EL PARTIDO SOCIALISTA FRENTE AL ACUERDO CON CHEVRON
El PS rechaza el acuerdo suscripto entre YPF y Chevron
por resultar contrario al interés nacional, violatorio de la legislación y
contener cláusulas secretas
El fracaso de la política energética, si es que así puede
denominarse a las contradictorias medidas tomadas por este gobierno, está llevando
a nuestro país al mayor déficit de la balanza comercial de los últimos 10 años.
Argentina importaba en el año 2003 alrededor de 550 millones de dólares en
energía; en 2012 debió importar por valor de 9.266 millones de dólares y este
año se estima que las importaciones de energía alcancen los 13.300 millones de
dólares. En estos últimos 10 años, las importaciones de energía se multiplicaron
por 20.
Tanto el decreto 929/13 como la próxima ley de aprobación del
acuerdo por parte de la legislatura de Neuquén resultan contrarios a la
legislación en la materia, puesto que antes de otorgarse cualquier tipo de
permiso de explotación de gas o petróleo por métodos no convencionales, el
Congreso Nacional debería sancionar una nueva ley de hidrocarburos que habilite
específicamente dicha metodología. Al respecto, consideramos necesario que la
sociedad se dé el debate acerca de la conveniencia de dicho modelo extractivo,
prohibido o suspendido en muchos países.
El acuerdo suscripto con Chevron, multinacional de muy dudosa
responsabilidad social, mundialmente desprestigiada por violar derechos humanos
y por los pasivos ambientales que ha dejado sin subsanar, contiene cláusulas
que de manera ilegítima e inmoral se mantienen en secreto.
Observamos también con preocupación que el gobierno nacional
continúe con la política menemista de aceptar la jurisdicción extranjera para
resolver las controversias suscitadas por un contrato a cumplirse íntegramente
en nuestro territorio.
Instamos a la
Legislatura de la Provincia de Neuquén a custodiar los recursos
naturales en su territorio y bregar para un ambiente más sano y sin dejar de lado
los valores esenciales de la democracia y el federalismo, y no consentir la
entrega de su patrimonio por más de 35 años sin conocer siquiera las
condiciones en la que lo hace.