La mayoría de los acusados pertenece a la provincia de Buenos Aires. Hoy varios podrían recuperar la libertad mientras continúa la causa. Se los acusa de robo y hurto calificado, en poblado y en banda.
A cinco días del comienzo de los saqueos, la situación en todo el país parece haberse normalizado: aunque todavía quedan cientos de detenidos (la mayor parte de ellos en la provincia de Buenos Aires), a partir de hoy podría comenzar a definirse la situación procesal de muchos de ellos, que así recuperarían la libertad, aunque no se descarta que en algunos casos se postergue esa decisión.
El juez tiene hasta 15 días para hacerlo. Por otra parte, el lunes la policía bonaerense detuvo a tres hombres que manejaban un Volkswagen Bora que había sido visto el viernes durante los episodios de San Fernando. Adentro del auto encontraron una tijera como las que se utilizan para cortar candados.
Robo y hurto calificado, en poblado y en banda, agravado por la utilización de armas de fuego, en algunos casos, y de menores, en otros, son las figuras que los fiscales abocados al caso coinciden mayoritariamente para imputar a los detenidos. Según el Código Penal, podrían corresponderle penas de entre 3 y 10 años de prisión.
Página/12 pudo averiguar que “hay voluntad política de llegar hasta el fondo de la cuestión”, por lo que los sospechosos seguirán siendo interrogados para intentar develar la trama detrás de los episodios de violencia.
En Rosario, donde los saqueos tuvieron mayor intensidad y dejaron dos muertos, quedan 31 detenidos. La mayoría de ellos formaban parte de los 137 apresados in fraganti durante los sucesos de la madrugada del viernes, otros durante el sábado y el domingo en operativos policiales realizados en base a información de inteligencia. Dos son mujeres, mientras que varios cuentan con antecedentes, según se desprende de la información que dio el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Santa Fe, Matías Drivet, a medios locales.
También se secuestraron vehículos (motos, automóviles y camionetas) que habrían participado del vandalismo mientras se sigue buscando a otros que fueron identificados en el lugar de los hechos y aparecen en fotografías y filmaciones. La hipótesis en la que coinciden el gobierno socialista de la provincia y el peronismo opositor es que se trató de acciones coordinadas, aunque todavía falta identificar a los autores intelectuales.
Sobre una hipótesis similar se trabaja en la provincia de Buenos Aires, donde todavía permanecen demorados la mayoría de los 503 detenidos entre el jueves y el viernes pasado. Aunque algunas versiones indican que hoy mismo podría excarcelarse a la mayoría de los sospechosos, quienes de todas formas quedarían procesados, otras señalan que no habrá novedades al respecto antes de fin de año.
Mientras tanto, el gobierno de Río Negro indemnizará a los pequeños y medianos comerciantes afectados por los hechos ocurridos el jueves pasado en San Carlos de Bariloche, con sumas de hasta 30 mil pesos para cada comercio, dependiendo de las pérdidas de mercadería y del daño edilicio sufrido durante los saqueos. El ente encargado de implementar este subsidio será la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (Artrn), que tomará contacto con los damnificados para iniciar el inventario correspondiente.