Asociación ilícita, sedición y otros delitos
Hoy al mediodía se reúne la comisión de fiscales que investiga los delitos federales cometidos durante las protestas policiales. Las hipótesis y los primeros pasos de las causas judiciales en cada provincia.
Hoy al mediodía se reúnen los miembros de la comisión de fiscales
creada especialmente por la procuradora General Alejandra Gils Carbó
para investigar los delitos federales vinculados con las protestas
policiales mantendrán una reunión para unificar la información sobre las
causas que hay en todas las fiscalías federales del país.
“Todavía estamos en la etapa de recopilación de información. Ya se empezaron a hacer los relevamientos de datos y hubo reuniones de los miembros con gobernadores o funcionarios provinciales”, explicó una fuente de la Procuración General a Infojus Noticias.
La comisión está coordinada por el fiscal federal N° 2 de San Isidro, Rodolfo Fernando Domínguez e integrada por los fiscales generales Federico Martín Carniel, de Resistencia, Chaco, José Ignacio Candioti Puyol, de Paraná, Entre Ríos y Adolfo Raúl Villate de Rosario.
En comunicación con Infojus Noticias, el fiscal Rodriguez informó que en el curso de la mañana firmará el decreto que ordena "medidas ineludibles antes de promover la acción penal". "Se trata de figuras delictivas que todavía no estoy en condiciones de determinar si se dan o no por falta de información", informó el fiscal.
Algunas de las medidas que ordenará el fiscal son el relevamiento del cuadro de situación, el cotejo de la cobertura televisiva del acuartelamiento policial, la solicitud de información oficial al gobierno de la provincia para que informe con quiénes negoció el ajuste salarial. El fiscal comentó que la denuncia presentada por el poder ejecutivo es "bastante escueta" y por eso son necesarias medidas de investigación antes de determinar si corresponde promover la acción penal.
La denuncia recibida en la fiscalía incluye una serie de fotos de efectivos policiales acuartelados pero que todavía no están identificados. En esas imágenes se ve que la protesta se produjo "con la utilización de bienes afectados al servicio público como los patrulleros. Es decir, que utilizaron los bienes del Estado contra el propio Estado", detalló el fiscal.
El fiscal Rodriguez está trabajando en coordinación con el fiscal Rodolfo Dominguez, quien coordina la comisión de fiscales creada por la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.
Carniel, que integra la Comisión conformada por Gils Carbó, también convocó al resto de los fiscales de su jurisdicción para que colaboren en la investigación. En su escrito destacó que los reclamos policiales chaqueños y del personal del servicio penitenciario local se produjo a sabiendas que generaba la comisión de “múltiples delitos por parte de personas que aprovecharían esta situación de “zonas liberadas” para llevar adelante sus fines delictivos, los cuales derivan en atentados simultáneos contras las personas, la propiedad y el orden público, ataques indiscriminados que se producen en poblado y en banda en el territorio provincial”, informó el portal Fiscales.gob.ar.
El Fiscal General también resaltó que si bien esos delitos “serían de jurisdicción ordinaria no es menos cierto que como se estarían realizando en función de la coexistencia de los mismos con la ausencia de autoridades policiales, hacen presumir que se podría estar vulnerando la ley 23.077 de Defensa de la Democracia”.
"El autoacuartelamiento de personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego implica un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimida en la ley penal argentina", dijo Adler quien calificó los hechos como constitutivos del "delito de asociación ilícita agravada y sedición en concurso real". Y en declaraciones al sitio Fiscales, resaltó la importancia de "los valores que hay en juego: el orden, la tranquilidad pública, la seguridad pública. Quienes tienen la defensa y su custodia se alzan contra eso, es insólito".
Adler destacó la necesidad de utilizar las herramientas legales para hacer frente a este tipo de actos, como la prevista en el artículo 231 del Código Penal, que prevé la doble advertencia a los sediciosos antes del uso de la fuerza para disolverlos y que los avisos "no serán necesarios" si los sublevados "hicieren uso de las armas".
García dijo que se investigaran que rol desempeñó cada uno en la situación y que de eso dependerá si se acusa de sedición a algunos y amotinamiento a otros agentes de policía.
“La acción penal nunca se detiene, no depende del acuerdo que se haya arribado. Celebramos que se haya llegado a un acuerdo y esta gente haya depuesto la actitud de amotinamiento. Eso hace a la pacificación del conflicto en general, pero no tiene ninguna trascendencia en cuanto a la acción penal que la Justicia va a investigar las conductas de sedición e instigación a los robos calificados”, explicó el procurador.
“El mismo hecho de quebrantar el deber positivo que tiene que ver con la vigilancia y con la custodia de las personas, cuando yo estoy diciendo que en vez de hacer eso no voy a hacer nada y me voy a acuartelar, eso es una instigación a los saqueos”, explicó.
La denuncia fue presentada por el fiscal de Estado de la provincia y ahora tramita en la fiscalía a cargo de Adriana Reinoso Cuello. En esa denuncia se menciona a cuatro personas como los cabecillas del acampe adentro de la Subjefatura policial: un policía retirado y tres policías cesanteados.
El resto de los participantes de la protesta policial no están identificados. La fiscal Reinoso Cuello había anunciado que si los policías no aceptaban la propuesta salarial iba a ordenar el desalojo y la identificación de los policías pero como se llegó a un acuerdo el desalojo no fue necesario. La fiscal dijo a Infojus Noticias que una de las medidas posibles es la identificación a través de las impágenes tomadas por los canales de televisión.
En la misma fiscalía tramitan las causas de las cincuentas personas detenidas durante los saqueos a comercios.
“Todavía estamos en la etapa de recopilación de información. Ya se empezaron a hacer los relevamientos de datos y hubo reuniones de los miembros con gobernadores o funcionarios provinciales”, explicó una fuente de la Procuración General a Infojus Noticias.
La comisión está coordinada por el fiscal federal N° 2 de San Isidro, Rodolfo Fernando Domínguez e integrada por los fiscales generales Federico Martín Carniel, de Resistencia, Chaco, José Ignacio Candioti Puyol, de Paraná, Entre Ríos y Adolfo Raúl Villate de Rosario.
Santa Fe: “Se utilizaron los bienes del Estado contra el propio Estado”
El gobierno de Santa Fe presentó una denuncia por sedición e incumplimiento de deberes de funcionario público. La investigación está a cargo del fiscal Walter Rodriguez.En comunicación con Infojus Noticias, el fiscal Rodriguez informó que en el curso de la mañana firmará el decreto que ordena "medidas ineludibles antes de promover la acción penal". "Se trata de figuras delictivas que todavía no estoy en condiciones de determinar si se dan o no por falta de información", informó el fiscal.
Algunas de las medidas que ordenará el fiscal son el relevamiento del cuadro de situación, el cotejo de la cobertura televisiva del acuartelamiento policial, la solicitud de información oficial al gobierno de la provincia para que informe con quiénes negoció el ajuste salarial. El fiscal comentó que la denuncia presentada por el poder ejecutivo es "bastante escueta" y por eso son necesarias medidas de investigación antes de determinar si corresponde promover la acción penal.
La denuncia recibida en la fiscalía incluye una serie de fotos de efectivos policiales acuartelados pero que todavía no están identificados. En esas imágenes se ve que la protesta se produjo "con la utilización de bienes afectados al servicio público como los patrulleros. Es decir, que utilizaron los bienes del Estado contra el propio Estado", detalló el fiscal.
El fiscal Rodriguez está trabajando en coordinación con el fiscal Rodolfo Dominguez, quien coordina la comisión de fiscales creada por la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.
Chaco: “Se podría estar vulnerando la ley de Defensa de la Democracia”
El Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Federico Carniel, convocó al Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, Carlos Armad para que lo asista en la investigación de los hechos que se registraron en los últimos días y aquellos que podrían poner en riesgo constitucional a la provincia, una tarea encomendada por la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó.Carniel, que integra la Comisión conformada por Gils Carbó, también convocó al resto de los fiscales de su jurisdicción para que colaboren en la investigación. En su escrito destacó que los reclamos policiales chaqueños y del personal del servicio penitenciario local se produjo a sabiendas que generaba la comisión de “múltiples delitos por parte de personas que aprovecharían esta situación de “zonas liberadas” para llevar adelante sus fines delictivos, los cuales derivan en atentados simultáneos contras las personas, la propiedad y el orden público, ataques indiscriminados que se producen en poblado y en banda en el territorio provincial”, informó el portal Fiscales.gob.ar.
El Fiscal General también resaltó que si bien esos delitos “serían de jurisdicción ordinaria no es menos cierto que como se estarían realizando en función de la coexistencia de los mismos con la ausencia de autoridades policiales, hacen presumir que se podría estar vulnerando la ley 23.077 de Defensa de la Democracia”.
Mar del Plata: asociación ilícita y sedición
El Fiscal General de Mar del Plata, Daniel Adler, pidió al Fiscal Federal de turno, Pablo Larriera, que investigue penalmente los saqueos realizados entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en medio de una protesta policial de “brazos caídos” en un hecho que calificó de asociación ilícita y sedición."El autoacuartelamiento de personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego implica un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimida en la ley penal argentina", dijo Adler quien calificó los hechos como constitutivos del "delito de asociación ilícita agravada y sedición en concurso real". Y en declaraciones al sitio Fiscales, resaltó la importancia de "los valores que hay en juego: el orden, la tranquilidad pública, la seguridad pública. Quienes tienen la defensa y su custodia se alzan contra eso, es insólito".
Adler destacó la necesidad de utilizar las herramientas legales para hacer frente a este tipo de actos, como la prevista en el artículo 231 del Código Penal, que prevé la doble advertencia a los sediciosos antes del uso de la fuerza para disolverlos y que los avisos "no serán necesarios" si los sublevados "hicieren uso de las armas".
Entre Ríos: “sedición e instigación a los robos calificados”
El Procurador General del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, Jorge García, aseguró que investigará las conductas de los policías que el domingo por la noche se auto acuartelaron en la jefatura policial de Concordia, por los delitos de “sedición e instigación a los robos calificados”.García dijo que se investigaran que rol desempeñó cada uno en la situación y que de eso dependerá si se acusa de sedición a algunos y amotinamiento a otros agentes de policía.
“La acción penal nunca se detiene, no depende del acuerdo que se haya arribado. Celebramos que se haya llegado a un acuerdo y esta gente haya depuesto la actitud de amotinamiento. Eso hace a la pacificación del conflicto en general, pero no tiene ninguna trascendencia en cuanto a la acción penal que la Justicia va a investigar las conductas de sedición e instigación a los robos calificados”, explicó el procurador.
“El mismo hecho de quebrantar el deber positivo que tiene que ver con la vigilancia y con la custodia de las personas, cuando yo estoy diciendo que en vez de hacer eso no voy a hacer nada y me voy a acuartelar, eso es una instigación a los saqueos”, explicó.
Tucumán
El poder ejecutivo de la provincia de Tucumán presentó una denuncia el lunes 9 a la tarde en virtud de los artículos 229 (que pena a quienes "se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley") y el artículo 250 que pena al "jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente".La denuncia fue presentada por el fiscal de Estado de la provincia y ahora tramita en la fiscalía a cargo de Adriana Reinoso Cuello. En esa denuncia se menciona a cuatro personas como los cabecillas del acampe adentro de la Subjefatura policial: un policía retirado y tres policías cesanteados.
El resto de los participantes de la protesta policial no están identificados. La fiscal Reinoso Cuello había anunciado que si los policías no aceptaban la propuesta salarial iba a ordenar el desalojo y la identificación de los policías pero como se llegó a un acuerdo el desalojo no fue necesario. La fiscal dijo a Infojus Noticias que una de las medidas posibles es la identificación a través de las impágenes tomadas por los canales de televisión.
En la misma fiscalía tramitan las causas de las cincuentas personas detenidas durante los saqueos a comercios.