Cavallero “Se deben complementar con acciones para atacar el núcleo duro del problema porque los narcos no viven en los barrios”
"Los que lavan dinero comprando autos de alta gama,
departamentos en torres, campos y monedas extranjeras, cualquier persona
informada en al ciudad sabe cuál es este circuito que hay que cortar de
cuajo"
El concejal del Partido Progreso Social (PPS), Héctor
Cavallero, presentó un proyecto para crear el Departamento de Lucha permanente
contra la Economía
del Delito. Se trata de una iniciativa que busca organizar y efectivizar los
controles en materia de seguridad en la ciudad, en forma conjunta con fuerzas
federales y reparticiones municipales. La medida, que se tratará el martes 29
de abril en el recinto, busca también que el ejecutivo implemente de manera
urgente tres ordenanzas aprobadas en 2012 para regulación las empresas de seguridad privada, crear
Fiscalías federales en cada uno de los distritos y controlar los comercios en
los que se puedan vender mercaderías provenientes de operaciones ilícitas.
“Insisto con que se debe completar la tarea que se está
haciendo con la destrucción los búnkers de venta de droga pero hay que tener en
claro que los narcos no viven en los barrios y es por eso que se deben
complementar con acciones para atacar el núcleo duro del problema, el que hace
mover los engranajes”, enfatizó.
Ordenanzas aprobadas
y no implementadas
El 13 de diciembre de 2012 fue aprobado por el Concejo
Municipal, mediante decreto 38.808, el proyecto del edil Cavallero que establece
el funcionamiento de seis Fiscalías federales en la ciudad, las cuales deben
estar dotadas del personal y la infraestructura correspondientes con el
objetivo de recepcionar denuncias relacionadas con delitos de índole federal.
El mencionado decreto establece también que las Fiscalías deben estar ubicadas
en los Centros Municipales de Distritos (CMD) respectivos, con el fin de
respetar el criterio de descentralización de la Municipalidad.
“Sin embargo todavía no fue implementada por la Municipalidad y es
de suma importancia ya que el vecino que vive en un barrio y quiere denunciar
una actividad ilícita que tiene que ver con venta de droga, por ejemplo, de
esta manera puede hacerlo sin necesidad de movilizarse hacia el centro de la
ciudad”, consideró el edil.
Asimismo, a través de la mencionada ordenanza, se
encomendaba al Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias, junto con
legisladores nacionales y provinciales, el gobierno provincial, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y organizaciones no gubernamentales, para así poder
aplicar la ordenanza que tiene como fin la investigación, esclarecimiento y
juzgamiento de los delitos federales.
Controles más
efectivos
A fines de 2012 también fue aprobado mediante decreto
38.809, la ordenanza que establece que el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de
Prevención y Seguridad Ciudadana (hoy Secretaría de Control y Convivencia
Ciudadana) junto con la
Administración Federal de Impuestos (Afip)
y reparticiones gubernamentales que correspondan, inspeccione los comercios en
los que se podrían vender artículos provenientes de actividades ilícitas. El
decreto estipulaba que el Ejecutivo debía presentar en el Concejo un informe
sobre lo actuado, en un plazo no mayor a 90 días.
“La
Municipalidad ha hecho caso omiso de las ordenzazas. En este
caso, es vital para combatir el delito, que se realicen controles más
exhaustivos en desarmaderos, chatarrerías, locales de ventas de equipos de
telefonía y todos aquellos negocios en los que se presten para la
comercialización de artículos robados”, expresó.
Modificación de
ordenanza que regula e trabajo de Agencias de Seguridad privadas
A los efectos de dar una solución integral a los problemas
relacionados con la seguridad en la ciudad, en mayo de 2012 fue aprobado por el
Concejo Municipal mediante ordenanza 8.920, el proyecto presentado por
Cavallero que estipulaba distintas modificaciones en las normativas que regulan
la habilitación y el funcionamiento de las Agencias privadas de seguridad en la
ciudad.
“Tampoco se hizo nada y esta ordenanza es necesaria para
regular la habilitación y funcionamiento de las agencias de seguridad, para
saber en qué condiciones trabajan y quiénes son los empelados que prestan
servicios”, señaló el edil.