La UCR repudia los violentos desalojos llevados a cabo ayer por fuerzas policiales en tierras pertenecientes a la comunidad auqajkuna del pueblo Tonokoté al norte de la ciudad de Santiago del Estero.
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La represión se produjo por orden del juez Guillermo Tarchini Saavedra, en el marco de una causa iniciada por la Fiscalía de Estado que busca un desarrollo inmobiliario en esa locación.
El despliegue se realizó a pesar de la presencia de menores de edad en la zona de conflicto, provocando la hospitalización de dos de ellos, ademas de la detención de dos miembros de la comunidad.
Con su accionar, el Estado está violando el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional que se expresa sobre los "pueblos indigenas argentinos" y llama a "reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan."
Estos desalojos también están en clara infracción del Derecho Internacional, y de convenios generales y específicos entre nación y provincia sobre el relevamiento de tierras indígenas de la ley 26.160 que establece que durante la vigencia del mismo serán suspendidos los desalojos en tierras con posesión actual, tradicional y pública de una comunidad indígena.
Como miembros del espacio político hacemos eco del reclamo legítimo de nuestros pueblos originarios y exigimos la intervención enfática contra este atropello a los derechos fundamentales de la comunidad auqajkuna.
Asimismo, desde el radicalismo vemos con preocupación el sistemático mal trato del Estado hacia pueblos originarios a lo largo del país.
El pasado abril una comitiva de legisladores radicales viajó a Formosa para relevar la situación de los QOM y otras comunidades de la región, y produjeron un informe que entre otros problemas, incluye la ausencia del relevamiento territorial que ordena la ley 26.160, el reclamo de regularización dominial y titularización, y la solicitud de hacer extensivos los programas de viviendas a los pueblos originarios.
Exhortamos en esta fecha patria del 25 de mayo a que las autoridades imiten la lucha de nuestros compatriotas contra el imperialismo y la usurpación 203 años atrás. La tierra es un derecho adquirido de los pueblos originarios, de su familia y comunidad.