El gobierno español aprobó un proyecto para reformar de la Ley de Propiedad Intelectual que incluye la llamada "tasa Google" y multas de hasta 300 mil euros a aquellos intemediarios que permitan la infracción de obras protegidas con derechos de autor.
El proyecto, que será presentado ante el Parlamento para su votación, estipula la persecución no sólo de los sitios que alberguen contenidos ilegales sino de "los que ordenan y clasifican el contenido" en la web, según sostuvo el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, durante una conferencia de prensa.
Si bien el funcionario puntualizó que estas medidas "no afectarán a los motores de búsqueda" como "intermediarios técnicos", dejó en claro que la reforma habilitará a los afectados por la violación del copyright a demandar tanto a los sitios con contenidos ilegales como a los intermediarios, según informó el diario español El Mundo.
"España no puede ser Somalia en temas de piratería intelectual", dijo el ministro, y comunicó que las sanciones por incumplimiento en estos casos implican mltas de hasta 300 mil euros.
El proyecto aprobado por el gobierno del conservador Mariano Rajoy iría en contramano de lo estipulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en una sentencia publicada ayer estipuló que "el propietario de una página de Internet puede remitir mediante hipervínculos, sin autorización de los titulares de derechos de autor, a obras protegidas que pueden consultarse libremente en otra página de Internet".
En el caso del proyecto español, la llamada "tasa Google" prevee una "compensación a los editores por el uso de sus contenidos por parte de los agregadores" (categoría en la que entran los motores de búsqueda, como Google), según explicó el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, durante una conferencia de prensa.
En este esquema, los motores de búsqueda podrán publicar "fragmentos no significativos"de información sobre los temas buscados sin tener que requerir autorización previa.
Según afirmó el ministro, el texto -que aún no fue publicado- "autoriza con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos informativos, de formación de la opinión o de entretenimiento con un derecho irrenunciable de compensación a los editores o los titulares de los derechos sobre estos fragmentos", informó el diario español El Mundo.
El monto de la "compensación" deberá aocrdarse entre las partes, y en el caso de que agregadores y editores no logren un consenso al respecto, las establecerá el Ministerio. En tanto, el uso de fotografías siempre requerirá de una autorización previa.
Además de endurecer la lucha contra la llamada "piratería" -es decir, el intercambio no autorizado de contenidos protegidos con derechos de autor-, las medidas bucan impulsar "el aumento de una oferta legal" de contenidos en Internet, según Wert.
Desde la española Asociación de Internautas repudiaron la "criminalización" de los links estipulada en el proyecto del Ejecutivo, al que calificaron como "aberrante".
En declaraciones a la agencia EuropaPress, el titular de la Asociación, Víctor Domingo, señalo que "el tema de los enlaces es una cuestión aberrante porque se criminaliza el enlace y no se van a decidir las sanciones a través de un juez, sino por una comisión. Excepto algunas salvedades como Google, a quien sin embargo le ha impuesto otra tasa para los editores".
Por su parte, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) manifestó su satisfacción por la aprobación del proyecto.
"Esta ha sido una histórica reivindicación de la AEDE, que ha trabajado para lograr un marco jurídico estable donde los socios pudieran desarrollar su actividad. Los editores reconocen la sensibilidad del Gobierno con esta medida, que marcará un camino para el resto de Europa, y que afianza el papel de la prensa como medio de comunicación conformador de una sociedad democrática", señaló el presidente de la entidad, Luis Enríquez.