El juez de Instrucción Juan Andrés Donnola sale de Jefatura tras firmar un acta con la cúpula policial.
Los agentes del Comando Radioeléctrico de la
policía rosarina volvieron a patrullar las calles de Rosario a media
mañana de ayer. Atrás habían quedado 20 horas de tensión y negociaciones
de todo tipo para destrabar el alzamiento de unos 70 uniformados que se
congregaron frente a la sede local de gobernación para protestar por un
cambio en su régimen horario de trabajo y que con el correr del reloj
se transformó en un autoacuartelamiento que involucró a unos 400
efectivos de la fuerza de calle en el patio de Jefatura. Todo empezó a
desandarse a partir de las 8 de ayer cuando el juez de Instrucción en
turno llegó a la sede de la policía y, tras una reunión con los altos
jefes y un diálogo telefónico con el ministro de Seguridad de la
provincia, labró un acta para que todo "vuelva a la normalidad". Sin
embargo, a todos les quedó la sensación de que el conflicto de fondo por
el cual estalló la manifestación no se resolvió. "Queremos dejar en
claro que una fuerza de seguridad no puede abandonar el servicio en
tiempos tan conflictivos como los que corren", expresó el ministro Raúl
Lamberto tras un prolongado silencio,según publica La Capital
Como conclusión, los policías del Comando seguirán
trabajando con el régimen horario que les pretendieron modificar aunque
comprometiéndose, junto a sus jefes, a tener en las calles 45 móviles en
cada uno de los tercios. En tanto, la Jefatura de provincia ordenó que
se sustancien los sumarios administrativos correspondientes a todo el
personal que participó de la medida, incluyendo al jefe del Comando,
comisario Ariel Zancochia, y al titular de la Agrupación Cuerpos de la
Unidad Regional II, comisario Sergio Vergara, "para esclarecer cómo
sucedieron los hechos y deslindar las responsabilidades de cada uno de
ellos ya que, a diferencia de protestas anteriores, en este caso no hubo
ninguna cabeza visible que movilizara el conflicto", aseguró el
comisario Hugo Tognoli, jefe de la policía santafesina.
Todo se inició el
jueves al mediodía cuando 30 móviles del Comando Radioeléctrico, el
tercio de efectivos completo que por esa hora patrullaba la ciudad, se
estacionaron frente a la sede local del gobierno, en Santa Fe al 1900,
para visibilizar su malestar ante el cambio en el esquema de horario de
trabajo ordenado por el Ministerio de Seguridad. El mismo disponía 8
horas de trabajo por 24 de descanso en lugar de las 9 por 31 que
realizaban y que seguirán realizando. El nuevo modelo fue bajado por la
superioridad el miércoles y, según dijeron los policías, además de
acortarles el tiempo de descanso les limitaba la posibilidad de realizar
servicios adicionales, lo que se traduce en un recorte de sus ingresos
de bolsillo.
La medida fue aprovechada por los uniformados para
sumar su descontento por otras situaciones que dicen vivir a diario.
"Estamos cansados de ser los que damos la cara en las calles, en los
conflictos y en los barrios pesados. Mientras nosotros andamos en
móviles que no tienen ni líquido de freno, ligamos piedrazos y puteadas
cada vez que vamos a determinados sectores de la ciudad y tenemos que
hacer adicionales para llevar un sueldo digno a nuestras casas, los
jefes se pasean en 4x4 y se enriquecen recaudando", manifestó un joven
manifestante.
Tras un par de horas en la plaza San Martín, los
manifestantes se dirigieron a la Jefatura acatando un pedido del jefe de
la Agrupación Cuerpos para "seguir dialogando allí". Ese cambio de
escenario les hizo perder la visibilidad de la protesta pero sumó a
otros uniformados que esperaban allí el cambio de turno que se iba a
producir a las 14 del jueves. En ese momento, el mencionado jefe
policial calificó la situación como "una inquietud que tienen algunos
efectivos por un cambio en los horarios de trabajo" y remarcó que "hay
una verticalidad a la que me debo atener y hacerle entender al personal
que la situación social nos lleva a hacer una serie de modificaciones
para seguir con el servicio normal".
Así se fueron consumiendo las horas sin que hubiera
ninguna respuesta política. Entonces, al tercio de policías que había
iniciado la medida se sumaron sus compañeros de los otros tercios. A la
medianoche del jueves eran unos 400 efectivos en el playón del Comando,
en Jefatura.
Por entonces, el jefe de la policía provincial,
comisario Hugo Tognoli, había llegado a la ciudad para mantener una
conversación con el ministro Lamberto en la sede del gobierno. Poco
después se trasladó a la Jefatura, en cuyo frente familiares de los
manifestantes quemaban gomas, y se reunió con la cúpula de la UR II.
Tras el cónclave, el subjefe de policía provincial, comisario Cristian
Sola, y el jefe del Comando rosarino, Ariel Zancochia, bajaron a
dialogar con los uniformados. "La verdad es que yo no entiendo a los
pibes del Comando pero tampoco al poder político. Veinte tipos cortan la
Circunvalación y enseguida va un político a hablar con ellos. Acá no
vino nadie. ¿Qué nos están diciendo? Que no les importamos como
personas", se quejó ayer un viejo policía.
En la
asamblea, los agentes presentaron un pretencioso "petitorio" de siete
puntos que incluye: la suba del sueldo de bolsillo del agente de calle a
10 mil pesos, que no se produzcan castigos ni cambios de destino por lo
ocurrido, que se mantenga el horario de 9 por 31, más y mejor
equipamiento para los móviles y seguros para los choferes, aumento en el
pago de horas extras y de servicio adicional, otorgamiento de becas
para los hijos de los policías que mueran cumpliendo su deber, y el
blanqueo de todos los conceptos no remunerativos del sueldo básico.
Mucho más de lo que había dado inicio a la protesta.
Los jefes policiales se comprometieron a elevar el
pedido a las autoridades políticas y todo se prolongó hasta entrada la
mañana cuando el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola y el fiscal
Aníbal Vescovo llegaron a la Jefatura tras ser convocados por las
autoridades que, entendían, el problema estaba superado y los móviles no
salían por el bloqueo de los portones por un grupo de familiares de
policías y representante de Apropol, el sindicato no reconocido.
El magistrado fue recibido por la cúpula de la fuerza
y media hora más tarde, tras charlar por teléfono con el ministro
Lamberto, dejó asentados cuatro puntos en un acta de situación.
Ese acta sostiene que el personal del Comando
cumplirá con el horario fijado por las autoridades de la policía de
provincia "como fuera dialogado", es decir manteniendo el régimen de 9
horas de trabajo por 31 de descanso; que los policías se comprometen a
mantener en la calle "un mínimo de 45 unidades del Comando" más las
habituales 24 unidades de la Policía Motorizada, 25 de la Agrupación
Orden Público (comisarías) y 7 del Cuerpo de Guardia de Infantería, "que
totalizan 101 unidades", lo que fue transmitido al ministro Lamberto
"quien garantiza el cumplimiento de lo mencionado"; que el personal del
Comando "está dispuesto y esperando que se liberen los accesos" de la UR
II "que se encuentran bloqueados por diversas personas" para salir a la
calle; y que se pone en conocimiento de las personas que están
manifestándose "la gravedad institucional que generan obstaculizando el
libre ingreso y egreso (de móviles)". Fin del problema, no del
conflicto.
Según fuentes oficiales, la Unidad Regional II tiene
5.584 efectivos, de los cuales sólo 475 están afectados al Comando
Radioeléctrico. Es decir que el 8,5 por ciento de la fuerza patrulla las
calles de la ciudad en los móviles de esa dependencia. Altos jefes de
la regional dijeron que la mitad de esos hombres fueron los
autoacuartelados.