Datos oficiales
El funcionario aseguró también que es "sostenido" el crecimiento de la
población carcelaria, al rechazar el concepto de que los que los
delincuentes "entran por una puerta y salen por la otra".
Con estos datos concretos, Abel Córdoba cuestionó el slogan de las cárceles con "puerta giratoria" que argumentan algunos dirigentes políticos para pedir un endurecimiento del sistema penal.
"Si uno analiza el universo de las personas detenidas que la Justicia nacional y federal envía a encierro, el 57 por ciento está encerrado preventivamente. Es decir; de 10 mil casos, casi seis mil entraron por una puerta y no salieron, sino que siguen encerrados", explicó Córdoba en diálogo con Télam.
Según un informe de la Procuraduría de noviembre de 2013, en las cárceles federales seis de cada 10 detenidos se encuentra "bajo medidas cautelares de prisión preventiva dictadas por la Justicia nacional y federal".
"Este número global es escandaloso y es responsabilidad del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario en general", dijo Córdoba, al cuestionar el agravamiento de la política criminal de encarcelamiento, desde el punto de vista de los derechos humanos de los encarcelados.
El informe indica que "el uso extendido de la prisión preventiva y la modalidad de confinamiento territorial en unidades penales a miles de kilómetros de la jurisdicción de residencia del detenido" se encuentran entre las causas de esta situación.
"Ambos elementos coadyuvan a un déficit estructural de acceso genuino a la Justicia para los detenidos, sosteniéndose la ausencia de políticas penales integrales -judiciales y penitenciarias- que llevan décadas sin poder revertir tal orientacion", dice el texto.
Por otra parte, Córdoba dió cifras sobre política criminal determinada para algunos sectores estigmatizados, como los jóvenes, estereotipados como los "pibes de las villas urbanas".
Según el informe, el 64 por ciento de los presos tiene menos de 30 años y, entre ellos, el 80 por ciento no tiene condena; es decir "no fue juzgado y no salió del encierro".
"Con las mujeres, otro grupo que suele ser discriminado, ocurre lo mismo: el 62 por ciento que permanece encerrado, no está juzgado", indicó el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional.
El estudio señala asimismo que "es sostenido" el crecimiento de detenidos procesados desde 2010 en adelante en las 28 cárceles y 10 alcaidías que se encuentran distribuidas en todo el país.
La cantidad de personas detenidas se mantuvo estable entre 2003 y 2007, con alrededor de 50.000 reclusos, pero desde entonces más de 10 mil personas se sumaron al sistema penitenciario, contabilizando actualmente un total de 62.263.
Córdoba condenó asimismo la forma de reclamo social de "sacar de circulación" a los delicuentes, en un "tratamiento similar al desecho tóxico pero social: que los agarren de la vereda, los clasifiquen, los encierren y no vuelvan a salir".
En ese marco, consideró "insensato" pedir "más dureza del sistema penal" porque en la actualidad los detenidos "son privados de todos los derechos, son víctimas de todo tipo de delitos, sin tener acceso a la Justicia".
"Detrás de este pensamiento se esconde un desprecio muy grande hacia personas que tienen determinadas características físicas o sociales. Hay una discriminación, una especia de lógica sacrificial: una parte de la sociedad tiene que sufrir para que el resto funcione bien", concluyó.
El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional precisó que del total de personas detenidas, el 57% está encerrado "preventivamente" y remarcó que el 80% de los encarcelados no tiene condena, es decir que "no fue juzgado y no salió del encierro". Rechazó el concepto de que los delincuentes "entran por una puerta y salen por la otra".
Con estos datos concretos, Abel Córdoba cuestionó el slogan de las cárceles con "puerta giratoria" que argumentan algunos dirigentes políticos para pedir un endurecimiento del sistema penal.
"Si uno analiza el universo de las personas detenidas que la Justicia nacional y federal envía a encierro, el 57 por ciento está encerrado preventivamente. Es decir; de 10 mil casos, casi seis mil entraron por una puerta y no salieron, sino que siguen encerrados", explicó Córdoba en diálogo con Télam.
Según un informe de la Procuraduría de noviembre de 2013, en las cárceles federales seis de cada 10 detenidos se encuentra "bajo medidas cautelares de prisión preventiva dictadas por la Justicia nacional y federal".
"Este número global es escandaloso y es responsabilidad del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario en general", dijo Córdoba, al cuestionar el agravamiento de la política criminal de encarcelamiento, desde el punto de vista de los derechos humanos de los encarcelados.
El informe indica que "el uso extendido de la prisión preventiva y la modalidad de confinamiento territorial en unidades penales a miles de kilómetros de la jurisdicción de residencia del detenido" se encuentran entre las causas de esta situación.
"Ambos elementos coadyuvan a un déficit estructural de acceso genuino a la Justicia para los detenidos, sosteniéndose la ausencia de políticas penales integrales -judiciales y penitenciarias- que llevan décadas sin poder revertir tal orientacion", dice el texto.
Por otra parte, Córdoba dió cifras sobre política criminal determinada para algunos sectores estigmatizados, como los jóvenes, estereotipados como los "pibes de las villas urbanas".
Según el informe, el 64 por ciento de los presos tiene menos de 30 años y, entre ellos, el 80 por ciento no tiene condena; es decir "no fue juzgado y no salió del encierro".
"Con las mujeres, otro grupo que suele ser discriminado, ocurre lo mismo: el 62 por ciento que permanece encerrado, no está juzgado", indicó el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional.
El estudio señala asimismo que "es sostenido" el crecimiento de detenidos procesados desde 2010 en adelante en las 28 cárceles y 10 alcaidías que se encuentran distribuidas en todo el país.
La cantidad de personas detenidas se mantuvo estable entre 2003 y 2007, con alrededor de 50.000 reclusos, pero desde entonces más de 10 mil personas se sumaron al sistema penitenciario, contabilizando actualmente un total de 62.263.
Córdoba condenó asimismo la forma de reclamo social de "sacar de circulación" a los delicuentes, en un "tratamiento similar al desecho tóxico pero social: que los agarren de la vereda, los clasifiquen, los encierren y no vuelvan a salir".
En ese marco, consideró "insensato" pedir "más dureza del sistema penal" porque en la actualidad los detenidos "son privados de todos los derechos, son víctimas de todo tipo de delitos, sin tener acceso a la Justicia".
"Detrás de este pensamiento se esconde un desprecio muy grande hacia personas que tienen determinadas características físicas o sociales. Hay una discriminación, una especia de lógica sacrificial: una parte de la sociedad tiene que sufrir para que el resto funcione bien", concluyó.