Mendoza
Trabas en el sistema y deficiencias a la hora de actuar se suman a las falencias, al momento de atender los casos en que los derechos de los más pequeños son vulnerados. En 2013, se registraron casi 26 mil hechos cuyas víctimas fueron niños.
 |
| En 2010, llegó a la Legislatura mendocina el caso de la pequeña Guadalupe asesinada en San Luis tras sufrir el abandono de su madre.(Marcos García) |
El asesinato de Luciana Rodríguez ocurrido el martes pasado en la capital mendocina genera
repudio, bronca y mucho dolor entre los mendocinos. Pero además, se
trata de un hecho que pudo haberse prevenido y deja en evidencia que en
Mendoza no existen mecanismos de acción aceitados al momento de abordar
los casos que involucran menores de edad cuyos derechos están siendo
vulnerados.
Quienes trabajan de cerca con la problemática del maltrato, aseguran que en este preciso instante en cientos de hogares hay un niño o niña que padece un calvario similar al que sufrió la pequeña de tres años durante los meses previos a su muerte. Y pese a la existencia de leyes, tratados, convenciones y normas que establecen el amparo y protección hacia los más pequeños, la deuda con la infancia es grande en Mendoza.
Agresiones físicas y psicológicas, negligencia, abuso sexual y abandono están a la cabeza de las formas más comunes de maltrato. En las estadísticas provinciales, las denuncias se contabilizan por miles, en tanto que las causas por violencia intrafamiliar saturan los juzgados de familia.
De acuerdo a los registros de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), durante 2013 se atendieron en nuestra provincia 26.774 hechos que dejaron en evidencia una vulneración de los derechos hacia los más chicos. De ese total, se emitieron 200 "medidas de excepción". Eso significa que los niños en riesgo debieron quedar a cargo de familias cuidadoras o ser derivados a hogares.
En ese contexto, diversas voces hablan de un sistema que va por detrás de la realidad, que no controla y que actúa a destiempo; en tanto que otras miradas destacan la complejización de una sociedad cada vez más agresiva e indolente.
El pediatra Américo Benegas es jefe del Servicio Especializado en Atención del Maltrato Infanto Juvenil en el hospital Humberto Notti. En base a la experiencia lograda por estar a cargo de esta compleja unidad durante muchos años, el profesional destaca la gravedad que reviste el maltrato infantil por las huellas imborrables que deja en cada ser humano que lo padece.
Pero además, Benegas estima que por cada hecho de esta clase que es detectado, hay al menos siete niños que sufren alguna forma de violencia y que tal vez pasan inadvertidos, por ser delitos de instancia privada.
En mayo del año pasado, el jefe de esta compleja unidad hizo una presentación en la Legislatura donde hizo hincapié en el rol que le compete al Estado provincial al momento de prevenir el maltrato infantil, poniendo el acento en la problemática del abuso sexual. "En cada situación de maltrato existe una revictimización del niño o niña debido a que se actúa de manera parcial. No hay nadie que coordine el accionar entre los ministerios al momento de prevenir y actuar en los casos de violencia", dijo.
Para Benegas, prevenir que más niños sean víctimas de esta situación requiere de un cambio sustancial en la base del sistema. Asegura que no existe un protocolo para abordar los casos, ni tampoco hay un Consejo -integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que se encargue de "ordenar", actualizar y coordinar las acciones para actuar a tiempo.
A Luciana, de hecho, no sólo le fueron negados todos sus derechos básicos, sino que también se le privó de una protección adecuada por parte del Estado, incluso cuando existen antecedentes de denuncias que alertaron sobre la situación ante los organismos intervinientes en estos casos. El Órgano Administrativo Local (OAL), de la Dinaf (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos), es uno de ellos. Por esto, la Justicia investiga la cadena de responsabilidades de los funcionarios a cargo del área, en tanto que el viernes dos operarios fueron suspendidos y las autoridades decidieron no emitir declaraciones (más información pág. 15).
Capacitar para prevenir
Desde los médicos que atienden en hospitales y centros de salud, hasta los efectivos policiales, pasando por todo el personal de las diferentes áreas del Gobierno y la Justicia, deben contar con capacitación relacionada con el maltrato infantil, explica Benegas.
Sin ir más lejos, el pediatra asegura que es habitual que los médicos del Notti detecten que un niño es golpeado o abusado, prestando atención a diferentes señales que surgen durante la consulta. "Vienen por distintas patologías y durante la consulta médica empiezan a aparecer señales de maltrato físico y sexual", aclara Benegas y destaca que "los equipos de salud deben saber qué hacer y qué aspectos destacar en el caso para que la Justicia pueda actuar".
Agilizar el sistema
Otra de las áreas que tuvo que salir a dar explicaciones tras el asesinato de Luciana esta semana, fue el Programa de Prevención y Atención del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Salud. Ocurrió que entre las denuncias que habían alertado sobre la situación de abandono que estaba sufriendo la pequeña, hubo una que se realizó a través de la línea 102, que atiende las emergencias relacionadas al maltrato infantil.
Marta Stagni, jefa de este servicio, indicó que tal como lo establece el procedimiento, una vez que se recibió el llamado en esa oportunidad, la novedad pasó a manos de la Dinaf, órgano que tiene a cargo los casos en situación de calle. "Nunca se nos denunció que la nena era maltratada físicamente", expresó Stagni y detalló que una de las principales carencias que hoy plantea el programa tiene que ver con la cobertura de las prestaciones para los profesionales que necesitan ser reemplazados.
En total, 150 personas (trabajadoras sociales, médicos, psicólogos) cumplen funciones para este programa en toda la provincia. El problema, asegura Stagni, es que si uno enferma o tiene licencia por embarazo, no hay forma de reemplazarlo debido a que la partida de presupuesto asignada para este fin es "ínfima".
Otra necesidad consiste en "fortalecer los centros de atención que dependen del programa y que funcionan en hospitales y centros de salud, en el Sur, en el Valle de Uco y el Este". También falta sumar psiquiatras infantiles, agilizar el sistema operativo para que atender varias llamadas al mismo tiempo y contratar al menos cuatro operadores para cubrir la atención nocturna de la línea, en horario de 0 a 8 horas, detalló Stagni.
Llamados desesperados
Durante el año pasado, la línea 102 recibió 18.935 llamadas. De ellas, 42% fueron por denuncias de maltrato y consultas, mientras que el 58% restante tuvo que ver con equívocos o llamadas mal intencionadas. Entre el primer grupo, es decir las relacionadas a algún tipo de maltrato sumaron un total de 1.742 durante 2013. Otro dato, es que durante el año pasado las llamadas al 102 ascendieron 18% en comparación con 2012.
El maltrato físico encabezó las estadísticas de porqué las personas denunciaron (58%), mientras que 25% fue por abandono o negligencia por parte del entorno y 8% fue por maltrato psicológico. El resto de las denuncias que requirieron de la atención de los profesionales del programa, estuvo motivada por episodios de situación de calle, trabajo infantil y violencia de diferente índole.
Quienes trabajan de cerca con la problemática del maltrato, aseguran que en este preciso instante en cientos de hogares hay un niño o niña que padece un calvario similar al que sufrió la pequeña de tres años durante los meses previos a su muerte. Y pese a la existencia de leyes, tratados, convenciones y normas que establecen el amparo y protección hacia los más pequeños, la deuda con la infancia es grande en Mendoza.
Agresiones físicas y psicológicas, negligencia, abuso sexual y abandono están a la cabeza de las formas más comunes de maltrato. En las estadísticas provinciales, las denuncias se contabilizan por miles, en tanto que las causas por violencia intrafamiliar saturan los juzgados de familia.
De acuerdo a los registros de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), durante 2013 se atendieron en nuestra provincia 26.774 hechos que dejaron en evidencia una vulneración de los derechos hacia los más chicos. De ese total, se emitieron 200 "medidas de excepción". Eso significa que los niños en riesgo debieron quedar a cargo de familias cuidadoras o ser derivados a hogares.
En ese contexto, diversas voces hablan de un sistema que va por detrás de la realidad, que no controla y que actúa a destiempo; en tanto que otras miradas destacan la complejización de una sociedad cada vez más agresiva e indolente.
El pediatra Américo Benegas es jefe del Servicio Especializado en Atención del Maltrato Infanto Juvenil en el hospital Humberto Notti. En base a la experiencia lograda por estar a cargo de esta compleja unidad durante muchos años, el profesional destaca la gravedad que reviste el maltrato infantil por las huellas imborrables que deja en cada ser humano que lo padece.
Pero además, Benegas estima que por cada hecho de esta clase que es detectado, hay al menos siete niños que sufren alguna forma de violencia y que tal vez pasan inadvertidos, por ser delitos de instancia privada.
En mayo del año pasado, el jefe de esta compleja unidad hizo una presentación en la Legislatura donde hizo hincapié en el rol que le compete al Estado provincial al momento de prevenir el maltrato infantil, poniendo el acento en la problemática del abuso sexual. "En cada situación de maltrato existe una revictimización del niño o niña debido a que se actúa de manera parcial. No hay nadie que coordine el accionar entre los ministerios al momento de prevenir y actuar en los casos de violencia", dijo.
Para Benegas, prevenir que más niños sean víctimas de esta situación requiere de un cambio sustancial en la base del sistema. Asegura que no existe un protocolo para abordar los casos, ni tampoco hay un Consejo -integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que se encargue de "ordenar", actualizar y coordinar las acciones para actuar a tiempo.
A Luciana, de hecho, no sólo le fueron negados todos sus derechos básicos, sino que también se le privó de una protección adecuada por parte del Estado, incluso cuando existen antecedentes de denuncias que alertaron sobre la situación ante los organismos intervinientes en estos casos. El Órgano Administrativo Local (OAL), de la Dinaf (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos), es uno de ellos. Por esto, la Justicia investiga la cadena de responsabilidades de los funcionarios a cargo del área, en tanto que el viernes dos operarios fueron suspendidos y las autoridades decidieron no emitir declaraciones (más información pág. 15).
Capacitar para prevenir
Desde los médicos que atienden en hospitales y centros de salud, hasta los efectivos policiales, pasando por todo el personal de las diferentes áreas del Gobierno y la Justicia, deben contar con capacitación relacionada con el maltrato infantil, explica Benegas.
Sin ir más lejos, el pediatra asegura que es habitual que los médicos del Notti detecten que un niño es golpeado o abusado, prestando atención a diferentes señales que surgen durante la consulta. "Vienen por distintas patologías y durante la consulta médica empiezan a aparecer señales de maltrato físico y sexual", aclara Benegas y destaca que "los equipos de salud deben saber qué hacer y qué aspectos destacar en el caso para que la Justicia pueda actuar".
Agilizar el sistema
Otra de las áreas que tuvo que salir a dar explicaciones tras el asesinato de Luciana esta semana, fue el Programa de Prevención y Atención del Maltrato a la Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Salud. Ocurrió que entre las denuncias que habían alertado sobre la situación de abandono que estaba sufriendo la pequeña, hubo una que se realizó a través de la línea 102, que atiende las emergencias relacionadas al maltrato infantil.
Marta Stagni, jefa de este servicio, indicó que tal como lo establece el procedimiento, una vez que se recibió el llamado en esa oportunidad, la novedad pasó a manos de la Dinaf, órgano que tiene a cargo los casos en situación de calle. "Nunca se nos denunció que la nena era maltratada físicamente", expresó Stagni y detalló que una de las principales carencias que hoy plantea el programa tiene que ver con la cobertura de las prestaciones para los profesionales que necesitan ser reemplazados.
En total, 150 personas (trabajadoras sociales, médicos, psicólogos) cumplen funciones para este programa en toda la provincia. El problema, asegura Stagni, es que si uno enferma o tiene licencia por embarazo, no hay forma de reemplazarlo debido a que la partida de presupuesto asignada para este fin es "ínfima".
Otra necesidad consiste en "fortalecer los centros de atención que dependen del programa y que funcionan en hospitales y centros de salud, en el Sur, en el Valle de Uco y el Este". También falta sumar psiquiatras infantiles, agilizar el sistema operativo para que atender varias llamadas al mismo tiempo y contratar al menos cuatro operadores para cubrir la atención nocturna de la línea, en horario de 0 a 8 horas, detalló Stagni.
Llamados desesperados
Durante el año pasado, la línea 102 recibió 18.935 llamadas. De ellas, 42% fueron por denuncias de maltrato y consultas, mientras que el 58% restante tuvo que ver con equívocos o llamadas mal intencionadas. Entre el primer grupo, es decir las relacionadas a algún tipo de maltrato sumaron un total de 1.742 durante 2013. Otro dato, es que durante el año pasado las llamadas al 102 ascendieron 18% en comparación con 2012.
El maltrato físico encabezó las estadísticas de porqué las personas denunciaron (58%), mientras que 25% fue por abandono o negligencia por parte del entorno y 8% fue por maltrato psicológico. El resto de las denuncias que requirieron de la atención de los profesionales del programa, estuvo motivada por episodios de situación de calle, trabajo infantil y violencia de diferente índole.
Fuente: Zulema Usach - zusach@losandes.com.ar