Opinión
Mucho se dijo en las últimas
semanas respecto de los acontecimientos vinculados a la presencia de grupos
narcos disputando territorios, violencia social y connivencia policial. Problemáticas
complejas que requieren compromisos de múltiples actores: del Estado, del
conjunto de la dirigencia y militancia política y de la ciudadanía.
No son útiles, sino más bien
contraproducentes,
los discursos y proclamas que tienen como objetivo el aprovechamiento
político
de situaciones dolorosas. Decir “Rosario es Narcópolis” es similar a la
expresión “en la villa son todos vagos y chorros”, son etiquetas que
estigmatizan,
confunden y más que aportar a la solución del problema, suman
incertidumbre a
una sociedad que necesita más propuestas consensuadas y menos titulares
grandilocuentes.
Como posible aporte, acercamos algunas
reflexiones:
¿Cuáles son las causas que generan la profusión de bandas juveniles vinculadas al delito?
Entre otras, hay que
considerar el sentido de pertenencia, la necesidad económica y la promesa de
ascenso social, así como el desapego a una vida que no ofrece, en general,
grandes expectativas. Por eso, hay que construir nuevas identidades sobre todo,
pero no únicamente, en los sectores juveniles en situación de vulnerabilidad. Es
necesario fortalecer la intervención
estatal con políticas sociales de largo plazo, integrales y atractivas, con el
poder de incorporar a jóvenes que hoy son tentados con la oferta de las organizaciones
criminales.
Estas políticas estatales deben ser construidas junto a las
organizaciones que viven y actúan en el territorio y recibir también los
aportes hacia la inclusión en el mercado de trabajo del sector empresarial. Por
esto es positiva la convocatoria de un Consejo Económico y Social que deberá
extenderse y consolidarse.
Otro aspecto a tener en cuenta, que
compromete al Poder Legislativo nacional, es la criminalización que se hace de
los consumidores de sustancias psicoactivas. La aún pendiente despenalización
de los consumos aportaría al redireccionamiento de los recursos judiciales y económicos
hacia la persecución de los narcotraficantes por un lado, y hacia la atención desde la salud pública que
requiere el consumo problemático de sustancias, por otro.
Un aporte más hacia la prevención
de la violencia sería crear y/o fortalecer programas educativos/recreativos/
culturales/ comunicacionales en unidades penitenciarias e instituciones
juveniles así como el mejoramiento de las condiciones de los establecimientos carcelarios.
El porcentaje de reincidencia en el delito disminuye cuando se respetan los
derechos humanos de las detenidos/as y se logra su participación en propuestas
útiles para su reinserción social.
Se necesita brindar continuidad
y profundidad a la reforma policial, las
fuerzas federales deben actuar en el control del narcotráfico, las agencias
gubernamentales deben ocuparse de las investigaciones financieras para
controlar el flujo de dinero proveniente de los circuitos económicos ilegales, la
justicia federal y provincial deben ponerse a tono e insistimos en la necesidad
de brindar herramientas de contención e integración a quienes son el eslabón más
débil de la cadena delictiva. En definitiva, las principales víctimas mortales,
según las estadísticas, son los jóvenes más pobres.
Con decisión, trabajo, compromiso y consenso, sin necesidad de caer en golpes bajos ni oportunismos políticos, es posible construir seguridad desde una perspectiva democrática. Que asegure el ejercicio y promoción de los Derechos Humanos. Que incluya una mirada desde lo social, lo educativo, lo cultural, lo comunicacional y desde la participación ciudadana.
Gabriela Sosa
Movimiento Libres del Sur en el FAP