El temporal que
azotó hace poco a la ciudad no solamente nos deja el saldo de familias y
comerciantes que han perdido sus pertenencias y de víctimas de la
inundación en Rosario y en la provincia: también nos exhibe el rostro de
la ciudad mas violenta del país en el fin de año.
No sólo están rotas las calles. También se rompieron muchos vínculos. No
sólo se multiplicaron los baches. También hay "roturas" y rupturas en
la sociedad que es necesario enmendar: inundación, más de 40 comercios
robados y cuatro muertos en ocasión de estos saqueos.
Pareciera que hay algo que se está resquebrajando y que no se arregla
con pavimento ni infraestructura, aunque tampoco se hagan ni el
pavimento ni la infraestructura que corresponde a una ciudad de esta
escala.
Hace mucho que instalamos en la opinión publica la necesidad de combatir
la inseguridad desde la mirada municipal. Hace tiempo que compartimos
que la violencia perfora la calidad de vida, enfrenta a vecinos de
manera irreconciliable y provoca episodios de intolerancia y muerte,
desatado por distintas causas que van desde una inundación evitable como
la que vivimos en algunos barrios, hasta la simple divulgación de
"rumores".
El gobernador Bonfatti reconoció que en la provincia de Santa Fe existen
alrededor de 350.000 adictos. Es una cifra terrible si, trasladada a la
proporcionalidad de Rosario, arroja un número de más de 150.000 adictos
en la ciudad.
La crisis de violencia vivida en la Navidad rosarina también nos exhibe
el nivel de armamento que nos rodea. Han fracasado todos los intentos
institucionales de "desarmes" y las cifras de los programas que se han
ejecutado a esta altura son anecdóticas. Lo cierto es que la ciudad
reacciona armada frente a determinados estímulos, de manera permanente.
No por nada llevamos la peor parte de las estadísticas nacionales
terminando el año 2012 con el índice de homicidios mas alto del país:
más de 17 crímenes cada cien mil habitantes por año, triplicando casi a
la ciudad de Córdoba y superando con creces la media nacional.
Resulta claro que ya no es un problema de aumento de delitos y nada más.
La inseguridad está vinculada a un conflicto social del que la policía
es parte.
La institución policial, luego de las acusaciones de narcotráfico y de
los episodios conocidos durante 2012, ingresó en uno de los espirales
negativos más resonantes de su historia democrática. Policía y delito,
cuando se amalgaman, quebrantan la convivencia y desafían la paz social.
El estado actual de inseguridad, claro está, no se resuelve sólo con más
policías, sino con mejor policía y también con equipamiento, movilidad,
autoridad y organización. Lo urgente no debe taparnos lo importante y
lo importante, en este caso, es la jerarquización de la fuerza, la
capacitación y formación continua, el pago de buenos salarios y la
incorporación de controles comunitarios y parlamentarios de su accionar.
La policía depende directamente del gobernador, que es quien fija la
política de seguridad, pero si el sistema flaquea, la Legislatura
recobra toda su potencialidad de regular la materia de seguridad como lo
indica el artículo 55, inciso 18 de la Constitución santafesina. La ley
de emergencia en seguridad pública es una prueba de ello.
En una ciudad con alrededor de 150.000 adictos y un aumento del 54 por
ciento de crímenes en los últimos cinco años, el proceso empieza a ser
irreversible.
Claro que queda algo y mucho por hacer. Deberíamos comenzar el año
comprometiéndonos en algunos puntos, que no alcanzan, pero que sirven
para empezar:
1. Aumentar la inversión social en prevención y reinserción laboral de los sectores más vulnerables.
2. Constituir un consejo municipal de lucha contra el narcotráfico, como
un espacio intergubernamental presidido por la intendenta, con la
participación de funcionarios provinciales y nacionales, del Poder
Judicial provincial y federal y de representantes de la sociedad civil,
dedicado al seguimiento de las acciones emprendidas por el Estado en la
lucha contra el narcotráfico
3. Crear un centro metropolitano de prevención y rehabilitación de
adictos para el tratamiento gratuito de adicciones derivadas del abuso
del alcohol y las drogas prohibidas. Muchas familias y personas están
solas frente a este flagelo y necesitan de una respuesta pública.
4. Establecer un teléfono 0800-droga-no, brindando al vecino la
oportunidad de denunciar la venta ilegal de estupefacientes, de forma
gratuita y confidencial.
5. Generar un plan municipal de desarme monitoreado desde la sociedad
civil, aumentando el control de la portación y tenencia ilegal de armas.
6. Implementar un programa de fortalecimiento real de las instituciones
deportivas barriales, como centros de contención integral de los niños,
niñas y adolescentes.
7. Establecer un programa de capacitación en oficios y oportunidades laborales.
8. Ejecutar la ordenanza de convivencia escolar (n° 8149) para prevenir la violencia en las escuelas.
Nuestra ciudad nació y creció con el esfuerzo de sus trabajadores y
empresarios, mujeres y hombres capaces de cruzar el océano y empezar de
nuevo.
Tendremos que recuperar esos valores que construyeron a Rosario para
seguir haciendo grande a Rosario. El presente es muy duro y el futuro
será incierto si no paramos la violencia y reconstruimos las redes
comunitarias. Para eso será necesario invertir recursos humanos y
económicos, con el liderazgo y la convicción que muchas veces faltan.
Diego Giuliano,Edil rosarino, doctor en derecho y ciencias sociales.