Desde el Pro, la UCR y el GEN fustigaron a la Justicia local por acusar a
Juan Pablo Suárez de cometer el delito de “incitación a la violencia
colectiva”, agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población”.
La supuesta aplicación de la Ley
Antiterrorista sobre un periodista santiagueño despertó el repudio de
todo el arco opositor en el Congreso Nacional, que volvió a exigir la
derogación de la norma que el Ejecutivo impulsó en 2012 a pedido del
GAFI.
Fue luego de que el fiscal federal Pedro Simón imputara al periodista y editor de la página web Última Hora, Juan Pablo Suárez, bajo el delito de “incitación a la violencia colectiva”, agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población”.
En ese marco, los diputados de Unión Pro Pablo Tonelli y Laura Alonso adelantaron que pedirán una reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión para invitar al periodista y escuchar su testimonio.
"Como anticipamos, se confirma que el kirchnerismo quiere usar la Ley Antiterrorista para amedrentar a los periodistas y controlar la opinión diferente", expresó Alonso. La macrista recordó que tiene presentado un proyecto de derogación de la Ley Antiterrorista: "Desde 2012 estamos pidiendo derogar esta ley del kirchnerismo, que es inconstitucional", aseguró.
Por su parte, Tonelli recordó que durante el tratamiento en Diputados, la oposición advirtió que se usaría la ley “para perseguir opositores o a quienes piensan diferente”. “Lamentablemente teníamos razón –se quejó-, una vez más queda claro que la libertad de expresión no es una prioridad para el Gobierno Nacional ni para los gobiernos provinciales adeptos al modelo".
Otra diputada de ese bloque, Patricia Bullrich, denunció en tono más duro que el suceso es “un paso de la democracia a la dictadura”. “Rechazamos y repudiamos éste nuevo ataque a la libertad de expresión y al hostigamiento permanente al que es sometida la prensa independiente por parte del kirchnerismo”, insistió.
Además, la legisladora rememoró que en diciembre pasado recibió, junto a diputados de otros bloques, a familiares de Juan Pablo Suárez, que les transmitieron que el periodista fue acusado de "instigación a cometer delito de sedición y atentado contra el Estado provincial" por "filmar y difundir las imágenes de la golpiza que recibió por parte de dos jefes de la Policía provincial el policía Nelson Villagrán, quien realizaba una protesta para pedir un aumento de salario".
En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Luis Sacca (UCR) presentó un proyecto de repudio al accionar judicial y señaló en los fundamentos que “la Ley no debe ser usada en contra de derechos humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones”.
Sacca también indicó que según la propia Ley Antiterrorista, los agravantes no pueden aplicarse cuando se trate del “ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, y aclaró que “el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano garantizado constitucionalmente de manera preferente, lo cual no puede dejar de ser contemplado por los fiscales como por los jueces”.
Por el GEN, Omar Duclós apuntó que “en un Estado democrático, ni las fuerzas de seguridad ni la Justicia pueden estar al servicio del gobierno de turno para perseguir a los trabajadores, periodistas y dirigentes sociales o políticos”.
“Estamos frente a un claro ataque a la libertad de expresión de un trabajador de prensa en ejercicio de su labor, por parte de un gobierno provincial aliado del kirchnerismo”, expresó Duclós.
Por último, la exdiputada Silvana Giudici recordó que la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), que ella preside, sigue el caso de Suárez desde diciembre de 2013, y comentó que en ese entonces, además de no poder recuperar los equipos incautados por la Justicia, el periodista tuvo “serias dificultades” para conseguir patrocinio legal como consecuencia de las “presiones” recibidas por los profesionales que lo asistían.
Fue luego de que el fiscal federal Pedro Simón imputara al periodista y editor de la página web Última Hora, Juan Pablo Suárez, bajo el delito de “incitación a la violencia colectiva”, agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población”.
En ese marco, los diputados de Unión Pro Pablo Tonelli y Laura Alonso adelantaron que pedirán una reunión urgente de la Comisión de Libertad de Expresión para invitar al periodista y escuchar su testimonio.
"Como anticipamos, se confirma que el kirchnerismo quiere usar la Ley Antiterrorista para amedrentar a los periodistas y controlar la opinión diferente", expresó Alonso. La macrista recordó que tiene presentado un proyecto de derogación de la Ley Antiterrorista: "Desde 2012 estamos pidiendo derogar esta ley del kirchnerismo, que es inconstitucional", aseguró.
Por su parte, Tonelli recordó que durante el tratamiento en Diputados, la oposición advirtió que se usaría la ley “para perseguir opositores o a quienes piensan diferente”. “Lamentablemente teníamos razón –se quejó-, una vez más queda claro que la libertad de expresión no es una prioridad para el Gobierno Nacional ni para los gobiernos provinciales adeptos al modelo".
Otra diputada de ese bloque, Patricia Bullrich, denunció en tono más duro que el suceso es “un paso de la democracia a la dictadura”. “Rechazamos y repudiamos éste nuevo ataque a la libertad de expresión y al hostigamiento permanente al que es sometida la prensa independiente por parte del kirchnerismo”, insistió.
Además, la legisladora rememoró que en diciembre pasado recibió, junto a diputados de otros bloques, a familiares de Juan Pablo Suárez, que les transmitieron que el periodista fue acusado de "instigación a cometer delito de sedición y atentado contra el Estado provincial" por "filmar y difundir las imágenes de la golpiza que recibió por parte de dos jefes de la Policía provincial el policía Nelson Villagrán, quien realizaba una protesta para pedir un aumento de salario".
En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Luis Sacca (UCR) presentó un proyecto de repudio al accionar judicial y señaló en los fundamentos que “la Ley no debe ser usada en contra de derechos humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones”.
Sacca también indicó que según la propia Ley Antiterrorista, los agravantes no pueden aplicarse cuando se trate del “ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”, y aclaró que “el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano garantizado constitucionalmente de manera preferente, lo cual no puede dejar de ser contemplado por los fiscales como por los jueces”.
Por el GEN, Omar Duclós apuntó que “en un Estado democrático, ni las fuerzas de seguridad ni la Justicia pueden estar al servicio del gobierno de turno para perseguir a los trabajadores, periodistas y dirigentes sociales o políticos”.
“Estamos frente a un claro ataque a la libertad de expresión de un trabajador de prensa en ejercicio de su labor, por parte de un gobierno provincial aliado del kirchnerismo”, expresó Duclós.
Por último, la exdiputada Silvana Giudici recordó que la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), que ella preside, sigue el caso de Suárez desde diciembre de 2013, y comentó que en ese entonces, además de no poder recuperar los equipos incautados por la Justicia, el periodista tuvo “serias dificultades” para conseguir patrocinio legal como consecuencia de las “presiones” recibidas por los profesionales que lo asistían.