Entre el 2008 y el 2012, 1520 hijos se quedaron huérfanos. Son las
víctimas colaterales de los femicidios. Muchos de esos niños terminan
viviendo con los sospechosos de matar a sus madres. La polémica parece
concentrarse en un punto: ¿Que hacer con la patria potestad de los
femicidas?
Cuando a su mamá le dispararon cuatro veces en el frente de una
casaquinta de Pilar, Jerónimo y Nehuén tenían 4 y 3 años. Ahora ya
cumplieron 10 y 9. Viven con el papá y la abuela. Ambos, José Arce y
Elsa Aguilar, están condenados a perpetua por el asesinato de Rosana
Galliano, la madre de los chicos. Fue uno de los femicidios más
emblemáticos de los últimos años y puso de relieve la problemática sobre
los hijos, los huérfanos de la violencia de género. ¿Cómo continúa la
vida de estos niños con una madre muerta y un padre condenado por el
crimen? ¿Quiénes los cuidan?
Galliano es un caso entre muchos. Según el libro “Por ellas” -editado por la ONG La Casa del Encuentro- en el período 2008-2012 fueron asesinadas 1223 mujeres. La mitad eran madres. En ese tiempo, 1520 hijos e hijas perdieron a su mamá. El 65 por ciento eran menores de 18 años.
A Sonia Garavedian la asesinaron en 2010 en Catamarca. Tenía 37 años y por la muerte no hay detenidos, pese a que las sospechas recayeron sobre su pareja. El crimen dejó sin madre a dos chicos. Su abuela, Leonilda Carrizo, no logró que la justicia civil le concediera un régimen de visita.
Los chicos ocupan un lugar protagónico como sobrevivientes de la violencia, sin embargo, la linterna no suele estar sobre ellos. “¡Boludo, me dejaste sin mamá!” le dijo el hijo a un padre femicida por teléfono. La conversación fue la punta del ovillo para resolver el crimen de una mujer-cuyo cuerpo no aparecía- en 2012.
En el informe de La Casa del Encuentro se menciona a estos niños como las víctimas colaterales o secundarias del femicidio. Otro dato que da cuenta de la situación señala que durante 2013 hubo una mujer asesinada por violencia de género cada 30 horas. Fueron 405 los hijos que perdieron a su mamá.
La patria potestad
Oscar Galliano es el hermano de Rosana. Además de buscar justicia por ella quiere recuperar a sus sobrinos, a los que hace seis años que no ve. “Viven con los dos condenados por la muerte de mi hermana. Es una locura. Prefiero que estén en un orfanato antes que con él”, dijo a Infojus Noticias. Los padres de Oscar y Rosana, los abuelos de los niños, son los únicos que tienen autorizadas visitas y salidas con ellos, fin de semana de por medio. “Eso lo logramos después de cuatro años. Y, de todos modos, siguen poniéndole trabas y no los ven como corresponde”, agregó.
Desde el comienzo de la investigación por el crimen de Rosana, todos apuntaban contra Arce. La pareja se estaba divorciando y la familia de ella sabía que la golpeaba y maltrataba.El Juzgado de familia número 2 de San Isidro, a cargo de María Julia Abad, resolvió que los chicos queden al resguardo de Arce.
El fuero penal es el encargado de juzgar las muertes, el de familia se ocupa de la tenencia de los niños. En marzo de este año la Casa del Encuentro dejó en los despachos de los diputados y senadores del Congreso de la Nación un proyecto de ley para quitarle la patria potestad a los femicidas. Se trata de la iniciativa de “privación de patria potestad del padre condenado por homicidio agravado, conforme el artículo 80 inciso, inciso 11, del Código Penal”.
“Es indispensable que el padre que asesinó a una madre quede privado de cualquier decisión y contacto respecto de ellas y ellos. Así también el hombre que se encuentre procesado por este delito deberá tener suspendido el ejercicio de los derechos que conlleva la patria potestad”, dice el borrador del texto.
La polémica
Algunos penalistas criticaron esta propuesta porque creen que la decisión de privar de la patria potestad ya está contemplada en el artículo 12 del Código Penal. “La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos”, dice este artículo. Muchos de los especialistas consideran inconstitucional esta privación.
Adrián Martin es presidente de la Asociación Pensamiento Penal y juez en el Tribunal Oral Criminal número 15 de la Capital Federal. En diálogo con Infojus Noticias cuestionó esta iniciativa porque considera que “poner una ley para todos los casos es borrar las particularidades de cada uno de ellos”.
“Hay casos en los que si le sacas la patria potestad al padre no hay quien cuide a los chicos”, agregó. Para él, no se tiene en cuenta la voluntad de los niños en el marco de la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. “Los chicos tienen que ser oídos en temas que los afecten”, dijo.
Martin hace hincapié, además, en las competencias y los fueros. “El juez penal resuelve sobre lo que se está juzgando, no sobre las cuestiones colaterales. El juez civil es el que tiene que decidir sobre la tutela. Ahí la justicia penal es un elefante en un bazar”, opinó.
Fuente: Florencia Alcaraz/Infojus Noticias
Galliano es un caso entre muchos. Según el libro “Por ellas” -editado por la ONG La Casa del Encuentro- en el período 2008-2012 fueron asesinadas 1223 mujeres. La mitad eran madres. En ese tiempo, 1520 hijos e hijas perdieron a su mamá. El 65 por ciento eran menores de 18 años.
A Sonia Garavedian la asesinaron en 2010 en Catamarca. Tenía 37 años y por la muerte no hay detenidos, pese a que las sospechas recayeron sobre su pareja. El crimen dejó sin madre a dos chicos. Su abuela, Leonilda Carrizo, no logró que la justicia civil le concediera un régimen de visita.
Los chicos ocupan un lugar protagónico como sobrevivientes de la violencia, sin embargo, la linterna no suele estar sobre ellos. “¡Boludo, me dejaste sin mamá!” le dijo el hijo a un padre femicida por teléfono. La conversación fue la punta del ovillo para resolver el crimen de una mujer-cuyo cuerpo no aparecía- en 2012.
En el informe de La Casa del Encuentro se menciona a estos niños como las víctimas colaterales o secundarias del femicidio. Otro dato que da cuenta de la situación señala que durante 2013 hubo una mujer asesinada por violencia de género cada 30 horas. Fueron 405 los hijos que perdieron a su mamá.
La patria potestad
Oscar Galliano es el hermano de Rosana. Además de buscar justicia por ella quiere recuperar a sus sobrinos, a los que hace seis años que no ve. “Viven con los dos condenados por la muerte de mi hermana. Es una locura. Prefiero que estén en un orfanato antes que con él”, dijo a Infojus Noticias. Los padres de Oscar y Rosana, los abuelos de los niños, son los únicos que tienen autorizadas visitas y salidas con ellos, fin de semana de por medio. “Eso lo logramos después de cuatro años. Y, de todos modos, siguen poniéndole trabas y no los ven como corresponde”, agregó.
Desde el comienzo de la investigación por el crimen de Rosana, todos apuntaban contra Arce. La pareja se estaba divorciando y la familia de ella sabía que la golpeaba y maltrataba.El Juzgado de familia número 2 de San Isidro, a cargo de María Julia Abad, resolvió que los chicos queden al resguardo de Arce.
El fuero penal es el encargado de juzgar las muertes, el de familia se ocupa de la tenencia de los niños. En marzo de este año la Casa del Encuentro dejó en los despachos de los diputados y senadores del Congreso de la Nación un proyecto de ley para quitarle la patria potestad a los femicidas. Se trata de la iniciativa de “privación de patria potestad del padre condenado por homicidio agravado, conforme el artículo 80 inciso, inciso 11, del Código Penal”.
“Es indispensable que el padre que asesinó a una madre quede privado de cualquier decisión y contacto respecto de ellas y ellos. Así también el hombre que se encuentre procesado por este delito deberá tener suspendido el ejercicio de los derechos que conlleva la patria potestad”, dice el borrador del texto.
La polémica
Algunos penalistas criticaron esta propuesta porque creen que la decisión de privar de la patria potestad ya está contemplada en el artículo 12 del Código Penal. “La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos”, dice este artículo. Muchos de los especialistas consideran inconstitucional esta privación.
Adrián Martin es presidente de la Asociación Pensamiento Penal y juez en el Tribunal Oral Criminal número 15 de la Capital Federal. En diálogo con Infojus Noticias cuestionó esta iniciativa porque considera que “poner una ley para todos los casos es borrar las particularidades de cada uno de ellos”.
“Hay casos en los que si le sacas la patria potestad al padre no hay quien cuide a los chicos”, agregó. Para él, no se tiene en cuenta la voluntad de los niños en el marco de la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia. “Los chicos tienen que ser oídos en temas que los afecten”, dijo.
Martin hace hincapié, además, en las competencias y los fueros. “El juez penal resuelve sobre lo que se está juzgando, no sobre las cuestiones colaterales. El juez civil es el que tiene que decidir sobre la tutela. Ahí la justicia penal es un elefante en un bazar”, opinó.
Fuente: Florencia Alcaraz/Infojus Noticias