El Gobierno se presenta como causa pero no retira la concesión del tren.
Cuatro auditorías advertían de que la empresa concesionaria no cumplía los requisitos básicos de seguridad y mantenimiento.
Se veía venir.
Esa ha sido la frase más repetida este jueves entre los congresistas de
la oposición argentina. Apenas habían pasado seis meses desde que el 11
de septiembre de 2011 muriesen 11 personas y resultasen heridas 212. Se
trataba de la misma línea donde el miércoles murieron 50 viajeros. La
Auditoría General de la Nación había emitido desde 2002 a 2008 cuatro
informes en los que advertía que la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA)
no cumplía los requisitos básicos en materia de seguridad y
mantenimiento. A raíz del accidente, varios dirigentes del sindicato
peronista Confederación General del Trabajo (CGT)
han pedido la rescisión del contrato a TBA. Unos han reclamado la
nacionalización de los trenes y otros un mayor control sobre las
sustanciosas subvenciones recibidas por una empresa que gestiona esa
línea desde 1995, cuando gobernaba Carlos Ménem.
El Gobierno sin embargo, ha determinado no dar un paso antes de que se pronuncie la justicia. En una comparecencia pública sin derecho a preguntas, el ministro de Planificación, Julio de Vido, ha anunciado que la presidenta había ordenado que el Estado se presentase como querellante en la causa judicial que investiga el accidente. “Acá no se presentan esquemas de protección para nadie”, ha señalado De Vido. La frase podría interpretarse como una clara alusión a los dueños de TBA, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, quienes han venido gozando de excelentes relaciones con todos los Gobiernos en Argentina desde 1995. Sin embargo, De Vido no ha anunciado la rescisión del contrato con TBA.
Un directivo de la compañía ha puesto este jueves el foco sobre el maquinista, un operario de 28 años quien se encuentra herido de gravedad, al sostener que era muy improbable que hubiese fallado el sistema del freno del tren. Horas más tarde, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, ha informado de que el tren había venido circulando durante varias horas sin que en ningún momento se registrara problemas al frenar.
La diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica ARI, ha declarado: "Ojalá los argentinos podamos comprender de una vez por todas que la corrupción y la impunidad matan". [La tragedia] es el resultado de la corrupción de los gobernantes que apañan empresarios inescrupulosos y de jueces que no investigan ni condenan delitos públicos ni privados”.
Este jueves, precisamente, se ha sabido que el juez Norberto Oyarbide determinó la nulidad como pruebas de miles de correos electrónicos que podrían servir como herramienta de las acusaciones que pesan sobre el antiguo secretario de Transporte, Ricardo Jaime (2003-2009). Jaime estaba implicado en 15 casos de corrupción supuestamente cometidos durante su mandato. En 2009, el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas (equivalente a un fiscal anticorrupción), Manuel Garrido, le abrió una investigación oficial porque sospechaba que el avión privado en el que el antiguo secretario de Estado solía viajar a Brasil lo costeaban los dueños de Trenes de Buenos Aires.
Ahora, más que nunca, la oposición pregunta qué uso se hace del dinero que el Gobierno destina a los ferrocarriles. El diario económico El Cronista ha informado de que el 76% de los ingresos de la empresa concesionaria proceden del Gobierno. Pero sólo un 6% corresponden al fondo destinado a obras. La política de precios de la compañía es claramente populista. Todo el mundo asume que el precio del billete en cercanías es muy barato. Sin embargo, el estado de la mayor parte de los trenes es claramente defectuoso. Durante esta época del verano, a falta de aire acondicionado, en muchos vagones se viaja con las puertas abiertas.
La oposición ha pedido la comparecencia en el Congreso del secretario de Transporte, pero este ha declarado que aún no era el momento. En cuanto a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el director del citado periódico ha criticado en un editorial el hecho de que su “única reacción” haya sido “la lógica suspensión de los festejos de carnaval y un escueto comunicado de condolencias para las víctimas”.
El País (España)
El Gobierno sin embargo, ha determinado no dar un paso antes de que se pronuncie la justicia. En una comparecencia pública sin derecho a preguntas, el ministro de Planificación, Julio de Vido, ha anunciado que la presidenta había ordenado que el Estado se presentase como querellante en la causa judicial que investiga el accidente. “Acá no se presentan esquemas de protección para nadie”, ha señalado De Vido. La frase podría interpretarse como una clara alusión a los dueños de TBA, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, quienes han venido gozando de excelentes relaciones con todos los Gobiernos en Argentina desde 1995. Sin embargo, De Vido no ha anunciado la rescisión del contrato con TBA.
Un directivo de la compañía ha puesto este jueves el foco sobre el maquinista, un operario de 28 años quien se encuentra herido de gravedad, al sostener que era muy improbable que hubiese fallado el sistema del freno del tren. Horas más tarde, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, ha informado de que el tren había venido circulando durante varias horas sin que en ningún momento se registrara problemas al frenar.
La diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica ARI, ha declarado: "Ojalá los argentinos podamos comprender de una vez por todas que la corrupción y la impunidad matan". [La tragedia] es el resultado de la corrupción de los gobernantes que apañan empresarios inescrupulosos y de jueces que no investigan ni condenan delitos públicos ni privados”.
Este jueves, precisamente, se ha sabido que el juez Norberto Oyarbide determinó la nulidad como pruebas de miles de correos electrónicos que podrían servir como herramienta de las acusaciones que pesan sobre el antiguo secretario de Transporte, Ricardo Jaime (2003-2009). Jaime estaba implicado en 15 casos de corrupción supuestamente cometidos durante su mandato. En 2009, el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas (equivalente a un fiscal anticorrupción), Manuel Garrido, le abrió una investigación oficial porque sospechaba que el avión privado en el que el antiguo secretario de Estado solía viajar a Brasil lo costeaban los dueños de Trenes de Buenos Aires.
Ahora, más que nunca, la oposición pregunta qué uso se hace del dinero que el Gobierno destina a los ferrocarriles. El diario económico El Cronista ha informado de que el 76% de los ingresos de la empresa concesionaria proceden del Gobierno. Pero sólo un 6% corresponden al fondo destinado a obras. La política de precios de la compañía es claramente populista. Todo el mundo asume que el precio del billete en cercanías es muy barato. Sin embargo, el estado de la mayor parte de los trenes es claramente defectuoso. Durante esta época del verano, a falta de aire acondicionado, en muchos vagones se viaja con las puertas abiertas.
La oposición ha pedido la comparecencia en el Congreso del secretario de Transporte, pero este ha declarado que aún no era el momento. En cuanto a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el director del citado periódico ha criticado en un editorial el hecho de que su “única reacción” haya sido “la lógica suspensión de los festejos de carnaval y un escueto comunicado de condolencias para las víctimas”.
El País (España)