Hoy empezaron a declarar los policías detenidos en Córdoba
Daniel Caceres
Ya pasó más de un mes desde los reclamos, motines y acuartelamientos de las policías provinciales en todo el país. En ese marco, saqueos y distintos hechos de violencia dieron lugar a decenas de investigaciones que se desarrollan en varias jurisdicciones.
“La situación procesal de los detenidos se resolverá oportunamente”, aclaró el Raúl Garzón, en diálogo con Infojus Noticias. Mientras tanto, los uniformads están imputados por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito”. Cerca de cincuenta civiles ya están detenidos preventivamente a pedido del fiscal, imputados por robo agravado y encubrimiento, pero son más de un centenar los que están imputados. Este proceso es uno de los más observados, dado que en Córdoba surgieron los reclamos y acuartelamientos que luego se replicaron en casi todo el país.
Adriana Rearte, la mujer detenida junto a los uniformados, fue arrestada cuando protestaba por la suspensión de cuatro efectivos que incitaban a una nueva rebelión. A pedido del gobernador De la Sota, el Gobierno nacional envió mil gendarmes a Córdoba el viernes para garantizar la seguridad de la provincia, dado el clima de malestar entre los efectivos de la policía local. En el fuero federal tramita una causa por sedición policial, que prevé penas de hasta seis años de prisión, según indicaron investigadores de la comisión de fiscales creada por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Foto: Daniel Cáceres
Aunque el delito de sedición está previsto en la Constitución Nacional, y por eso se lo asocia naturalmente con el fuero federal, la Corte Suprema ha reconocido en varias ocasiones que si la rebelión es producida bajo la órbita provincial y con el fin de arremeter contra el Ejecutivo local, la justicia de la provincia es competente para investigarla. Sin embargo, Rodríguez es uno de los fiscales federales que trabaja en conjunto con la comisión creada por Gils Carbó, y que encabeza el fiscal Rodolfo Domínguez, que busca determinar si los acuartelamientos y motines generalizados se dieron en un marco coordinado para poner en jaque al Gobierno nacional.
Concordia fue la ciudad más afectada. García aclaró que “no se trató de acuartelamientos sino directamente de un motín”. En diálogo con Infojus Noticias confirmó que el fruto de las investigaciones se verá en los primeros días de febrero, cuando concrete las imputaciones a civiles y policías –son veinte los uniformados señalados como principales responsables-. En la misma presentación, García pedirá la prisión preventiva para los imputados, que enfrentarán cargos por robo calificado, encubrimiento, sedición, lesiones, daños calificados, peculado de servicio y hasta privación ilegítima de la libertad.
Foto: Gentileza de La Arena
LA PAMPA
El levantamiento policial parecía no tener eco en la provincia hasta que un grupo de personas vestidas de civil tomó la jefatura de Santa Rosa durante la noche del once de diciembre. Al mismo tiempo había acuartelamientos en varias comisarías y se producía la toma del Comando Radioeléctrico de General Pico, que dejó de funcionar durante varias horas.
El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Jorge Ernesto Bonvehí, estaba reemplazando a su par de primera instancia, el fiscal Juan José Baric. Denunció a varios policías por sedición, y con el retorno de Baric a sus funciones, la investigación prosiguió. El ocho de enero, el fiscal pidió la indagatoria de ocho efectivos provinciales y tres ex policías. La jueza subrogante Daniela Anocíbar rechazó el pedido por la feria: consideró que las indagatorias no eran urgentes y podían esperar a febrero.
El Ejecutivo provincial respaldó la urgencia de las diligencias, pero no fue suficiente. Ante el pedido de reconsideración de Baric, la jueza titular Iara Silvestre retornó a sus funciones y se declaró incompetente. Para Silvestre, la causa no es federal sino provincial, y por ende ella no tiene nada que hacer en ese expediente. Baric puede apelar esa resolución, pero fuentes judiciales confiaron a Infojus Noticias que el fiscal no iría ante el tribunal de alzada.
Aunque el aumento salarial para los uniformados –que ronda el 35 por ciento- será respetado por el Ejecutivo provincial, veinticinco comisarios fueron pasados a retiro. Mediante un decreto firmado por el ministro de Seguridad provincial, Jorge Gassenbauer; el secretario de del área, Paul Hoffer; y el propio gobernador, José Alperovich, fueron apartados diez comisarios generales, y quince comisarios mayores, inspectores, principales y comisarios rasos. El ex jefe de la fuerza, Jorge Racedo, había renunciado a su cargo pocos días después de los primeros acuartelamientos.
Fuente:Infojus
Franco Lucatini
A pesar de la
feria judicial, los tribunales y fiscalías provinciales y federales
siguen adelante con los expedientes y buscan dar con los responsables de
cientos de delitos. Un mapa del estado de las investigaciones en las
provincias más afectadas.
Ya pasó más de un mes desde los reclamos, motines y acuartelamientos de las policías provinciales en todo el país. En ese marco, saqueos y distintos hechos de violencia dieron lugar a decenas de investigaciones que se desarrollan en varias jurisdicciones.
CÓRDOBA
El jueves pasado fueron detenidos dieciséis policías y la esposa de un policía retirado, ex empleada del servicio penitenciario provincial. Desde hoy prestarán declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón. Desfilarán por su despacho de a cuatro por día, por lo que el viernes deberían declarar los últimos. Garzón está encargado de las investigaciones por los saqueos en todo Córdoba capital, ya que los fiscales de los otros tres distritos están de feria. En principio su labor de verano terminaría el 15 de enero, pero finalmente se prolongará hasta fin de mes.“La situación procesal de los detenidos se resolverá oportunamente”, aclaró el Raúl Garzón, en diálogo con Infojus Noticias. Mientras tanto, los uniformads están imputados por “desobediencia a la autoridad” e “instigación a cometer delito”. Cerca de cincuenta civiles ya están detenidos preventivamente a pedido del fiscal, imputados por robo agravado y encubrimiento, pero son más de un centenar los que están imputados. Este proceso es uno de los más observados, dado que en Córdoba surgieron los reclamos y acuartelamientos que luego se replicaron en casi todo el país.
Adriana Rearte, la mujer detenida junto a los uniformados, fue arrestada cuando protestaba por la suspensión de cuatro efectivos que incitaban a una nueva rebelión. A pedido del gobernador De la Sota, el Gobierno nacional envió mil gendarmes a Córdoba el viernes para garantizar la seguridad de la provincia, dado el clima de malestar entre los efectivos de la policía local. En el fuero federal tramita una causa por sedición policial, que prevé penas de hasta seis años de prisión, según indicaron investigadores de la comisión de fiscales creada por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Foto: Daniel Cáceres
SANTA FE
El Gobierno santafecino también presentó una denuncia de sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La instrucción es impulsada por Walter Rodríguez, único fiscal federal en la jurisdicción. Aunque lo autorizaron tomarse la segunda quincena de enero como receso, fuentes judiciales confirmaron a Infojus Noticias que su equipo continúa las tareas de investigación. Alberto Martínez, el titular del sindicato policial no reconocido Apropol, está bajo la lupa en este expediente. Escuchas telefónicas ordenadas por Rodríguez darían cuenta de su planificación detrás de los levantamientos de los efectivos.Aunque el delito de sedición está previsto en la Constitución Nacional, y por eso se lo asocia naturalmente con el fuero federal, la Corte Suprema ha reconocido en varias ocasiones que si la rebelión es producida bajo la órbita provincial y con el fin de arremeter contra el Ejecutivo local, la justicia de la provincia es competente para investigarla. Sin embargo, Rodríguez es uno de los fiscales federales que trabaja en conjunto con la comisión creada por Gils Carbó, y que encabeza el fiscal Rodolfo Domínguez, que busca determinar si los acuartelamientos y motines generalizados se dieron en un marco coordinado para poner en jaque al Gobierno nacional.
ENTRE RÍOS
Jorge García, procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, lleva adelante la coordinación estratégica de la investigación en todo Entre Ríos. Fue quien respaldó al gobernador Sergio Urribarri al desconocer el acuerdo salarial por haber sido “arrancado a la fuerza, de manera extorsiva y producto de la sedición”. Desde su despacho salió la orden inmediata, en la noche del ocho de diciembre, de que todos los fiscales entrerrianos comenzaran a investigar los sucesos. La causa por sedición tramitará en el fuero provincial, algo que García acordó con el fiscal federal de Paraná, José Candiotti, porque “fue un levantamiento eminentemente provincial”.Concordia fue la ciudad más afectada. García aclaró que “no se trató de acuartelamientos sino directamente de un motín”. En diálogo con Infojus Noticias confirmó que el fruto de las investigaciones se verá en los primeros días de febrero, cuando concrete las imputaciones a civiles y policías –son veinte los uniformados señalados como principales responsables-. En la misma presentación, García pedirá la prisión preventiva para los imputados, que enfrentarán cargos por robo calificado, encubrimiento, sedición, lesiones, daños calificados, peculado de servicio y hasta privación ilegítima de la libertad.
Foto: Gentileza de La Arena
LA PAMPA
El levantamiento policial parecía no tener eco en la provincia hasta que un grupo de personas vestidas de civil tomó la jefatura de Santa Rosa durante la noche del once de diciembre. Al mismo tiempo había acuartelamientos en varias comisarías y se producía la toma del Comando Radioeléctrico de General Pico, que dejó de funcionar durante varias horas.
El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Jorge Ernesto Bonvehí, estaba reemplazando a su par de primera instancia, el fiscal Juan José Baric. Denunció a varios policías por sedición, y con el retorno de Baric a sus funciones, la investigación prosiguió. El ocho de enero, el fiscal pidió la indagatoria de ocho efectivos provinciales y tres ex policías. La jueza subrogante Daniela Anocíbar rechazó el pedido por la feria: consideró que las indagatorias no eran urgentes y podían esperar a febrero.
El Ejecutivo provincial respaldó la urgencia de las diligencias, pero no fue suficiente. Ante el pedido de reconsideración de Baric, la jueza titular Iara Silvestre retornó a sus funciones y se declaró incompetente. Para Silvestre, la causa no es federal sino provincial, y por ende ella no tiene nada que hacer en ese expediente. Baric puede apelar esa resolución, pero fuentes judiciales confiaron a Infojus Noticias que el fiscal no iría ante el tribunal de alzada.
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| Telam |
TUCUMÁN
El Gobierno tucumano denunció por sedición a los policías acuartelados durante la protesta de diciembre. El expediente tramitó en el fuero provincial, aunque no se descarta que en algún momento pase a la justicia federal. Al comienzo fueron detenidas 86 personas, pero sólo a diecisiete se les dictó la prisión preventiva, a pedido de los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila. Durante la feria la investigación no arrojó mayores resultados. Permanecerá en manos de Mercedes Carrizo hasta los primeros días de febrero, cuando los fiscales naturales retomen su labor.Aunque el aumento salarial para los uniformados –que ronda el 35 por ciento- será respetado por el Ejecutivo provincial, veinticinco comisarios fueron pasados a retiro. Mediante un decreto firmado por el ministro de Seguridad provincial, Jorge Gassenbauer; el secretario de del área, Paul Hoffer; y el propio gobernador, José Alperovich, fueron apartados diez comisarios generales, y quince comisarios mayores, inspectores, principales y comisarios rasos. El ex jefe de la fuerza, Jorge Racedo, había renunciado a su cargo pocos días después de los primeros acuartelamientos.
Fuente:Infojus
Franco Lucatini