La sombra de la dictadura y el aparato represivo, en una actividad que creció al calor del menemismo
Represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad, policías
retirados y ex carapintadas se reciclaron en las agencias de
vigiladores, en un intento por blanquear sus prontuarios. El caso de los
tres genocidas prófugos.
A mediados de los '90, mientras el menemismo dejaba en la calle a
miles de trabajadores, tuvo su boom un negocio que aún goza de buena
salud: la seguridad privada. Por entonces, muchos obreros desempleados
pasaron a engrosar las filas de ese “ejército” de vigiladores que, según
cálculos extraoficiales, ya supera el millón de agentes en todo el
país. Pero no fueron los únicos: militares y ex policías también se
reciclaron en las agencias de seguridad privada, en un intento por
"blanquear" sus prontuarios.
Tiempo Argentino pudo comprobar que, ya sea como fundadores, socios
o a través de familiares, a estas empresas estuvieron vinculados, y en
algunos casos lo siguen estando, varios represores y hasta tres
genocidas prófugos, ex carapintadas y una larga lista de policías
retirados.
El teniente coronel (R) Héctor Mario Schwab, miembro del grupo de
tareas de Antonio Bussi en Tucumán, permanece fugitivo de la Justicia
desde 2009, con una recompensa de $ 100 mil para quien aporte datos
sobre su paradero. En 1998, Schwab fundó una compañía de seguridad,
Scanner SA, que hoy está a nombre de su esposa, Ada Palermo, y de sus
hijas Constanza y Pía, de acuerdo con la documentación a la que accedió
Tiempo. Los Schwab tienen estrechos vínculos con el mayor (R) Pedro
Rafael Mercado, esposo de Cecilia Pando –ferviente defensora de la
dictadura–, que también tiene su empresa de vigiladores: K9.
Otro militar prófugo que se había refugiado en esta actividad es el
teniente primero (R) Ricardo Luis Von Kyaw, ex miembro del Destacamento
de Inteligencia 101 de La Plata, quien actuó en el centro clandestino
La Cacha y está acusado de ser el entregador de un niño nacido en
cautiverio. Hasta mayo de 2010, Von Kyaw trabajó como "director técnico"
de la agencia Consultora Videco, que un año más tarde fue adquirida por
Securitas, una de las mayores multinacionales de la vigilancia privada.
Otro apellido castrense ligado a este negocio es Donda Tigel. El ex
capitán de fragata Adolfo Miguel “Palito” Donda Tigel, preso por 62
crímenes de lesa humanidad a raíz de su accionar en la ESMA, fue uno de
los directores de Zapram, que vigilaba los depósitos fiscales del
aeropuerto de Ezeiza cuando la concesión estaba en manos de Alfredo
Yabrán. Hoy, su hijo, Santiago Adolfo Donda, maneja Top Air Security,
que también operó en Ezeiza, brindando servicios a Southern Winds. Hasta
2008, tuvo como socio al ex comisario Salvador Ramón Patti, primo
hermano del antiguo intendente de Escobar, Luis Patti, que cumple
prisión perpetua en Marcos Paz.
No escapó a la tentación Aldo Rico, quien figura como socio de
Chapelco Seguridad Integral SRL, radicada en el partido de San Miguel.
Uno de sus empleados es Víctor Rafael Listorti, antiguo paracaidista
militar y director de Seguridad de San Miguel durante la gestión de
Rico. En junio 2009, Listorti abrió su propia agencia: Mulis Seguridad
Integral SA.
Pero no es el único, se suman los ex carapintadas Jorge Alberto
Tito, dueño de Hunter Security; Jorge D’Amico, quien fue socio de Vigía
SRL; y Ernesto Fernández Maguer, presidente de Segur Baires SA.
En el país existen más de 700 empresas de seguridad privada y las
cifras más conservadoras indican que sus agentes duplican la suma de los
efectivos de las policías Federal y Bonaerense en el área
metropolitana.
En diálogo con este diario, Luis Abeldaño, secretario general del
Sindicato Unido Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA), aseguró que
la legislación sancionada en los ’90 "estaba hecha como un traje a
medida del personal de seguridad retirado, ya que era un negocio
rentable que sólo ellos podían explotar".
Muchos represores aprovecharon la oportunidad. Uno fue el coronel
(R) Aldo Mario Álvarez, ex jefe de Inteligencia del V Cuerpo de Bahía
Blanca y compañero de promoción de Ramón Camps. En 1988, Álvarez fue
indultado por la Ley de Obediencia Debida, pero en 2007 un juez pidió su
captura. Está prófugo desde entonces. Hasta marzo de 2000, había sido
dueño de la agencia Alsina SRL. Ese mes dio un paso al costado, al
sancionarse en la provincia de Buenos Aires la ley que prohíbe a los
represores integrar este tipo de compañías (ver recuadro). Sin embargo,
todo quedó en familia: Álvarez cedió parte de sus acciones a su yerno
Rubén Héctor Burgos.
Otro ejemplo es el del represor Rolando Oscar Nerone, que hasta
diciembre del año pasado fue apoderado de Organización Anselmi SRL.
Antes, hasta octubre de 2001, había presidido Escorpio Seguridad
Integral. Comisario inspector retirado, Nerone está procesado por
delitos de lesa humanidad cometidos Automotores Orletti y permanece
detenido en el complejo de Marcos Paz.
El coronel (R) Jorge Luis Toccalino no tiene un prontuario mejor
para exhibir. Actualmente, está siendo juzgado por privaciones
ilegítimas de la libertad, imposiciones de tormentos agravados y dos
homicidios doblemente calificados por ensañamiento y alevosía, ocurridos
en los centros clandestinos La Cueva y Comisaría Cuarta, de Mar del
Plata. En esa ciudad, en 1978, Toccalino fue encargado de seguridad del
Estadio Mundialista. Años después, presidió la Cámara de Empresas
Líderes de Seguridad y hasta integró el tribunal de honor de la
Asociación Argentina de Seguridad Privada. Aún figura como “apoderado
habilitado” en la agencia Servicios de Guarda y Custodia SA, creada por
los mismos dueños de Hunter Security, donde Toccalino fue director
suplente hasta 2003.
Dentro del ámbito policial, se encuentra el caso del ex comisario
de la Federal Roberto Raglewski, vinculado a la empresa Murata SA, a
través de su mujer, María Paula Stella, en la custodia de los edificios
públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto Salvador Ontivero es otro policía federal devenido
empresario. Hombre de confianza de Jorge “Fino” Palacios, a quien
acompañó en la Metropolitana, Ontivero incluso asumió la jefatura de la
policía macrista tras la caída de la cúpula, en medio del escándalo de
las escuchas telefónicas ilegales. Más tarde, en noviembre de 2009, él
también tuvo que renunciar, cuando su nombre fue mencionado en un
entrecruzamiento de llamados con el ex espía Ciro James. En la
actualidad, Ontivero es socio de las firmas Insem SRL y Chess Security
and Safety.
Para la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, “más que refugio, (este
rubro) es la salida laboral alternativa de muchos policías retirados o
en actividad. Hay varios ejemplos de uniformados a los que, inclusive
estando condenados, les dieron autorización para trabajar en empresas de
seguridad.”
Verdú recordó el caso del ex subinspector de la Bonaerense Jorge
Ramón Fernández, condenado a prisión perpetua en 1995 por la tortura y
asesinato de un joven de 17 años, pero que en 2003 recuperó la libertad,
debido a que el fallo no quedó firme. La CORREPI informó que hasta 2008
Fernández se dedicó a gestionar trámites de portación de armas en la
agencia Segur Part SA.
A casi veinte años del origen de un negocio que dice velar por la
protección de sus clientes, es evidente que quienes cometieron delitos
de lesa humanidad, se levantaron contra las instituciones o fueron
apartados de sus fuerzas en medio del escándalo, no pueden convertirse
en garantes privados de la seguridad. «
Lo que dice la ley
En el país no existe una normativa que regule la actividad de la
seguridad privada a nivel nacional. En Buenos Aires, la Ley 12.297
prohíbe a represores indultados o beneficiados por las leyes de
impunidad integrar estas empresas. Aquí se incluye a “quienes se
beneficiaron con las Leyes 23.492 ó 23.521 e indultados por hechos que
constituyan violación a los Derechos Humanos (…), y/o posean
antecedentes por condenas o procesos judiciales en trámite por delitos
dolosos, o culposos relacionados con el ejercicio de la función de
seguridad”.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, existe la Ley 1913, que es
más benévola: sólo excluye a indultados y condenados por violación a
los Derechos Humanos y delitos dolosos.
Un caso en santiago del estero
El
ex carapintada y mayor del Ejército Jorge D’Amico es investigado por
delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa por la
desaparición de 40 personas en la provincia de Santiago del Estero.
Durante meses estuvo detenido en la cárcel federal de Colonia Pinto,
pero recuperó su libertad por falta de mérito.
D’Amico fue uno de los engranajes clave del aparato represivo que
montó Antonio Musa Azar, jefe de Inteligencia en la dictadura y luego
también en democracia, durante el gobierno de Carlos Juárez.
“Una vez que cae el régimen de Juárez, todos los que comandaban las
fuerzas policiales y los organismos de inteligencia armaron su propia
empresa de seguridad”, señaló a Tiempo Argentino Marcos Tévez,
representante del Sindicato de Custodios Privados Argentinos en Santiago
del Estero. “Hoy –agregó Tévez– la mayoría de las agencias locales
provienen del aparato represivo de Musa Azar. Si te presentás a la
empresa te chapean con que son coroneles o militares retirados, lo usan
como carta de presentación.”
D’Amico no es la excepción. En 2000, ingresó como socio a Vigía
SRL, firma cuestionada por los organismos santiagueños de Derechos
Humanos.
El 1 de octubre de 2003, el ex jefe de Inteligencia transfirió sus
cuotas sociales a su hija, Georgina María D’Amico Pinto. Desde 2009, la
empresa está en manos de Georgina y su hermana Mariela, aunque en la
provincia nadie duda de quién maneja el verdadero negocio.
Fernando Pittaro- Tiempo Argentino
Diario Digital Algo en Común. El diario de Rosario
Algo en Común surgió a través de un programa comunitario de radio, puesta en marcha el 4 de agosto de 1996 y durante 23 años perduró en el aire de Rosario, Argentina.
Hoy gracias a la herramienta de internet se ha constituido el diario digital como uno de los medios alternativos con mayor alcance en América y Europa. El país con mayor presencia es Estados Unidos que supera el 60% de la cantidad de lectores que acompaña las ediciones del Diario Algo en Común. En el 2018 superó los 90 millones de visitas y al 1º de Febrero 2021 alcanzó los 137 millones desde su creación, llegando a cada lector y traducida en todos los idiomas a cualquier punto del mundo, posicionando a este medio entre uno de los destacados de latinoamérica.
