Serán juzgados 17 acusados, sólo uno de ellos funcionario político. El ex presidente Fernando De la Rúa será testigo. Habrá más de 550 testigos.
El ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y el entonces jefe de la
Policía Federal, comisario Rubén Santos, comenzarán a ser juzgados desde
mañana por la sangrienta represión del 19 y 20 de diciembre del 2001,
que obligó a renunciar al entonces presidente Fernando de la Rúa.
A doce años de la pueblada, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) juzgará a 17 acusados sólo por cinco de las muertes producidas en la Plaza de Mayo, el Congreso y las inmediaciones del Obelisco porteño, sin considerar el total de 32 registradas en todo el país durante la vigencia del estado de sitio decretado para reprimir las protestas.
Además de Santos y Mathov, el único funcionario político que llega a juicio, en el banquillo de los acusados estarán los entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el director general de Operaciones, comisarios Raúl Andreotti, y Norberto Gaudiero, responsables jerárquicos del desbocado accionar policial.
A los cuatro se les imputa homicidio culposo (sin intención) reiterado en cinco oportunidades, lesiones culposas ocasionadas a 117 personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público de cuidado, por impericia o negligencia.
Otros cuatro ex integrantes de Asuntos Internos de la Federal - Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro— están acusados por el homicidio doloso de Alberto Márquez, de 57 años, quien fue baleado en inmediaciones del Obelisco por los policías, que circulaban en un auto particular.
Los acusados deberán responder por la muerte de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y el citado Alberto Márquez, pero las penas posibles varias según la imputación, aunque algunas podrían llegar hasta 25 años de prisión.
De la Rúa declarará como testigo pero no figura entre los acusados dado que el juez federal Claudio Bonadío lo desprocesó en el 2002 y la sala II de la Cámara Federal porteña corroboró el criterio de que carecía de conocimiento exacto de la situación creada.
La única disidencia fue del camarista Horacio Cattani, quien puso en duda que el presidente no estuviera anoticiado de lo que estaba ocurriendo tras su decreto, pero a fines del 2012 Casación confirmó el desprocesamiento, ahora apelado ante la Corte Suprema.
En la línea de las "responsabilidades políticas" y no sólo operacionales fue procesado el entonces ministro del Interior, Ramún Mestre, quien además fue uno de los firmantes del decreto de estado de sitio, pero falleció en el 2003.
Ninguno de los imputados llega detenido al juicio aunque Mathov y Santos estuvieron varios meses presos antes de recuperar la libertad en el 2002.
Los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino convocaron a la audiencia de apertura a las 10.30 del lunes en los tribunales federales de Retiro para escuchar los requerimientos de elevación a juicio oral de los fiscales Patricio Evers y el fallecido Luis Comparatore.
Luego empezarán a desfilar más de 550 testigos ofrecidos, entre ellos Jorge de la Rúa, Carlos Becerra, Juan Pablo Baylac, Darío Lopérfido, Luis Zamora, Marcerla Bordenabe, Juan Bautista Yofre y Hebe de Bonafini, además de los familiares de las víctimas.
Según cálculos de la fiscalía, a cargo de Mauricio Veira, el proceso se extenderá por más de un año y medio.
Las principales querellas estarán en manos de abogados del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que pese a las diferencias de enfoque coincidieron en cuestionar que los "responsales políticos" de la masacre hayan quedado a salvo del juicio.
A doce años de la pueblada, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) juzgará a 17 acusados sólo por cinco de las muertes producidas en la Plaza de Mayo, el Congreso y las inmediaciones del Obelisco porteño, sin considerar el total de 32 registradas en todo el país durante la vigencia del estado de sitio decretado para reprimir las protestas.
Además de Santos y Mathov, el único funcionario político que llega a juicio, en el banquillo de los acusados estarán los entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el director general de Operaciones, comisarios Raúl Andreotti, y Norberto Gaudiero, responsables jerárquicos del desbocado accionar policial.
A los cuatro se les imputa homicidio culposo (sin intención) reiterado en cinco oportunidades, lesiones culposas ocasionadas a 117 personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público de cuidado, por impericia o negligencia.
Otros cuatro ex integrantes de Asuntos Internos de la Federal - Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro— están acusados por el homicidio doloso de Alberto Márquez, de 57 años, quien fue baleado en inmediaciones del Obelisco por los policías, que circulaban en un auto particular.
Los acusados deberán responder por la muerte de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y el citado Alberto Márquez, pero las penas posibles varias según la imputación, aunque algunas podrían llegar hasta 25 años de prisión.
De la Rúa declarará como testigo pero no figura entre los acusados dado que el juez federal Claudio Bonadío lo desprocesó en el 2002 y la sala II de la Cámara Federal porteña corroboró el criterio de que carecía de conocimiento exacto de la situación creada.
La única disidencia fue del camarista Horacio Cattani, quien puso en duda que el presidente no estuviera anoticiado de lo que estaba ocurriendo tras su decreto, pero a fines del 2012 Casación confirmó el desprocesamiento, ahora apelado ante la Corte Suprema.
En la línea de las "responsabilidades políticas" y no sólo operacionales fue procesado el entonces ministro del Interior, Ramún Mestre, quien además fue uno de los firmantes del decreto de estado de sitio, pero falleció en el 2003.
Ninguno de los imputados llega detenido al juicio aunque Mathov y Santos estuvieron varios meses presos antes de recuperar la libertad en el 2002.
Los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martínez Sobrino convocaron a la audiencia de apertura a las 10.30 del lunes en los tribunales federales de Retiro para escuchar los requerimientos de elevación a juicio oral de los fiscales Patricio Evers y el fallecido Luis Comparatore.
Luego empezarán a desfilar más de 550 testigos ofrecidos, entre ellos Jorge de la Rúa, Carlos Becerra, Juan Pablo Baylac, Darío Lopérfido, Luis Zamora, Marcerla Bordenabe, Juan Bautista Yofre y Hebe de Bonafini, además de los familiares de las víctimas.
Según cálculos de la fiscalía, a cargo de Mauricio Veira, el proceso se extenderá por más de un año y medio.
Las principales querellas estarán en manos de abogados del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) y de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que pese a las diferencias de enfoque coincidieron en cuestionar que los "responsales políticos" de la masacre hayan quedado a salvo del juicio.