Ediles de la comisión de Derechos Humanos del Concejo escucharon y tomaron debida nota de la problemática que sufren familiares de víctimas de episodios delictivos, quienes siguen en contacto con los victimarios y en algunos casos debieron mudarse para no continuar sufriendo consecuencias
“Hemos oído de boca de los familiares de los delitos sus problemáticas
puntuales y los concejales de la comisión se han comprometido seguir de
cerca las causas en las que no está claro el proceso judicial, al menos
para las familias de las víctimas. Asimismo, los concejales han señalado
que se seguirán situaciones puntuales, averiguando cual es la posible
contención que desde el Estado provincial y de la justicia se les puede
brindar a los familiares”, argumentó Sciutto.
“En el tema de la inseguridad cada bloque tiene sus propias opiniones y
han presentado oportunamente distintos proyectos de para mejorar la
seguridad en la ciudad. Nosotros entendemos que se está haciendo una
tarea muy importante y arduo para avanzar en la lucha contra el
narcotráfico pero, vale aclararlo, en muchos casos la situación
imperante excede el rol del Concejo”, señaló el edil.
“Hemos tomado los datos de cada uno de quienes se acercaron a la
comisión, para iniciar, a partir de esta reunión el seguimiento de las
situaciones que se han verbalizado”, concluyó el edil socialista.
El presidente de la comisión de Seguridad Diego Giuliano, a su turno
detalló los alcances de la ya realizada convocatoria de la comisión de
Seguridad e insistió en la necesidad de “llevar el Observatorio de
Seguridad a todos los barrios rosarinos”.
Luego de que fueran expuestos con crudeza, por parte de los familiares
de las víctimas el impacto psicológico, jurídico y económico que aún
soportan tras ocurrir la muerte de sus familiares, la edila María
Fernanda Gigliani, del bloque del Partido del progreso Social hizo
hincapié en que no se debían “generar falsas expectativas, ya que los
mismos concejales nos hemos visto en la necesidad y obligación de
denunciar a autoridades policiales y judiciales sin obtener respuestas
adecuadas”.
“La dinámica de la realidad, lamentablemente, en varias oportunidades
dejó desactualizadas ordenanzas que proponían, por ejemplo, la creación
de buzones de denuncias de delitos federales o la descentralización de
fiscalías para que no se formalizaran las denuncias en las seccionales”,
agregó Gigliani.
“A pesar de ello no cejaremos en nuestro empeño. Estamos a su
disposición y haremos lo que esté a nuestro alcance para que se concrete
la entrevista con el ministro Lamberto”, refirió la edila del PPS.
El concejal Roberto Sukerman, presidente del bloque del Frente para la
Victoria pidió que los familiares de las víctimas aporten todos los
datos que posean de las causas judiciales que se trataron en la reunión
para lograr luego entrevistas con los magistrados que las llevan
adelante, a los efectos de que se establezcan debidamente las acciones
tomadas para lograr el esclarecimiento de los hechos.
La edila Daniela León, titular del bloque de la Unión Cívica Radical vio
con agrado que las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos trabajen
en conjunto para gestionar ante las autoridades que correspondan.
También expresó su deseo de que se concrete “a la brevedad un plan de
trabajo conjunto por parte de las comisiones involucradas” y bregó por
una reunión “con la Defensoría del Pueblo y con el ministro de Justicia
de la provincia”.
Carlos Cardozo, de Unión Pro Federal expresó su satisfacción por “el
tratamiento que el Concejo está haciendo de temas de contingencia
social, ya que el ámbito legislativo permitirá dar mayor visibilidad y
exposición pública a una cuestión tan grave con lo es el desarrollo de
la narcocriminalidad”.
Las peticiones de los vecinos
A horas de ocurrido el homicidio de Jairo Trasante, de 17 años, hermano
de una de las víctimas del denominado triple crimen de Villa Moreno,
ocurrido el 1º de enero de 2012, Marcela Serra, familiar de una de las
víctimas, en un hecho ocurrido el 24 de noviembre de 2012, pidió en la
reunión que nos ocupa “compromiso político para todos los casos, ya que
hasta el momento en que el Concejo inició esta serie de reuniones nos
sentimos solos”.
“Cada caso tuvo falencias judiciales y no hemos tenido la necesaria
contención familiar”, sostuvo Serra.
La madre de otro joven asesinado: Iván, relató a una audiencia
consternada por el sufrimiento de los familiares de los asesinados el
proceso que derivó en el homicidio de su hijo y la posterior “presión de
los responsables que le ofrecieron dinero para que no avancen en las
denuncias”.
Luego Cristina detalló el crimen de su hija y nieta “a martillazos. El
caso no se investiga lo suficiente, por lo que pido la revisión del
mismo.”
Juan Carlos, el tío de Melani, de sólo 5 años, asesinada el pasado 22 de
enero pidió a los concejales que lo ayuden a lograr justicia, “ya que la
policía no hace nada”.
Y luego se siguieron sucediendo los testimonios de una dureza conceptual
difíciles de aceptar, como el de la madre de Lucas quien pidió “cambios
en las leyes ante casos de homicidios. El asesino de Lucas está en su
casa y mi hijo en el cementerio”.