Despenalización de la Marihuana. La Marcha Mundial en Rosario será para pedir un cambio en la política de drogas
Las políticas como derribar bunkers o hacer grandes espectáculos en relación al narcotráfico, genera más un golpe de impacto mediático que reales en relación a las drogas que se incautan o en el expendio del mismo.
Ignacio Canabal , presidente de la
Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC) que aborda
toda la agenda política de Arec y las acciones como la marcha mundial por la
despenalización, declaró en el programa radial Algo en Común, Radio Gran
Rosario, sobre las declaraciones del Gobernador de Santa Fe,Antonio Bonfatti en
legalizar la marihuana.
Señaló que, es muy interesante el análisis de Bonfatti, si bien las declaraciones son muy mesuradas porque lo que dice, es que ahora hay una nueva ley en Uruguay, pero todavía no se ha implementado. Sería interesante saber cuáles son los efectos de esa legalización. Soslayó que, esto es un modo de abordar las políticas de drogas porque en la actualidad esa ley que ya tiene casi 25 años, que fue firmada en el año 1989 ,tenía dos propósitos, una era de disminuir el consumo y disminuir la oferta de drogas, y la verdad que después de 25 años,lo único que sabemos es que la ley 23.737 aumentó la cantidad de consumidores, de sustancias y que ese modelo de política de drogas ha fracasado.Sentenció.
Señaló que, es muy interesante el análisis de Bonfatti, si bien las declaraciones son muy mesuradas porque lo que dice, es que ahora hay una nueva ley en Uruguay, pero todavía no se ha implementado. Sería interesante saber cuáles son los efectos de esa legalización. Soslayó que, esto es un modo de abordar las políticas de drogas porque en la actualidad esa ley que ya tiene casi 25 años, que fue firmada en el año 1989 ,tenía dos propósitos, una era de disminuir el consumo y disminuir la oferta de drogas, y la verdad que después de 25 años,lo único que sabemos es que la ley 23.737 aumentó la cantidad de consumidores, de sustancias y que ese modelo de política de drogas ha fracasado.Sentenció.
Entonces yo creo que lo que está
queriendo decir Bonfatti, aparte de legalizar la marihuana, es que, ya hay que pensar en abordar nuevas políticas de
drogas y narcocriminalidad. Recordó que tanto el Gobernador, como el Presidente
uruguayo Pepe Mujica quien ha sacado esa ley en el país vecino, no están a
favor del consumo de ninguna droga y ellos mismos no reconocen que estén a
favor del consumo del cannabis, pero ven como una cuestión de derecho y es el móvil interesante de reducir
básicamente el ingreso económico del narcotráfico porque alrededor del 50%,
según las naciones Unidas a nivel mundial, el dinero del narcotráfico ingresa
por la venta del cannabis que es una sustancia de comprobada alta peligrosidad
que el alcohol y el tabaco, pero se la está utilizando como punta de lanza para
el cambio de políticas de consumo de drogas.
Aclaró, pero es un modo de atacar al narcotráfico rápidamente y con más
efectivos que cuenta la policía federal, señaló Canabal.
Aseguró que, en cuanto a las políticas
como derribar bunkers o hacer grandes espectáculos en relación al narcotráfico,
genera más un golpe de impacto mediático que reales en relación a las drogas
que se incautan o en el expendio del mismo.
Sostuvo el presidente del Arec, lo único que
uno espera que se enfrente realmente a la
criminalidad de las drogas y dejar de perseguir a los consumidores, que hasta ahora
era lo que estaban haciendo. Ahora hay que empezar a seguir a los grandes
grupos del narcotráfico y también a todos los negocios asociados como son los
contadores, abogados, las influencias policiales que también son parte del
narcotráfico a pesar que sean profesiones legales.
Por otra parte, habló del libro “Historia
de la Marihuana en Argentina. Historia, rendimiento, usos industriales y
terapéuticos de la cannabis sativa” que fue presentado hace unos días en
la sede de la Universidad Nacional de Rosario UNR, señaló que hemos podido
sacar nuestro primer libro y también nuestro primer libro, valga la
redundancia, editado en la argentina sobre el cannabis
específicamente, que cuenta con
varios artículos con una historia de política de drogas en la Argentina, los
usos industriales del cannabis escrito por el Lic. Pablo Ascolani, que es
profesor de farmacología, también hay otro sobre cáñamo industrial escrito por
un Ing. Agrónomo de Córdoba llamado Diego Bertone y un capítulo sobre cómo
medir los cultivos para consumo; personal y medicinal, que de alguna manera
vienen a brindarnos una herramienta para que legisladores y jueces puedan
delimitar esa diferenciación y la
destacada presencia del californiano Chris Conrad, co-autor del libro y
experto reconocido por diferentes organismos internacionales y la Corte
norteamericana.
En cuanto a la Marcha Mundial que se
realizará hoy (sábado 3 de mayo) en Rosario será para pedir un cambio en la
política de drogas. La concentración será en la Plaza San Martín a las 14 Hs. y
las 16.30 marcharemos hasta el Monumento a la Bandera donde habrá también un
espacio para la música, informarse y exponerse ante la sociedad para reclamar
por nuestros derechos.
Planteó Canabal, que la adición a la marihuana
es mucho más profunda y por que el estado, por ejemplo Uruguay, decide el mismo
en producir toda la marihuana y venderla. Cargarla de impuestos, blanquear el
trabajo y esto ha cambiado la lógica a la que estamos acostumbrados a pensar,
que la marihuana no podía ser regulada como
el alcohol o el tabaco y sin embargo, ya hay estados nacionales que enfrenta
esta modalidad de aprobar esta política y que vemos con buenos ojos. Por eso, me
alegra que políticos serios como el Gobernador de Santa Fe este pensando de la
misma manera, concluyó Ignacio Canabal, presidente de la Asociación Rosarina de
Estudios Culturales.http://youtu.be/gucIfqx7Hvs
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La ley 23.737 establece que la
tenencia simple o para consumo es ilegal pero no penada. La producción, el
transporte y el hacer apología al uso de drogas es delito, aunque en la
producción y transporte de cantidades para el consumo personal son sobreseídas
en los tribunales.7
El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en forma unánime la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley N°23.737 Tenencia y tráfico de estupefacientes mediante lo asentado en el Fallo Arriola8 y en consecuencia queda sentada jurisprudencia favorable para la descriminalización de la tenencia en pequeñas cantidades para consumo personal.
En el mismo fallo se insta al poder legislativo nacional a modificar la ley vigente, ya que, en la Argentina, los fallos del tribunal máximo no modifican la ley, por lo que juzgados de menor instancia judicial pueden seguir fallando con una corriente distinta de la asentada y la policía debe seguir actuando por lo fijado en el código penal.
El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en forma unánime la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley N°23.737 Tenencia y tráfico de estupefacientes mediante lo asentado en el Fallo Arriola8 y en consecuencia queda sentada jurisprudencia favorable para la descriminalización de la tenencia en pequeñas cantidades para consumo personal.
En el mismo fallo se insta al poder legislativo nacional a modificar la ley vigente, ya que, en la Argentina, los fallos del tribunal máximo no modifican la ley, por lo que juzgados de menor instancia judicial pueden seguir fallando con una corriente distinta de la asentada y la policía debe seguir actuando por lo fijado en el código penal.
LEY N°23.737
TENENCIA Y TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES
Sanción: 21/09/1989
Promulgación: 10/10/1989
Publicación: B.O. 11/10/1989
Artículo 1º. Reemplázase el artículo 204 del Código Penal por el siguiente texto:
Promulgación: 10/10/1989
Publicación: B.O. 11/10/1989
Artículo 1º. Reemplázase el artículo 204 del Código Penal por el siguiente texto:
Art. 204: Será reprimido con prisión de seis meses
a tres años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales,
las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta
médica o diversa de la declarada o convenida, o sin la presentación y archivo
de la receta de aquellos productos que según las reglamentaciones vigentes no
pueden ser comercializados sin ese requisito.
Artículo 2º. Incorpórase como artículo 204 bis del Código Penal el siguiente texto:
Art. 204 bis: Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de trescientos australes a seis mil australes.
Art. 204 bis: Cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de trescientos australes a seis mil australes.
Artículo 3º. Incorpórase como artículo 204 ter del Código Penal el siguiente texto:
Art. 204 ter: Será reprimido con multa de
seiscientos australes a doce mil australes el que teniendo a su cargo la
dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado
al expendio de medicamentos, omitiere cumplir con los deberes a su cargo
posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204.
Artículo 4º. Incorpórase como artículo 2 04 quater del Código Penal el siguiente texto: Art. 204 quater: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización.
Artículo 5º. Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo:
a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación;
b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes;
c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte;
d) Comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte;
e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otro estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito, se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años y multa de tres mil a ciento veinte mil australes.
Si los hechos previstos en los incisos precedentes
fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de
una autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará,
además, inhabilitación especial de cinco a quince años.
En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
(texto conforme ley N° 26.052)
En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un mes a dos años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
(texto conforme ley N° 26.052)
Artículo 6º. Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes el que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o materias primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino de uso.
En estos supuestos la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no serán destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional.
Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende de autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará además inhabilitación especial de tres a doce años.
Artículo 7º. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinte años y multa de once millones doscientos cincuenta mil a trescientos treinta y siete millones quinientos mil australes, el que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5º y 6º precedentes.
Artículo 8º. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años y multa de dos millones doscientos cincuenta mil a ciento doce millones quinientos mil australes e inhabilitación especial de cinco a doce años, el que estando autorizado para la producción, fabricación, extracción, preparación,
importación, exportación, distribución o venta de
estupefacientes los tuviere en cantidades distintas de las autorizadas; o
prepare o emplee compuestos naturales, sintéticos u oficinales que oculten o
disimulen sustancias estupefacientes, y al que aplicare, entregare, o vendiere
estupefacientes sin receta médica o en cantidades mayores a las recetadas.
Artículo 9º. Será reprimido con prisión de dos a doce años y multa de un millón ciento veinticinco mil a dieciocho millones setecientos cincuenta mil australes e inhabilitación especial de uno a cinco años, el médico u otro profesional autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare o entregare estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con destino ilegítimo la pena de reclusión o prisión será de cuatro a quince años.
Artículo 10. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a doce años y multa de un
millón ciento veinticinco mil a dieciocho millones setecientos cincuenta mil
australes el que facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o
elementos, para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos por los
artículos anteriores. La misma pena se aplicará al que facilitare un lugar para
que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes. En caso que el
lugar fuera un local de comercio se aplicará la accesoria de inhabilitación
para ejercer el comercio por el tiempo de la condena, la que se elevará al
doble del tiempo de la misma si se tratare de un negocio de diversión.
Durante la sustanciación del sumario criminal el juez competente podrá decretar preventivamente la clausura del local.
Durante la sustanciación del sumario criminal el juez competente podrá decretar preventivamente la clausura del local.
Artículo 11. Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en un tercio del máximo de la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate:
a) Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas o de personas disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de dieciocho años o en perjuicio de éstos;
b) Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia, intimidación o engaño;
c) Si en los hechos intervienen tres o más personas organizadas para cometerlos;
d) Si los hechos se cometieron por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario
público encargado de la guarda de presos y en
perjuicio de éstos;
e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales;
f) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos educacionales en general, abusando de sus funciones específicas.
e) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales;
f) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos educacionales en general, abusando de sus funciones específicas.
Artículo 12. Será reprimido con prisión de dos a seis años y multa de doscientos
veinticinco mil a cuatro millones quinientos mil australes:
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
Artículo 13. Si se usaren estupefacientes para facilitar o ejecutar otro delito, la pena
prevista para el mismo se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo. No
pudiendo exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.
Artículo 14. Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de ciento doce mil quinientos a dos millones doscientos cincuenta mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes.
La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.
Artículo 15. La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes.
Artículo 16. Cuando el condenado por cualquier delito dependiera física o psíquicamente
de estupefacientes, el juez impondrá, además de la pena, una medida de
seguridad curativa que consistirá en un tratamiento de desintoxicación y
rehabilitación por el tiempo necesario a estos fines, y cesará por resolución
judicial, previo dictamen de peritos que así lo aconsejen.
Artículo 17. En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si en el juicio se
acreditase que la tenencia es para uso personal,
declarada la culpabilidad del autor y que el mismo depende física o
psíquicamente de estupefacientes, el juez podrá dejar en suspenso la aplicación
de la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa por el tiempo
necesario para su desintoxicación y rehabilitación.
Acreditado su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la aplicación de la pena. Si transcurridos dos años de tratamiento no se ha obtenido un grado aceptable de recuperación, por su falta de colaboración, deberá aplicársele la pena y continuar con la medida de seguridad por el tiempo necesario o solamente esta última.
Acreditado su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la aplicación de la pena. Si transcurridos dos años de tratamiento no se ha obtenido un grado aceptable de recuperación, por su falta de colaboración, deberá aplicársele la pena y continuar con la medida de seguridad por el tiempo necesario o solamente esta última.
Artículo 18. En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si durante el sumario se acreditase por semiplena prueba que la tenencia es para uso personal y existen indicios suficientes a criterio del juez de la responsabilidad del procesado y éste dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, con su consentimiento, se le aplicará un tratamiento curativo por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación y se suspenderá el trámite del sumario.
Acreditado su resultado satisfactorio, se dictará sobreseimiento definitivo. Si transcurridos dos años de tratamiento, por falta de colaboración del procesado no se obtuvo un grado aceptable de recuperación, se reanudará el trámite de la causa y, en su caso, podrá aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener solamente la medida de seguridad.
El tratamiento podrá aplicársele preventivamente al procesado cuando prestare su consentimiento para ello o cuando existiere peligro de que se dañe a sí mismo o a los demás.
El tratamiento estará dirigido por un equipo de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, criminológicos y de asistencia social, pudiendo ejecutarse en forma ambulatoria, con internación o alternativamente, según el caso.
Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa, computándose el tiempo de duración de la misma para el cumplimiento de la
pena. Respecto de los procesados, el tiempo de
tratamiento suspenderá la prescripción de la acción penal.
El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los medios para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad y de rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18.
El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá arbitrar los medios para disponer en cada unidad de un lugar donde, en forma separada del resto de los demás internos, pueda ejecutarse la medida de seguridad y de rehabilitación de los artículos 16, 17 y 18.
Artículo 20. Para la aplicación de los supuestos establecidos en los artículos 16, 17 y
18 el juez, previo dictamen de peritos, deberá distinguir entre el delincuente
que hace uso indebido de estupefacientes y el adicto a dichas drogas que
ingresa al delito, para que el tratamiento de rehabilitación en ambos casos,
sea establecido en función de nivel de patología y del delito cometido, a los
efectos de la orientación terapéutica más adecuada.
Artículo 21. En el caso del artículo 14, segundo párrafo, si el procesado no dependiere
física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o
experimentador, el juez de la causa podrá, por única vez, sustituir la pena por
una medida de seguridad educativa en la forma y modo que judicialmente se
determine.
Tal medida, debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado, relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes, que con una duración mínina de tres meses, la autoridad educativa nacional o provincial, implementará a los efectos del mejor cumplimiento de esta ley.
La sustitución será comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, organismo que lo comunicará solamente a los tribunales del país con competencia para la aplicación de la presente de la ley, cuando éstos lo requiriesen.
Si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia.
Artículo 22. Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de recuperación establecidas en los artículos 17, 18 y 21 si después de un lapso de tres años de dicha recuperación, el autor alcanzara una reinserción social plena, familiar, laboral y educativa, el juez previo dictamen de peritos, podrá librar de oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes.
Tal medida, debe comprender el cumplimiento obligatorio de un programa especializado, relativo al comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes, que con una duración mínina de tres meses, la autoridad educativa nacional o provincial, implementará a los efectos del mejor cumplimiento de esta ley.
La sustitución será comunicada al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, organismo que lo comunicará solamente a los tribunales del país con competencia para la aplicación de la presente de la ley, cuando éstos lo requiriesen.
Si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia.
Artículo 22. Acreditado un resultado satisfactorio de las medidas de recuperación establecidas en los artículos 17, 18 y 21 si después de un lapso de tres años de dicha recuperación, el autor alcanzara una reinserción social plena, familiar, laboral y educativa, el juez previo dictamen de peritos, podrá librar de oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes.
Artículo 23. Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de
cuatro a ocho años, el funcionario público dependiente de la autoridad
sanitaria con responsabilidad funcional sobre el control de la comercialización
de estupefacientes, que no ejecutare los deberes impuestos por las leyes o
reglamentos a su cargo u omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de
aquéllos le impartieren sus superiores jerárquicos.
Artículo 24. El que sin autorización o violando el control de la autoridad sanitaria,
ingrese en la zona de frontera delimitada por ley, precursores o productos
químicos aptos para la elaboración o fabricación de estupefacientes, será
reprimido con multa de un millón ciento veinticinco mil a doscientos
veinticinco millones de australes; inhabilitación especial de uno a cinco años
y comiso de la mercadería en infracción, sin perjuicio de las demás sanciones
que pudieran corresponder.
Los precursores, y productos químicos serán determinados en listas que, por decreto, el Poder Ejecutivo nacional debe elaborar a ese fin y actualizar periódicamente.
Los precursores, y productos químicos serán determinados en listas que, por decreto, el Poder Ejecutivo nacional debe elaborar a ese fin y actualizar periódicamente.
Artículo 26. En la investigación de los delitos previstos en la ley no habrá reserva
bancaria o tributaria alguna. El levantamiento de la reserva sólo podrá ser ordenado
por el juez de la causa.
La información obtenida sólo podrá ser utilizada en relación a la investigación de los hechos previstos en esta ley.
La información obtenida sólo podrá ser utilizada en relación a la investigación de los hechos previstos en esta ley.
Artículo 26
bis. La prueba que consista en fotografías, filmaciones
o grabaciones, será evaluada por el tribunal en la medida en que sea comprobada
su autenticidad.
Artículo 27. En todos los casos en que el autor de un delito previsto en esta ley lo
cometa como agente de una persona jurídica y la característica requerida para
el autor no la presente éste sino la persona jurídica, será reprimido como si
el autor presentare esa característica.
Artículo 28. El que públicamente imparta instrucciones acerca de la producción,
fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión
de dos a ocho años. En la misma pena incurrirá quien por medios masivos de
comunicación social explique en detalle el modo de emplear como estupefaciente
cualquier elemento de uso libre.
Artículo 29. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que falsificare
recetas médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos o con datos
ciertos sin autorización del profesional responsable de la matrícula; quien las
suscribiere sin facultad para hacerlo o quien las aceptare teniendo
conocimiento de su ilegítima procedencia o irregularidad. En el caso que
correspondiere se aplicará la accesoria de inhabilitación para ejercer el
comercio por el doble de tiempo de la condena.
Artículo 29 bis. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que tomare parte en una confabulación de dos o más personas, para cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 10 y 25 de la presente ley, y en el artículo 866 del Código Aduanero.
La confabulación será punible a partir del momento en que alguno de sus miembros realice actos manifiestamente reveladores de la decisión común de ejecutar el delito para el que se habían concertado.
Quedará eximido de pena el que revelare la confabulación a la autoridad antes de haberse comenzado la ejecución del delito para el que se la había formado, así como el que espontáneamente impidiera la realización del plan.
Artículo 29
ter. A la persona incursa en cualquiera de los delitos
previstos en la presente ley y en el artículo 866 del Código Aduanero, el
tribunal podrá reducirle las penas hasta la mitad del mínimo y del máximo o
eximirla de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso o con
anterioridad a su iniciación:
a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación.
b) Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en esta ley.
A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de estupefacientes.
La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.
a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso de la investigación.
b) Aportare información que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos, medios de transporte, valores, bienes, dinero o cualquier otro activo de importancia, provenientes de los delitos previstos en esta ley.
A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización dedicada a la producción, comercialización o tráfico de estupefacientes.
La reducción o eximición de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.
Artículo 30. El juez dispondrá la destrucción, por la autoridad sanitaria
nacional, de los estupefacientes en infracción o
elementos destinados a su elaboración a no ser que pertenecieren a un tercero
no responsable o salvo que puedan ser aprovechados por la misma autoridad,
dejando expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum L., Erithroxylon coca Lam y Cannabis sativa L., se destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso haya concluido definitivamente.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los cinco días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de muestras en presencia del juez o del secretario del juzgado y de dos testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva. Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la causa firmada por el juez o el secretario, testigos y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.
Las especies vegetales de Papaver somniferum L., Erithroxylon coca Lam y Cannabis sativa L., se destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso haya concluido definitivamente.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los cinco días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación de muestras en presencia del juez o del secretario del juzgado y de dos testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva. Se dejará constancia de la destrucción en acta que se agregará al expediente de la causa firmada por el juez o el secretario, testigos y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito.
Artículo 31. Efectivos de cualesquiera de los organismos de seguridad y de la Administración Nacional de Aduanas podrán actuar en jurisdicción de las otras en persecución de delincuentes, sospechosos de delitos e infractores de esta ley o para la realización de diligencias urgentes relacionadas con la misma, debiendo darse inmediato conocimiento al organismo de seguridad del lugar.
Los organismos de seguridad y la Administración Nacional de Aduanas adoptarán un mecanismo de consulta permanente y la Policía Federal Argentina ordenará la información que le suministren aquéllos, quienes tendrán un sistema de acceso al banco de datos para una eficiente lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes en todo el país.
Mantendrán su vigencia los convenios que hubiesen celebrado los organismos de seguridad, la Administración Nacional de Aduanas y demás entes administrativos con el objeto de colaborar y aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y la prevención del abuso de drogas.
Artículo 31
bis. Durante el curso de una investigación y a los
efectos de comprobar la comisión de algún delito previsto en esta ley o en el
artículo 866 del Código Aduanero, de impedir su consumación, de lograr la
individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o para
obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución
fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran ser
logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad,
actuando en forma encubierta:
a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, y
b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero.
La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la que actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad.
La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato en conocimiento del juez.
La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el artículo 31 quinquies (nota).
a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, y
b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero.
La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la que actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad.
La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato en conocimiento del juez.
La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el artículo 31 quinquies (nota).
Artículo 31 ter. No será punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma reservada recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado.
Artículo 31
quater. Ningún agente de las fuerzas de
seguridad podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. La negativa a
hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto.
Artículo 31
quinquies. Cuando peligre la seguridad de la
persona que haya actuado como agente encubierto por haberse develado su
verdadera identidad, tendrá derecho a optar entre permanecer activo o pasar a
retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de servicio que tuviera. En este
último caso se le reconocerá un haber de retiro igual al que le corresponda a
quien tenga dos grados más del que él tiene.
En cuanto fuere compatible, se aplicarán las disposiciones del artículo 33 bis.
En cuanto fuere compatible, se aplicarán las disposiciones del artículo 33 bis.
Artículo 31 sexies. El funcionario o empleado público que indebidamente revelare la real o nueva identidad de un agente encubierto o, en su caso, la nueva identidad o el domicilio de un testigo o imputado protegido, será reprimido con prisión de dos a seis años, multa de diez mil a cien mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua.
El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con prisión de uno a cuatro años, multa de un mil a treinta mil pesos e inhabilitación especial de tres a diez años.
Artículo 32. Cuando la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez de la causa podrá actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar. Además, las autoridades de prevención deben poner en conocimiento del juez del lugar los resultados de las diligencias practicadas, poniendo a disposición del mismo las personas detenidas a fin de que este magistrado controle si la privación de la libertad responde estrictamente a las medidas ordenadas.
Constatado este extremo el juez del lugar pondrá a los detenidos a disposición del juez de la causa.
Artículo 33. El juez de la causa podrá autorizar a la autoridad de prevención que postergue la detención de personas o el secustro de estupefacientes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación.
El juez podrá incluso suspender la interceptación
en territorio argentino de una remesa ilícita de estupefacientes y permitir su
salida del país, cuando tuviere seguridades de que será vigilada por las
autoridades judiciales del país de destino. Esta medida deberá disponerse por
resolución fundada, haciéndose constar, en cuanto sea posible, la calidad y
cantidad de la sustancia vigilada como así también su peso.
Artículo 33 bis. Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas. Estas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado, y en la provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupación, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda quedará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación.
(VER DECRETO 262/98)
Artículo 34. Los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación:
1. Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
2. Artículo 5º penúltimo párrafo.
3. Artículo 5º Ultimo párrafo.
4. Artículo 14.
5. Artículo 29.
6. Artículos 204, 204 bis , 204 ter y 204 quater del Código Penal. (texto conforme ley N° 26.052)
Artículo 34 bis. Las personas que denuncien cualquier delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrá en el anonimato.
Artículo 35. Incorpórase a la ley 10.903 como artículo 18 bis el siguiente
Art. 18 bis: En todos los casos en que una mujer embarazada diera a luz en el
transcurso del proceso o durante el cumplimiento de una condena por infracción
a la ley de estupefacientes, la madre deberá, dentro de los cinco días
posteriores al nacimiento someter al hijo a una revisación médica especializada
para determinar si presenta síntomas de dependencia de aquéllos.
La misma obligación tendrá el padre, el tutor y el guardador.
Su incumplimiento será penado con multa de cuarenta y cinco mil a trescientos treinta y siete mil quinientos australes y el juez deberá ordenar la medida omitida.
La misma obligación tendrá el padre, el tutor y el guardador.
Su incumplimiento será penado con multa de cuarenta y cinco mil a trescientos treinta y siete mil quinientos australes y el juez deberá ordenar la medida omitida.
Artículo 36. Si como consecuencia de infracciones a la presente ley, el juez de la causa advirtiere que el padre o la madre han comprometido la seguridad, la salud física o psíquica o la moralidad de sus hijos menores, deberá remitir los antecedentes pertinentes al juez competente para que resuelva sobre la procedencia de las previsiones del artículo 307, inciso 3º del Código Civil.
Artículo 37. Reemplázese los artículos 25 y 26 de la ley 20.655 por los siguientes:
Art. 25: Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que suministrare a un participante en una competencia deportiva, con su consentimiento o sin él, sustancias estimulantes o depresivas tendientes a aumentar o disminuir anormalmente su rendimiento.
La misma pena tendrá el participante de una competencia deportiva que usare algunas de estas sustancias.