El proyecto de ley intenta reducir el consumo por daños que causa la adicción al juego, y evitar que apostadores sean inducidos mediante desinformación o manipulación. Dispone prohibir la publicidad en medios de comunicación, y obliga a que dentro de salones de juego se advierta daños a la salud y calidad de vida.
El proyecto de estos dos radicales riojanos intenta atacar las consecuencias que genera la adicción al juego y reducir el consumo, evitando que quien apuesta sea inducido mediante desinformación o sesgo informativo, y particularmente prevenir la iniciación de adolescentes y menores.
“A pesar de la aceptación social de la actividad, que genera una imagen de los juegos de apuestas como actividades de ocio, distracción, asociadas a alegría y fortuna, la ludopatía es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, donde una persona no sabe o no puede abandonar esa conducta por sí sola, le causa sufrimiento, y le complica su vida personal, familiar y social”, alarmó la diputada Inés Brizuela y Doria.
Entre las medidas salientes, el proyecto prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio del consumo de juegos de azar o la realización de apuestas en ellos, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación.
Dispone que en los casos donde esté permitida, se deberán incluir mensajes sanitarios, como “el juego compulsivo causa tristeza, ansiedad, depresión, irritabilidad”, o “el juego compulsivo causa problemas de pareja y familiares”, entre otros establecidos.
La diputada advirtió que en nuestro país existe una relación directa entre las crisis socio-económica, la proliferación de bingos, casinos, máquinas de monedas, y el crecimiento de esta adicción. “Desde el Estado debemos trabajar más fuerte en relación a esta adicción, es evidente que la prevención de las adicciones no es tarea sencilla, la persona es libre para jugar, pero el Estado es responsable de su conducta, por ende es responsable de administrar el juego, para cuidarlo y protegerlo”, señaló.
La ley contempla como juego de azar a concurso, sorteo, competencia, apuesta o lotería, que implique comprometer cantidades de dinero u otros bienes para obtener un premio en dinero o en especie, entre otros especificados. También impone restricciones sobre la venta y lugares en los que se realizarán, y establece al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación, quien deberá formular programas de prevención de la ludopatía.