El ministerio de Justicia investiga a responsables de redes sociales que convocan a saqueos y los vinculó con sectores políticos
El viceministro de Justicia, Julián Alvarez, relacionó al concejal del massismo Salvador Barata con quienes promueven los saqueos, por haberse expresado por medios de comunicación a favor de los reclamos policiales. Alak informó que los fiscales bonaerenses estarán de guardia permanente.
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el viceministro, Julián Alvarez,
denunciaron que por distintas redes sociales “se está convocando a una jornada de saqueos para el 20 de este mes” y afirmó que se están identificando los autores de esos llamamientos y que serán llevados a la Justicia.
Afirmó Álvarez que en el fin de semana pasada se detectaron “casi doce conflictos en distintos lugares del país” donde los autores de los saqueos “crean desestabilización y están apoyados por distintos sectores políticos, entre los que mencionó al “concejal del massismo, Salvador Baratta, quien se encuentra expresamente manifestándose en los medios”.
“Creemos que estos grupos organizados deben ser investigados así como
sus vinculaciones con sectores de la política argentina", agregó.
Por su parte, el ministro Alak afirmó que "se ha podido comprobar en
forma fehaciente que los saqueos no son espontáneos sino organizados" y
advirtió que "no se puede privar a la población argentina de un
servicio esencial como la seguridad pública".
Consideró que los saqueos "no obedecen a una necesidad alimentaria,
sino a necesidades de saqueos" que además se producen “en un momento en
que Argentina tiene la más baja tasa de desocupación y en una época del
año en que hubo hechos de tipo repetitivo".
“No queremos que esta acción de saqueadores empañen la celebración de los 30 años de democracia", agregó Alak.
Hizo un llamado “una vez más a la reflexión" a los policías para que
"depongan la privación de seguridad a la población", y anunció que la
procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, “ha puesto en guardia permanente a los 720 fiscales” de esa jurisdicción en tanto que la Procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “está a punto de emitir una medida para que los fiscales de todo el país “prioricen la investigación” de los saqueos.
Además se convocó a una reunión de los procuradores generales de
todas las provincias, en la que participarán Gils Carbó, el secretario
de Seguridad, Sergio Berni, y representantes del
Ministerio de Justicia. El encuentro será para el próximo viernes en la
ciudad de Córdoba para “coordinar y dar la máxima precisión a hechos de
investigación y procesamiento a los que no están cumpliendo con la ley”.
Álvarez y Alak aseguraron que desde la cartera que conducen iniciarán
las denuncias penales para que se investigue a quienes impulsan y
organizan los saqueos, y para que se procese a quienes no estén
cumpliendo con su deber de “garantizar un derecho de todos los
ciudadanos como es la seguridad pública”.
Alak señaló que la seguridad “es un servicio publico esencial, del
que ningún ciudadano puede ser privado. Es decir que quien ingresa a una
institución policial, sabe que no puede recurrir a medidas de fuerzas.
Más allá de cualquier reclamo, todo se puede analizar y llevar adelante
en el marco de la constitución y de las leyes, pero no se puede privar a
la población argentina de la seguridad pública”.
“La Justicia tiene que actuar con toda la firmeza, tanto en los casos
de quienes saquean como en los casos de quienes incumplen con
garantizar un servicio público”, remarcó el ministro de Justicia, y
señaló que los policías que continúan con la protesta están violando
principios legales y constitucionales.
Aseguró que se tipo de medias de fuerzas adoptadas por la policía
generan una “alteración al orden publico”, y que “luego que la
democracia evitara que la Fuerzas Armadas alteren las practicas
constitucionales, no vamos a permitir que suceda que las policía adopten
prácticas que vayan en ese sentido, como vimos en varios casos en
América Latina, el más importante de ellos en Ecuador. En Argentina eso
no va a suceder”.
Al ser consultado sobre si pensaba que las policías provinciales
querían interrumpir el orden constitucional Alak dijo que “no”, pero que
no se aceptarán extorciones. Explicó que “la portación de armas es
incompatible con la sindicalización”, y que “existen vías
institucionales para que cualquier tema de necesidad de la Fuerza pueda
plantearse pero lo que no puede hacerse es privar a la población de
derecho a la seguridad”.
Por último, Alak señaló que la mayoría de las fuerzas policiales no
están participando de la medida de fuerza, que es una minoría la que
esta tratando de no brindar el servicio publico y llevando adelante esa
práctica que va contra la ley.