El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación
El Congreso de la Nación sancionó el miércoles una ley con la que creó el Registro "No Llame". Empezará a funcionar dentro de 90 días. "Es una ley que ordena, que mejora, que no debería afectar a ningún actor serio y responsable", dijo el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
Norberto Berner lleva poco más de un año al frente de la Secretaría de
Comunicaciones (Secom). Durante su gestión, se elaboraron indicadores de
calidad para las compañías de telefonía celular, se comenzó a facturar
los servicios en segundos consumidos –y ya no en minutos y al redondeo– y
se avanzó en otras iniciativas en torno a los derechos del consumidor.
El Congreso de la Nación sancionó el miércoles una ley con la que creó
el Registro “No llame”, para evitar la recepción de llamadas
promocionales y con ofertas comerciales. En diálogo con Infojus Noticias, Berner detalló cómo se pondrá en práctica y cuáles son sus objetivos.
-¿Cómo va a funcionar el Registro “No llame”?
-Durante el plazo de reglamentación se va a poner a disposición una línea telefónica gratuita y una página de internet mediante las cuales se van a poder registrar números telefónicos de manera sencilla, o mediante un simple llamado. Se registran líneas telefónicas, y no personas, porque una persona puede tener varias líneas. Durante un plazo de dos años no debería recibir llamados de ninguna empresa de bases de datos por ofertas o promociones.
-¿Qué pasa después de esos dos años? ¿La ley contempla excepciones?
-Una vez que termina el plazo, uno puede volver a registrarse sin ningún problema. Si uno se arrepiente, puede salir del registro y volver a ser usuario de promociones y ofertas telefónicas. Hay excepciones razonables, como campañas públicas o si el llamado proviene de una empresa con la que el usuario tiene contratado un servicio. En ese caso, sí podrá recibir llamados por ese contrato, por ampliaciones del servicio, para informar vencimientos y ese tipo de cosas.
-¿Qué pasará con las compañías que llamen a esos usuarios e incumplan la ley?
-La lógica, creo que muy acercada por parte del Congreso de la Nación, ha sido regular los registros de bases de datos y designar como autoridad de aplicación a la Dirección de Protección de Datos Personales. Esa oficina depende de la Subsecretaría de Control Registral, y va a reglamentar y aplicar la ley. Podrá aplicar sanciones reales y concretas en el marco de la ley de datos personales. A aquellas empresas de bases de datos que no cumplan la ley, se les aplicarán sanciones administrativas correspondientes.
-¿Se deben acondicionar los registros públicos para poder cumplir con la tarea?
-Sin dudas. Hay mucho trabajo de implementación. En el día de ayer, inmediatamente que se sancionó la ley, me comuniqué con Ernesto Kreplak, subsecretario de Coordinación y Control Registral para que dentro del plazo legal de 90 días, esto esté en pleno funcionamiento. Venimos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia, porque esto requiere de inversión del Estado, capacitación para la gente que va a trabajar en el registro, sistemas informáticos especializados y articulación con los actores involucrados. Hay un trabajo importante en cabeza de la Dirección, y lo acompañamos plenamente.
-¿Las compañías de venta telefónica o los “call center” se ven perjudicados?
-Siempre hay muchas suspicacias. Es una ley que ordena, que mejora, que no debería afectar de manera importante a ningún actor serio y responsable. Probablemente algún pícaro que quisiera sacar algún provecho indebido se vea afectado. Pero las grandes compañías de telecomunicaciones en esto son sólo un canal. Quienes efectúan las llamadas son terceros, o las compañías en su función de vendedoras, y no se ven afectados. Por el contrario, podría significar un beneficio, porque quien no se inscriba en el registro es una persona interesada en recibir promociones y ofertas, por lo que se va a estar llamando al que tiene interés en ello. Hace más eficaz el trabajo de quienes cumplen la tarea de promoción y oferta comercial.
-¿Qué objetivos tuvo la gestación de esta norma?
-El único interés que miramos es el del pueblo, puntualmente el del usuario. Queremos que realmente reciba los servicios que quiere, necesita y pidió. Es el único objetivo. Logramos un esquema ordenador, y va a tener un buen efecto porque al ser de fácil cumplimiento debería mejorarnos la calidad de vida. Y por suerte estamos dando estas discusiones en la Argentina, sobre calidad de vida, descanso, tranquilidad familiar y del hogar, y ya no sobre necesidades básicas.
-¿En qué marco se logra sancionar esta medida?
-Es un paso más. Nosotros entendemos los instrumentos jurídicos como herramientas para lograr la felicidad del pueblo. En este caso era necesaria una ley del Congreso, porque se afecta a actores que no estaban regulados. Viene de la mano de la resolución conjunta que dictamos con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para mejorar la información de facturación de telefonía móvil. Acompaña a la medida de la tasación de los servicios en segundos, de ajustar los servicios a los derechos de los argentinos. Se pone a cada uno en su lugar: a las empresas invirtiendo y ganando el dinero que les corresponde por hacer bien su tarea; y a los usuarios pagando por recibir un buen servicio, cada vez mejor. Esa es la estrategia, y por eso esta ley ha sido recibida con mucho agrado por parte del Gobierno Nacional.
El Congreso de la Nación sancionó el miércoles una ley con la que creó el Registro "No Llame". Empezará a funcionar dentro de 90 días. "Es una ley que ordena, que mejora, que no debería afectar a ningún actor serio y responsable", dijo el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.
-¿Cómo va a funcionar el Registro “No llame”?
-Durante el plazo de reglamentación se va a poner a disposición una línea telefónica gratuita y una página de internet mediante las cuales se van a poder registrar números telefónicos de manera sencilla, o mediante un simple llamado. Se registran líneas telefónicas, y no personas, porque una persona puede tener varias líneas. Durante un plazo de dos años no debería recibir llamados de ninguna empresa de bases de datos por ofertas o promociones.
-¿Qué pasa después de esos dos años? ¿La ley contempla excepciones?
-Una vez que termina el plazo, uno puede volver a registrarse sin ningún problema. Si uno se arrepiente, puede salir del registro y volver a ser usuario de promociones y ofertas telefónicas. Hay excepciones razonables, como campañas públicas o si el llamado proviene de una empresa con la que el usuario tiene contratado un servicio. En ese caso, sí podrá recibir llamados por ese contrato, por ampliaciones del servicio, para informar vencimientos y ese tipo de cosas.
-¿Qué pasará con las compañías que llamen a esos usuarios e incumplan la ley?
-La lógica, creo que muy acercada por parte del Congreso de la Nación, ha sido regular los registros de bases de datos y designar como autoridad de aplicación a la Dirección de Protección de Datos Personales. Esa oficina depende de la Subsecretaría de Control Registral, y va a reglamentar y aplicar la ley. Podrá aplicar sanciones reales y concretas en el marco de la ley de datos personales. A aquellas empresas de bases de datos que no cumplan la ley, se les aplicarán sanciones administrativas correspondientes.
-¿Se deben acondicionar los registros públicos para poder cumplir con la tarea?
-Sin dudas. Hay mucho trabajo de implementación. En el día de ayer, inmediatamente que se sancionó la ley, me comuniqué con Ernesto Kreplak, subsecretario de Coordinación y Control Registral para que dentro del plazo legal de 90 días, esto esté en pleno funcionamiento. Venimos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia, porque esto requiere de inversión del Estado, capacitación para la gente que va a trabajar en el registro, sistemas informáticos especializados y articulación con los actores involucrados. Hay un trabajo importante en cabeza de la Dirección, y lo acompañamos plenamente.
-¿Las compañías de venta telefónica o los “call center” se ven perjudicados?
-Siempre hay muchas suspicacias. Es una ley que ordena, que mejora, que no debería afectar de manera importante a ningún actor serio y responsable. Probablemente algún pícaro que quisiera sacar algún provecho indebido se vea afectado. Pero las grandes compañías de telecomunicaciones en esto son sólo un canal. Quienes efectúan las llamadas son terceros, o las compañías en su función de vendedoras, y no se ven afectados. Por el contrario, podría significar un beneficio, porque quien no se inscriba en el registro es una persona interesada en recibir promociones y ofertas, por lo que se va a estar llamando al que tiene interés en ello. Hace más eficaz el trabajo de quienes cumplen la tarea de promoción y oferta comercial.
-¿Qué objetivos tuvo la gestación de esta norma?
-El único interés que miramos es el del pueblo, puntualmente el del usuario. Queremos que realmente reciba los servicios que quiere, necesita y pidió. Es el único objetivo. Logramos un esquema ordenador, y va a tener un buen efecto porque al ser de fácil cumplimiento debería mejorarnos la calidad de vida. Y por suerte estamos dando estas discusiones en la Argentina, sobre calidad de vida, descanso, tranquilidad familiar y del hogar, y ya no sobre necesidades básicas.
-¿En qué marco se logra sancionar esta medida?
-Es un paso más. Nosotros entendemos los instrumentos jurídicos como herramientas para lograr la felicidad del pueblo. En este caso era necesaria una ley del Congreso, porque se afecta a actores que no estaban regulados. Viene de la mano de la resolución conjunta que dictamos con el secretario de Comercio, Augusto Costa, para mejorar la información de facturación de telefonía móvil. Acompaña a la medida de la tasación de los servicios en segundos, de ajustar los servicios a los derechos de los argentinos. Se pone a cada uno en su lugar: a las empresas invirtiendo y ganando el dinero que les corresponde por hacer bien su tarea; y a los usuarios pagando por recibir un buen servicio, cada vez mejor. Esa es la estrategia, y por eso esta ley ha sido recibida con mucho agrado por parte del Gobierno Nacional.