El pedido del presidente del
bloque socialista en el FAP se fundamenta en que en el Anexo II del proyecto de
ley remitido por el Ejecutivo al Senado de la Nación, se adjunta una nota del referido tribunal
en la que se dice que el precio acordado es “consistente con los principios y
bases de valoración aplicados por este Tribunal”.
Zabalza puntualizó que “la nota
nada aclara sobre la realización de auditorías económicas, financieras o
ambientales, dejando lugar a serias dudas en cuanto a los procedimientos
aplicados por el Tribunal dependiente del Ministro Julio De Vido para dar su
conformidad al precio acordado con Repsol”.
La
propia norma que dispuso la expropiación
dispone en su art 12 que “el precio de los bienes sujetos a expropiación
se
determinará conforme lo previsto en el artículo 10 y concordantes de la
Ley 21.499. La tasación la debía efectuar el Tribunal de Tasaciones de
la Nación”, detalló el legislador por Santa Fe.
“Pero tal como ocurre con los términos
del acuerdo con CHEVRON, cuyo conocimiento está siendo negado tanto a la
ciudadanía como al Congreso, la misma metodología de ocultamiento se ha seguido
para la fijación del valor de las acciones a expropiar”, concluyó el diputado
por Santa Fe.