo personal. Lo que equivaldría a un 38 por ciento del total de las causas relacionadas con las drogas. La provincia que efectuó mayor cantidad de detenciones fue Mendoza, con el 60% de las causas, seguido por Córdoba con el 52%.
“Un año después del fallo Arriola, los juzgados, en mayor o menor medida incorporaron el fallo Arriola. Lo que no cambió fueron las prácticas policiales, aunque después los juzgados cerraban las causas”, le dijo a esta agencia Alejandro Corda de la Fundación Intercambios. Un informe de la ONG, que cruzó datos entre 2008 y 2010, señaló que el presupuesto en perseguir usuarios de drogas equivaldría a duplicar los fondos en prevención y asistencia.