Jorge Capitanich
aseguró que en el conflicto con los fondos buitre "hubo una mala praxis
por parte del poder judicial de los Estados Unidos". Indicó que decir
que Argentina "está en un supuesto default técnico es una patraña
absurda" porque "ha pagado". Anticipó la posibilidad de recurrir a La
Haya.
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| Conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich |
En su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el jefe de
Gabinete, Jorge Capitanich, se refirió al conflicto judicial con los
Holdouts y dijo que "acá hubo una mala praxis por parte del poder
judicial de los Estados Unidos, responsabilidad que incumbe a sus tres
niveles de gobierno".
Señaló que “Estados Unidos es responsable de no actuar adecuadamente. Que no venga con la excusa que de que el poder judicial es independiente. Es independiente de la racionalidad”, pero “no son independientes de los fondos buitre”.
Capitanich indicó que existió una “marcada incompetencia del special master (Daniel Pollack) para generar las condiciones de negociación razonables -que la Argentina ha mantenido de una forma clara- por no haber entendido el proceso; por no respetar la condición de la Argentina como país soberano y por desconocer cuestiones elementales desde el punto de vista de esta negociación”.
Aseguró que el negociador asignado por el juez de Nueva York Thomas Griesa desconoció que “tal como dijo el ministro de Economía (Axel Kicillof) Argentina tiene una restricción desde el punto de vista constitucional y legal”
Dijo que el país tenía dos opciones para poder avanzar en la negociación. Una es la apertura del canje para que los fondos buitre se incorporen en las mismas condiciones de 2005 y 2010; o el otorgamiento de un stay (medida cautelar) sobre los fondos para pagarle a los bonistas reestructurados para favorecer la negociación. De lo contrario se podía disparar la aplicación de la clausula RUFO posibilidad que Capitanich calificó de “inaceptable por los efectos colaterales”.
“La aplicación de la clausula RUFO podría dispara una multiplicidad de juicios contra el Estado Argentino”, explicó.
El Jefe de Gabinete remarcó que “la República Argentina ha pagado. Ha depositado los fondos necesarios y suficientes en la cuenta del agente fiduciario en el Banco Central, por tanto esos fondos perteneces a los tenedores, y son los tenedores los que deben exigir su pago” al juez.
Dijo que son responsables del no cobro por parte de los bonistas desde “el agente fiduciario hasta los agencia de compensación, incluso la actitud de los tenedores de bonos que deben exigir al juez la recepción de los fondos”
“Aquellas calificadoras de riesgos, o agencias financieras, que pretendan decir que la Argentina está en un supuesto ‘Default técnico’ es una patraña absurda que pretende fulminar el proceso de reestructuración de deuda soberana”, dijo Capitanich.
Además, el ministro coordinador aseguró que “pretender endilgarle la responsabilidad de esta cuestión al gobierno argentino. El gobierno ha cumplido con el pago, el prospecto, con el contrato y la ley. El sometimiento a la jurisdicción de Nueva York no tiene que ver (con el gobierno) sino con la prorroga de jurisdicción que comenzó en 1976”.
Capitanich dijo que “la sentencia como sabemos es convalidada por acción u omisión en todas las instancias del poder judicial de los Estados Unidos. Por esta mala praxis, Estados Unidos es responsable de no actuar adecuadamente. Que no venga con la excusa que de que el poder judicial en Estados Unidos es independiente. Es independiente de la racionalidad, es independiente de decisiones que sean compatibles con el funcionamieto del sistema financiero internacional, pero no es independiente de los fondos buitres”.
Dijo que “ahora se abren múltiples instancias, como por ejemplo la Apelación ante la Corte Internacional de La Haya”.
Además señaló que es necesario un “debate en la Organización de las Naciones Unidas” para “regular la obligatoriedad de acuerdo de las mayoría a las minoría”. “No puede el sistema financiero y la comunidad internacional avalar a un grupo minúsculo que pretenden fulminar el proceso para reestructurar deudas de carácter soberna”, reflexionó.
“Muchos preanuncian la catástrofe: Inflación, desempleo, pobreza. Se trata de una sentencia, de una ejecución de esta sentencia y no debe estar asociada a las políticas activas que lleva delante el gobierno”, dijo el funcionario nacional.
Al ser consultado, sobre una posible negociación entre privados argentinos y los holdouts, Capitanich dijo que “cualquier eventual acuerdo entre privados no implica incumbencia por parte del Estado”.
Señaló que “Estados Unidos es responsable de no actuar adecuadamente. Que no venga con la excusa que de que el poder judicial es independiente. Es independiente de la racionalidad”, pero “no son independientes de los fondos buitre”.
Capitanich indicó que existió una “marcada incompetencia del special master (Daniel Pollack) para generar las condiciones de negociación razonables -que la Argentina ha mantenido de una forma clara- por no haber entendido el proceso; por no respetar la condición de la Argentina como país soberano y por desconocer cuestiones elementales desde el punto de vista de esta negociación”.
Aseguró que el negociador asignado por el juez de Nueva York Thomas Griesa desconoció que “tal como dijo el ministro de Economía (Axel Kicillof) Argentina tiene una restricción desde el punto de vista constitucional y legal”
Dijo que el país tenía dos opciones para poder avanzar en la negociación. Una es la apertura del canje para que los fondos buitre se incorporen en las mismas condiciones de 2005 y 2010; o el otorgamiento de un stay (medida cautelar) sobre los fondos para pagarle a los bonistas reestructurados para favorecer la negociación. De lo contrario se podía disparar la aplicación de la clausula RUFO posibilidad que Capitanich calificó de “inaceptable por los efectos colaterales”.
“La aplicación de la clausula RUFO podría dispara una multiplicidad de juicios contra el Estado Argentino”, explicó.
El Jefe de Gabinete remarcó que “la República Argentina ha pagado. Ha depositado los fondos necesarios y suficientes en la cuenta del agente fiduciario en el Banco Central, por tanto esos fondos perteneces a los tenedores, y son los tenedores los que deben exigir su pago” al juez.
Dijo que son responsables del no cobro por parte de los bonistas desde “el agente fiduciario hasta los agencia de compensación, incluso la actitud de los tenedores de bonos que deben exigir al juez la recepción de los fondos”
“Aquellas calificadoras de riesgos, o agencias financieras, que pretendan decir que la Argentina está en un supuesto ‘Default técnico’ es una patraña absurda que pretende fulminar el proceso de reestructuración de deuda soberana”, dijo Capitanich.
Además, el ministro coordinador aseguró que “pretender endilgarle la responsabilidad de esta cuestión al gobierno argentino. El gobierno ha cumplido con el pago, el prospecto, con el contrato y la ley. El sometimiento a la jurisdicción de Nueva York no tiene que ver (con el gobierno) sino con la prorroga de jurisdicción que comenzó en 1976”.
Capitanich dijo que “la sentencia como sabemos es convalidada por acción u omisión en todas las instancias del poder judicial de los Estados Unidos. Por esta mala praxis, Estados Unidos es responsable de no actuar adecuadamente. Que no venga con la excusa que de que el poder judicial en Estados Unidos es independiente. Es independiente de la racionalidad, es independiente de decisiones que sean compatibles con el funcionamieto del sistema financiero internacional, pero no es independiente de los fondos buitres”.
Dijo que “ahora se abren múltiples instancias, como por ejemplo la Apelación ante la Corte Internacional de La Haya”.
Además señaló que es necesario un “debate en la Organización de las Naciones Unidas” para “regular la obligatoriedad de acuerdo de las mayoría a las minoría”. “No puede el sistema financiero y la comunidad internacional avalar a un grupo minúsculo que pretenden fulminar el proceso para reestructurar deudas de carácter soberna”, reflexionó.
“Muchos preanuncian la catástrofe: Inflación, desempleo, pobreza. Se trata de una sentencia, de una ejecución de esta sentencia y no debe estar asociada a las políticas activas que lleva delante el gobierno”, dijo el funcionario nacional.
Al ser consultado, sobre una posible negociación entre privados argentinos y los holdouts, Capitanich dijo que “cualquier eventual acuerdo entre privados no implica incumbencia por parte del Estado”.